Sobre el país, más específicamente, sobre el pueblo venezolano, se ha impuesto una nueva categoría, que abarca el aspecto material y espiritual del ser humano y como sociedad, que es el «Vivir Muriendo», consecuencia directa, por acción u omisión del gobierno de Nicolás Maduro.
Por: Rafael Ramírez Carreño / Aporrea
El pueblo venezolano, sin darse cuenta y sometido a la tragedia cotidiana de todo tipo de carencias, privaciones y maltrato, no tiene plena conciencia de que, bajo este gobierno, se han perdido todas las conquistas económicas y sociales, no solo aquellas alcanzadas durante el gobierno del Presidente Chávez, sino durante buena parte del siglo XX; sobre todo, a partir del gobierno del presidente Medina Angarita.
Sin el propósito de escandalizar ni ser tremendista –actitud de la que siempre me he mantenido distante–, si se hace una revisión objetiva de la situación del país, observamos con tristeza e indignación, que se ha destruido el entramado institucional, tanto de la Cuarta, como de la Quinta República, que daba a la sociedad un marco normativo de funcionamiento y que dotaba al ciudadano de protección frente a los poderes fácticos o los poderes del Estado, así como, de un conjunto de leyes que le permitían el desarrollo de su vida y su actividad.
Hoy día, NO EXISTE ESTADO DE DERECHO EN EL PAÍS, el sistema judicial y la fiscalía general de la República, así como, la Procuraduría y otros órganos de control del Estado, son organismos corrompidos al servicio, no solo, del gobierno y sus funcionarios, sino de los familiares, amigos y empresarios que sostienen en el poder a nicolás maduro. Esto es una realidad terrible, que deja al ciudadano INDEFENSO, a merced de cualquiera con una cuota de poder.
Todo el andamiaje legal e institucional que nació al calor de los extraordinarios políticos que se iniciaron con el presidente Chávez en 1999, del Proceso Constituyente y del amplio debate nacional que dio a luz a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido demolido por el gobierno.
Los organismos policiales, seguridad, inteligencia o cualquier componente militar, hacen en el país «lo que le da la gana». Los Derechos Humanos se violan de manera sistemática, como una política del Estado venezolano, tal como ha sido denunciado por los Organismos internacionales competentes en la materia.
El crimen, la violencia, los ajusticiamientos, las ejecuciones extrajudiciales, que han ocurrido por miles, sobre todo, en los barrios pobres del país; la tortura, las detenciones arbitrarias y el secuestro de trabajadores, dirigentes políticos y militares, opuestos al gobierno, se han convertido en una práctica cotidiana, que caracteriza a este gobierno como un gobierno criminal, que ha impuesto el miedo y la violencia como un mecanismo de control social.
En el ámbito del trabajo, las relaciones laborales y relaciones de propiedad en el país, el despojo, la trampa, la explotación y la ausencia de derechos de los trabajadores, son la norma.
En agosto de 2018, nicolás maduro decidió imponer un paquetazo económico de choque, barriendo con las conquistas y la soberanía económica alcanzadas por el país durante el gobierno del presidente Chávez, luego de la intensa batalla y trabajo desplegados entre 2002 y 2012, que, finalmente, consumirían su vida.
El modelo económico del madurismo no es más que una REGRESIÓN a un sistema capitalista atrasado, altamente dependiente, basado en la depredación de nuestros recursos naturales: petróleo, gas y minerales.
Esto significa, en términos económicos, un retroceso de más de 70 años en cuanto a la destrucción de nuestras capacidades productivas, empezando por la más importante para nuestro país: la producción de petróleo y las capacidades operativas de PDVSA, siguiendo con todas las empresas básicas del Estado y el resto de las empresas Estatales; y, por supuesto, del sector productivo privado.
En este terrible período, con el gobierno de nicolás maduro, el tamaño de nuestra economía ha caído un 80% y la producción petrolera en un 77%. Son efectos devastadores que han arrasado nuestro aparato productivo y el trabajo. En el país, lo que se observan son las RUINAS de un proyecto nacional, votado por la mayoría de los venezolanos sucesivamente durante más de 20 años y que está plasmado en el Plan de la Patria del presidente Chávez, no el cambiado por el madurismo.
Como todo dictador, nicolás maduro necesita dotarse de incondicionales y aduladores que justifiquen cualquier barbaridad. Con el control de todos los medios, las redes sociales, la censura y el miedo, quieren convencer a todo el país que este desastre es culpa de Chávez y su gobierno, o cualquier otra excusa que va, desde las sanciones norteamericanas, hasta ataques terroristas, misiles, drones, iguanas y un largo etcétera de la estupidez.
Pero maduro también necesita –tal como sucedió con Juan Vicente Gómez– crear a su sombra, su propia burguesía parasitaria, grupos económicos que estén dispuestos a beneficiarse del robo y del saqueo del país, para sostenerlo en el poder. Existen grupos económicos, viejos y nuevos, desde Fedecámaras hasta la llamada «burguesía revolucionaria» que expresan su apoyo a las políticas del gobierno, esperando ansiosos, lo que les corresponda del despojo del que está siendo objeto el pueblo venezolano.
En 2013, nicolás maduro recibió un poderoso aparato productivo del Estado, encabezado por Petróleos de Venezuela, S.A., una empresa que, al 2013, tenía un valor de 231 mil millones de dólares, y un conjunto de empresas, tierras, FONDOS e inversiones hechos por el Estado Venezolano, utilizando para ello la renta petrolera. Fueron más de 400 MIL MILLONES de dólares, aportados al Fisco Nacional, por parte de PDVSA, en el marco de la Política de la Plena Soberanía Petrolera.
Esta inmensa cantidad de recursos, buena parte de los cuales se dispusieron para el desarrollo social de nuestro país, se invirtieron durante el gobierno del presidente Chávez para fortalecer y expandir la propiedad social de los venezolanos, con el objetivo de superar el modelo rentista petrolero, con el modelo socialista, la única forma de alcanzar la verdadera soberanía económica del país.
Todas estas inmensas riquezas y esta inmensa propiedad social, empresas del Estado, bienes de capital, Fondos e Inversiones, fueron dilapidados por el gobierno de maduro. Las empresas Estatales –incluyendo PDVSA– han sido DESTRUIDAS, quebradas, y luego, entregadas al sector privado nacional, fundamentalmente, a grupos económicos emergentes que han actuado al margen de la ley, favoreciéndose de todo tipo de concesiones y ventajas ofrecidas por el gobierno de maduro en la más absoluta ILEGALIDAD Y SECRETO.
Estas transferencias y cesiones de la propiedad del Estado a los privados y a la llamada «burguesía revolucionaria», son ACTOS ILEGALES, NULOS DE TODA NULIDAD, que deben ser revertidos al Estado y al pueblo venezolano, cuando se produzca un cambio político y se restablezca el Orden Constitucional y el Estado de Derecho en el país.
El gobierno de maduro, a pesar de tener un masivo rechazo de la población y de haber FRACASADO estruendosamente en la conducción del país, insiste en mantenerse en el poder imponiendo el TERROR Y EL MIEDO a todos los niveles de la sociedad; a la vez, entrega, de manera ILEGAL, las riquezas del país (PETRÓLEO, GAS, ORO, COLTÁN, EMPRESAS, TIERRAS, TELECOMUNICACIONES), a los sectores privados y empresas transnacionales –nuevas y viejas– que estén dispuestas a participar del saqueo, a cambio de apoyo político y «legitimidad».
Este modelo, basado en el despojo y entrega del país, es lo que la propaganda del madurismo ha llamado «EL MILAGRO», el cual sólo ha beneficiado, de manera grosera, a las élites de TRAFICANTES DE LA MISERIA DEL PAÍS, mientras la inmensa mayoría del pueblo sufre todo tipo de privaciones y vive en la pobreza, en el Vivir Muriendo.
Estos traficantes de la miseria, enchufados y todo tipo de oportunista que medran de las riquezas del país y las «oportunidades» del gobierno, entierran su dinero mal habido en las burbujas que se han creado para ellos y su disfrute: en Las Mercedes, Los Roques, La Tortuga, El Ávila, Morrocoy, lujosos hoteles, restaurantes, bodegones y casinos.
El gobierno estimula estos ejemplos indignantes de la desigualdad e injusticia en el país, es el «sueño» madurista, mientras pagan a sus palangristas y tarifados para convencer al pueblo, en la miseria, de que «todo se normalizo» en el país. Lo único que se ha normalizado en este país es la pobreza, el despojo y la terrible desigualdad social.
Pero, el gobierno de maduro, aunque tiene el control del país y esté dispuesto a entregarlo a quien le garantice el poder, carece de apoyo popular y legitimidad. Su modelo y gobierno es ilegal, débil, insostenible, por ello necesita un pacto, un acuerdo que les permita salvar la cabeza del propio maduro y la camarilla que lo ha acompañado en la destrucción del país.
Para ello, están dispuestos a hacer LO QUE SEA; de allí que, personajes como Alex Saab y Erick Malpica, se han convertido, no solo en «héroes» de la propaganda madurista –hoy día hay más murales de Alex Saab que de Chávez en el país–, sino que, son piezas CLAVES en las negociaciones políticas del gobierno, tanto con los Estados Unidos, como con la oposición. maduro hará LO QUE SEA, para salvar a estos y otros personajes, porque es un tema de sobrevivencia personal.
El desarrollo de la política económica del madurismo, requiere un pueblo en silencio y suficientemente atemorizado para ceder todo, lo que se llama en el argot del neoliberalismo «el costo laboral» y «la carga social» del Estado. Es decir, para entregar el país a Fedecámaras y al capital transnacional y poder fraguar un pacto político que lo mantenga en el poder, el madurismo necesita BARRER con las conquistas económicas y sociales del pueblo venezolano, es decir con Chávez y su legado.
Esto, lamentable y tristemente, ya ha sucedido, ante el silencio COBARDE y COMPLACIENTE del chavismo, del PSUV y de una izquierda enajenada, que NI SIQUIERA TIENEN LOS COJONES DE EXIGIR QUE APAREZCA CON VIDA CARLOS LANZ.
Cuando maduro anunció su Paquetazo de agosto de 2018, afirmó, de manera cínica y despreciable, que «el gobierno de Chávez había sido un falso positivo del socialismo», y que él llamaría a los privados para que «le enseñaran a gestionar las empresas del Estado», estaba clavando la puñalada al corazón de nuestra Soberanía Económica. Pero, cuando anunció, ese mismo día, una meta de «déficit cero» y una mega devaluación del Bolívar, estaba despojando de su salario y beneficios a los trabajadores (profesionales, profesores, clase obrera, campesinos y pensionados) así como golpeando a los más pobres, las Misiones, Consejos Comunales y al Poder Popular.
Objetivos como el «Déficit 0», y reducción del «costo laboral» y «la carga social del Estado», es justamente una consigna neoliberal, porque enmascara el verdadero objetivo de reducir a su mínima expresión el papel del Estado en la economía y la sociedad; El gran capital explotador necesita una «liberalización» de las relaciones laborales y mano de obra esclava.
A partir de estos anuncios, el gobierno ha actuado con una VIOLENCIA INUSITADA eliminando de un solo golpe las conquistas laborales y reivindicaciones de los trabajadores tanto del sector público, como del sector privado.
La Ley Orgánica del Trabajo, promulgada por el Presidente Chávez en el año 2012, y el Principio Constitucional de la PROGRESIVIDAD de las conquistas laborales, fue barrida de un solo plumazo por el gobierno de maduro, no solo con el Memorándum 2.792 de octubre de 2018 de su Ministro del Trabajo de entonces, sino con la acción represiva de Generales y Oficiales de Derecha, colocados al frente de las empresas estatales y sectores económicos más importantes, como fue el caso del general Manuel Quevedo como ministro de petróleo y presidente de PDVSA.
Los militares fueron colocados al frente de las empresas del Estado para ARREBATAR a los trabajadores sus conquistas económicas y sociales, violar las convenciones colectivas; arrebatandoles sus FONDOS DE PENSIONES, seguros de salud, planes sociales, conquistadas no solo con el gobierno del Presidente Chávez, producto de las luchas sindicales que en el sector petrolero se remontan a 1936, imponiendo la violencia y la persecución dentro de las empresas y organismos del Estado.
El gobierno impuso una TABLA RAZA, diseñada por los burócratas del ministerio de Planificación, para convertir a los trabajadores venezolanos, tanto de la Administración Pública, como del sector privado, en MANO DE OBRA ESCLAVA, con salarios de miseria.
El gobierno ha actuado ILEGALMENTE para crear el supuesto marco jurídico del DESPOJO real: la Ley de Protección de Inversiones Extranjeras, la Ley Antibloqueo, el Decreto 3.368, la sentencia 155 del TSJ, la Ley de Zonas Económicas Especiales, un conjunto de instrumentos NULOS POR INCONSTITUCIONALES, pero hechos a la medida de las exigencias del capital privado.
La consecuencia del «modelo económico» del gobierno de maduro, ha sido el EMPOBRECIMIENTO GENERALIZADO DEL PUEBLO DE VENEZUELA, los niveles de pobreza y pobreza crítica han alcanzado al 94,5 y el 76,6% de la población; la desigualdad es espantosa. Venezuela se ha convertido en una gran MAQUILA, entregaron el «Vivir Bien» de Chávez por un puñado de dólares.
En el país, hoy día, bajo el gobierno madurista, no existen más las Misiones Sociales, ni las educativas, ni las de salud, solo las ruinas de lo que alguna vez fueron. No existe la educación pública de calidad, no está garantizado el derecho a la salud, los niños y los ancianos se mueren de pobres y, el que tenga la muy mala suerte de sufrir un accidente o una afectación a la salud que amerite una intervención, si no tiene, minimo, 10 mil dólares, está condenado a la muerte. El «milagro» madurista es una indignante desigualdad e injusticia social a la que no se puede ser indiferente.
El venezolano de a pie, el que no está «enchufado» con el gobierno, el que no recibe remesas u obtiene algunos dólares de cualquier manera, VIVE EN LA MISERIA MATERIAL, desesperado, sin salida, sin poder vivir plenamente, condenado al «Vivir Muriendo».
Esta es una de las razones fundamentales por la que han salido del país más de 6 millones de venezolanos, muchos arriesgan su vida en peñeros, otros cruzan a pie páramos, selvas y ríos, para buscar un destino mejor para sus hijos y familias. Esto nunca había sucedido en nuestra historia. Ha sido un desgarramiento de nuestra sociedad.
Muchas cosas se deben hacer para salir de ese abismo. Pero lo primero, lo más importante, es salir de la indiferencia y la resignación. Entender que, más allá de las miserias humanas de la canalla que detenta el poder en Miraflores, lo que está en desarrollo es una violenta restauración del capitalismo en el país, un modelo profundamente antiobrero y antipopular, de un gobierno criminal que entrega nuestro país y riquezas y que nosotros estamos obligados a cambiar, con la urgencia del futuro, de la vida que se nos va de las manos, como colectivo. Nosotros, los venezolanos, el pueblo de Bolívar, el pueblo héroe de mil batallas, no podemos aceptar –como si ello fuese una fatalidad– a vivir la cultura de la muerte, el «Vivir Muriendo» de maduro.