Los últimos escándalos que relacionan a altos funcionarios del gobierno con la “fiesta en el tepuy”, el tráfico de drogas y el contrabando de combustible, son una muestra de la decadencia y degradación moral del gobierno de Nicolás Maduro y su entorno. Situaciones como éstas tienen muy graves efectos pedagógicos perversos al inducir una especie de metástasis; un debilitamiento generalizado de las defensas naturales de la sociedad y producen en el ánimo colectivo la sensación de que todo está perdido y ningún esfuerzo vale la pena menos el «sálvese quien pueda». Se trata de una disolución del cemento que da cohesión y mantiene unida a una sociedad más allá de consideraciones políticas. Es una sustitución del sentido de lo colectivo, de sociedad, de Patria, para dar lugar a una exacerbación del individualismo.
En lo institucional, la corrupción se pone de manifiesto en los distintos ámbitos del funcionamiento del Estado, desde sus alcaldías y las bolsas CLAP hasta las grandes empresas que han sido quebradas por sus administradores, comenzando por nuestra otrora empresa insignia PDVSA, pasando por CANTV, MOVILNET, CORPOELEC, llegando a los fundamentales servicios de educación, salud, seguridad y agua potable, todos ellos con un largo etcétera.
En este espacio de las instituciones destacan en las últimos semanas, las ollas podridas que se han destapado sobre los entramados de narcotráfico y de contrabando de combustibles en que se han visto envueltos altos funcionarios civiles y militares en distintas regiones del país, las cuales ponen en evidencia un proceso de corrupción que va mucho más allá de hechos puntuales, penetrando también las instituciones políticas (partidos) de lo cual no escapan tampoco muchos de los que pretenden hacer oposición. El caso más reciente y muy notable fue lo acontecido con las elecciones del estado Barinas en el cual instituciones del Estado venezolano como el CNE y el TSJ participaron abierta, descarada y en forma reiterada, sin mirar las consecuencias del abuso de poder, pero afortunadamente sin éxito, para favorecer al partido de gobierno. La podredumbre, por acción de quienes gobiernan y muchas veces con la complicidad de algunos que pretenden gobernar, se ha expandido para ocupar prácticamente todos los espacios de la vida pública venezolana.
Un segundo elemento que va en la misma dirección es el relacionado con el tratamiento que le da el gobierno a los temas ambientales, que incluye tanto la explotación misma de los recursos naturales como la degradación a que son sometidos los seres humanos que habitan los territorios explotados y por explotar. Es el caso, en particular, del llamado Arco Minero del Orinoco y la realidad que se vive en nuestro país con el retiro del Estado y sus responsabilidades (salvo para la protección de los grandes capitales allí establecidos, mayormente transnacionales), frente a lo que ocurre en esa región denominada Zona Económica Especial (que no es la única en nuestro país, por cierto) en la cual, por obra y gracia de la llamada “Ley Anti Bloqueo”, se oculta de los ojos de los ciudadanos venezolanos, bajo amenaza de apertura de juicios que pueden llegar hasta por el “delito de traición a la Patria”, toda información relevante acerca de lo explotado, los niveles de explotación, los efectos sobre las poblaciones ancestrales allí ubicadas y, especialmente, la devastación producida por la acción de las empresas explotadoras. Es decir que en un sistema que se califica a sí mismo de “socialista”, con una Constitución que habla de la participación y el protagonismo, el gobierno no interviene salvo para reprimir a los ciudadanos impidiéndoles conocer y controlar asuntos tan trascendentes para la vida tanto individual como de la nación y de la especie humana. El descaro del pacto en curso en esta materia, entre la fracción de la burguesía que anida en el gobierno y la burguesía tradicional ha llegado al extremo de permitir y promocionar, como un gran acontecimiento nacional, una fiesta privada de ellos, los ricos, en la cima de un tepuy, territorio indígena sagrado de acuerdo a sus costumbres y tradiciones y espacio al cual el venezolano común sólo puede acceder para fines científicos y mediante permisos especiales del Estado. Por los medios hemos sabido de la fiesta, más, sin embargo, no tenemos información científica y confiable, ni acceso a ella, sobre el impacto que la misma ha tenido y tendrá sobre el ambiente y la biodiversidad en la zona.
Por otra parte, en un abierto proceso el gobierno de Nicolás Maduro, que, como hemos dicho, se auto califica de “socialista”, “obrero” y “de los trabajadores”, está llevando a una flexibilización laboral jamás vista en Venezuela, al peor tratamiento al pueblo que en materia salarial se ha dado en toda nuestra historia “democrática”. Mediante la participación de sindicatos y federaciones espurios dependientes del partido de gobierno, a los trabajadores del sector público se les quitó el derecho a participar directamente en las negociaciones de su contratación colectiva; las prestaciones sociales simplemente desaparecieron por efecto de la inflación y el salario mínimo, fijado por fuera del marco constitucional, alcanza apenas para la satisfacción de una minúscula fracción de las necesidades alimenticias de los trabajadores y sus familias. Esa es una manera directa de beneficiar a las empresas privadas, a la vieja casta del sector privado y a la nueva casta burocrática del gobierno que no se vio en Venezuela ni aún en los gobiernos más retrógrados de la llamada cuarta república. En este tema los trabajadores más afectados, son aquellos de los sectores Educación y Salud lo cual produce un doble efecto negativo sobre la sociedad: directamente sobre los trabajadores y sus familias por los salarios a los cuales son sometidos (los más bajos del mundo), e indirectamente por la obvia deserción de esos profesionales y su migración hacia países que ofrecen reconocimiento de capacidades y mejores condicionesde trabajo y mayores salarios.
La deriva entreguista y antipopular de este gobierno llega al extremo de sacrificar a la propia soberanía, cuando se permitió que se quedara sin respuesta la pretensión del gobierno ruso, de instalar bases militares en nuestro territorio que significarían una cesión descarada de nuestra soberanía, inaceptable para cualquiera máxime cuando se trata de quien se precia de ser bolivariano y antiimperialista, además de convertir nuestro territorio en un espacio potencial para un conflicto neto inter imperios capitalistas.
En cuanto a la ética del trabajo que debe ser fomentada por un gobierno que se autocalifica como socialista, un elemento de enorme importancia que tiene que tomarse en cuenta para la valoración del accionar de Nicolás Maduro y de quienes le acompañan en el poder, es el de los negocios relacionados con los juegos de envite y azar. Pues bien, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro fue anunciada y es ya operativa en relación a la vuelta de este negocio degradante que fue abolido en tiempos de Chávez, habiéndose ya instalado casinos incluso dentro de los límites de parques nacionales. ¡El colmo! Como nunca el país está siendo conducido dentro de la más extrema y exagerada lógica del capital, lo importante es la ganancia, la acumulación. La educación, la salud, el trabajo dignificante, el bienestar de la población, la seguridad, el ejercicio de la soberanía, son elementos secundarios frente a esa lógica del capital, ahora exponencial y globalmente extractivista que tiende a terminar con la vida en el planeta.
Y lo que se pone de manifiesto más abiertamente, a partir de los señalamientos anteriores es que no existe regulación del Estado y sus acciones; los contrapoderes definidos en la Constitución en función de ello y que impedirían la concentración del control político en manos de individuos o grupos con intereses particulares, simplemente no operan.
Todo un ejercicio de gobierno a contravía de las pautas constitucionales que el Pueblo de Venezuela refrendó para darnos la hoy violentada CRBV.
Santiago Arconada Juan García Edgardo Lander
Roberto López Gustavo Márquez Oly Millán
Héctor Navarro Ana Elisa Osorio
Fuente: Aporrea