El Seniat podría designar como «sujeto pasivo especial» y por lo tanto exigir el pago del IGTF a cualquier persona natural con ingresos brutos anuales de 150 ($33) y a toda persona jurídica con ganancias brutas anuales de Bs 600 ($133)
Un nuevo capítulo en la política chavista de implementar nuevos impuestos inició este lunes 28 de marzo con la entrada en vigencia del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), un gravamen que significaría un aumento sustancial a los precios de bienes y servicios en todo el país.
Una reforma a la Ley del IGTF aprobada hace apenas mes y medio por la Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo establece que las personas naturales pagarán un 3% más por los bienes o servicios que paguen con monedas distintas a las de curso legal en el país, ya sean dólares, euros o criptomonedas.
La medida empezó a aplicarse a pesar de las voces del sector comercial y tributario, quienes advertían que era inviable hacerlo en tan corto tiempo, ya que la estructura comercial del país no está preparada para darle cumplimiento a esta normativa.
Como resultado de esta decisión —precipitada según los actores que hacen vida en la economía nacional—, los comercios se han visto en la obligación de tomar medidas para cuidarse las espaldas y evitar fiscalizaciones.
Este pareció ser el caso de la cadena de comida rápida Arturo’s, que anunció en sus redes sociales —aunque borraría el mensaje horas después— la decisión de suspender hasta nuevo aviso la recepción de divisas como método de pago en sus locales físicos, pese a que su servicio de delivery a través de Yummy seguiría operando con moneda extranjera.
«Arturo’s informa a todos sus clientes y allegados que, motivado a la incertidumbre generada por la aplicación de la nueva ley del IGTF, nos vemos en la obligación de temporalmente suspender la recepción de pagos en divisas en nuestros restaurantes», informaron en sus redes sociales antes de eliminar la publicación.
Comunicado de Arturo’s sobre impuesto al dólar
Una de las razones por las cuales esta medida se siente apresurada y está destinada a causar problemas para aplicarse correctamente es la ausencia de las máquinas fiscales, aquellas que emiten las facturas, en los locales comerciales.
Las máquinas que poseen la mayoría de los comercios deben actualizarse y, en la mayoría de los casos, de plano sustituirse. Esto implica una inversión importante y también una demanda de estos artefactos muy superior a su oferta, elementos que hacen prácticamente imposible alcanzar las condiciones para empezar a cobrar el impuesto desde la fecha indicada por la ley.
Ya esta advertencia era señalada por gremios como el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). Su presidenta, Tiziana Polesel, indicó en un comunicado que no era viable una actualización para la fecha establecida.
«Uno de los elementos más graves para todos los sectores es que la Providencia entra en vigencia el 28 de marzo y no hay manera de que las maquinas fiscales y los sistemas administrativos puedan estar actualizados para esa fecha», indicaba.
El diminuto plazo otorgado por la ley para actualizar los sistemas administrativos es tan solo uno de los múltiples problemas que causa esta ley, según analistas tributarios y representantes del sector empresarial, puesto que las consecuencias más graves se trasladarán al usuario.
Un paso atrás
La economía en 2021 dio un leve paso adelante al registrar un pequeño crecimiento por primera vez desde 2013. La contracción del 80% del Producto Interno Bruto (PIB) en ocho años representó el «fondo» que tocó la economía antes de empezar a crecer nuevamente.
Este crecimiento, aunque pequeño, se debió en gran parte a que la mano interventora del gobierno chavista se relajó. Las regulaciones de precios, las intervenciones y el control cambiario se retiraron progresivamente desde 2019, lo que permitió a la economía finalmente respirar, pese a que otras políticas monetarias ordenadas desde el Gobierno fueron perjudiciales, como el encaje legal aplicado a la banca.
Con un contexto más liberal, el panorama para este 2022 era positivo y se esperaba un rendimiento más contundente a lo largo del año, con el avance de la dolarización y una mayor variedad de herramientas financieras y alternativas de pago en divisas.
Sin embargo, los ánimos volvieron a bajar con las medidas que ha empezado a aplicar el gobierno en materia fiscal, pues en el primer trimestre del año se aprobó tanto la reforma a la Ley del IGTF como la reforma a la Ley de Registros y del Notariado.
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Ambas reformas implican que el venezolano, con el salario mínimo más bajo de toda la región pese al aumento aprobado este mes, tendrán que pagar más para procesar trámites ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), y ahora gastar más dinero para adquirir cualquier bien o servicio pagado en dólares, euros o criptomonedas.
«El IGTF es una demostración de la voracidad fiscal del Estado venezolano y de las grandes contradicciones en materia económica, lo que sin duda perjudicará a la economía nacional y echará por tierra, los ligeros avances que se habían logrado», alertó Consecomercio en un comunicado.
La misiva resalta que el Gobierno hizo caso omiso a las recomendaciones y advertencias de los actores económicos, quienes puntualizaron diversas disconformidades con esta reforma y propusieron cambios para su correcta implementación.
Este fue el caso de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), cuya vocería expresó estar de acuerdo con el IGTF, pero en una proporción menor de entre 0,5% a 1% como alícuota en vez del 3% que se aprobó.
¿Quiénes deben pagar el IGTF?
Por el nombre de este impuesto, los contribuyentes son en teoría aquellos que registran «grandes transacciones». Es decir, fue creado con la intención de que los más adinerados paguen un extra al fisco.
No obstante, actualmente el nombre no es más que un adorno, puesto que la práctica totalidad de las personas jurídicas y naturales están sujetas a este pago.
La ley indica que todo aquel contribuyente que sea designado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) como «sujeto pasivo especial» debe cumplir con este tributo.
Para designar a una persona o empresa como sujeto pasivo especial, el Seniat toma en cuenta lo establecido en su Providencia N° 0685, donde se indica que puede incluirse en esta categoría a todas aquellas personas naturales con ingresos brutos de 7.500 Unidades Tributarias (UT) en adelante y personas jurídicas con ganancias brutas de 30.000 UT o más.
El valor actual de la UT es de 0,02 bolívares. Por lo tanto, el Seniat podría designar como «sujeto pasivo especial a cualquier persona natural con ingresos brutos anuales de 150 ($33) y a toda persona jurídica con ganancias brutas anuales de Bs 600 ($133).
Estas cantidades superan con creces el actual sueldo mínimo, por lo que ningún ciudadano queda exento de cumplir con este compromiso si así lo dispone el Seniat.
La declaración, sin embargo, no pesará sobre las personas naturales que efectúen los pagos. En su lugar, la ley establece que los comercios designados como sujetos pasivos especiales funjan como «agentes de percepción». Es decir, cobrarán el 3% a los clientes pero declararán y pagarán ante el Seniat ellos mismos.
Esto se traduce en que, al igual que ocurre con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los productos pagados en dólares costarán un 3% más y este impuesto por concepto de «IGTF» deberá reflejarse en la factura. Por eso la importancia de actualizar las máquinas fiscales para que emitan la transacción de manera adecuada.
Incentivando el bolívar sin bolívares
En las disposiciones generales de la ley se exhibe que la finalidad principal de este impuesto, además de generar mayores ingresos para el Estado, es recuperar la fortaleza de un bolívar que se convirtió en la moneda minoritaria del país.
La hipótesis del Gobierno sostiene que el sobreprecio de los productos pagados en divisas provocará que se procesen más pagos en bolívares, en aras de ahorrar dinero, lo que disminuirá el uso del dólar y potenciará el uso de la moneda nacional.
Es por este motivo que el Gobierno ha intentado generar confianza en el bolívar interviniendo en el mercado cambiario, inyectando dólares de las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV) para mantener el tipo de cambio estable. Por esta razón, ha contenido artificialmente la devaluación del bolívar durante los últimos seis meses.
Sin embargo, las propias políticas del Gobierno prácticamente han desaparecido al bolívar. El encaje legal redujo al mínimo la actividad crediticia, por lo que el bolívar fluye poco en el sistema bancario, las piezas de efectivo son escasas y tienen poco valor y la inyección de dólares del BCV prolifera las divisas que se ven en la economía nacional.
A estos elementos se suma el contexto del pago al Impuesto Sobre La Renta (ISLR), que históricamente provoca una mayor demanda de bolívares para cumplir con el compromiso. Entonces, hay una muy reducida oferta de bolívares mientras que los dólares ocupan cada vez un mayor grueso en el mercado.
No en vano, los datos del BCV indican que la liquidez monetaria disponible hasta el 18 de marzo era de 5.115 millones de bolívares, equivalentes a unos 1.136 millones de dólares.
Liquidez en Bolívares obliga a pagar impuesto al dólar
Estimaciones de Ecoanalítica proyectaban hasta septiembre del año pasado que el circulante en divisas era de unos 2.600 millones de dólares. Es decir, más del doble de la liquidez en bolívares.
En este sentido, por lo pronto se está obligando a cientos de miles de venezolanos que perciben ingresos en dólares a pagar más por bienes y servicios que ya son de difícil acceso, ante el deterioro del poder de compra del venezolano.
Fuente: Tal Cual