La Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó pedido de “control judicial” que había sido interpuesto por el régimen de Nicolás Maduro.
El pasado 28 de mayo de 2021, el chavismo, a través de Tarek William Saab, presentó una “Solicitud de control judicial” por la falta de complementariedad y colaboración de la Fiscalía de la CPI con Venezuela.
Posteriormente, el pasado 3 de noviembre del 2021 el fiscal de la CPI, Karim Khan notificó su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Pese a ello, el pasado mes de enero, el organismo anunció que extendería por tres meses, el plazo para que la dictadura de Venezuela presente su informe acerca de las investigaciones puestas en marcha sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro tiene hasta el 16 de abril para cumplir la orden.
El texto del fiscal Karim Khan indica que “en un espíritu de cooperación, de diálogo y de equidad, el Fiscal aceptó además conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022?, dado que el plazo inicial expiraba el pasado domingo. “Esta prórroga es adecuada y está justificada debido a varias circunstancias, que deben considerarse excepcionales”, añadió.
La CPI explicó que está dando un plazo de tres meses a la dictadura de Nicolás Maduro para responder por los crímenes de Lesa Humanidad y violación a los Derechos Humanos.
Recientemente el chavismo inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, “ninguno de los cambios altera el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes”.
En diciembre, Tarek William Saab aseguró que decenas de funcionarios de seguridad han sido imputados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos.