En Venezuela, se han cerrado en los últimos 20 años, al menos, 285 emisoras de radio por instrucción de la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel), que alega, según los afectados, irregularidades administrativas, que defensores de la libertad de expresión tildan de arbitrarias.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público (EP), explicó a EFE que, además de que algunos cierres se ejecutan por orden de funcionarios públicos o por transmitir críticas al Gobierno, en otros casos se aplican a emisoras que operan con algún tipo de irregularidad, hecho que atribuye a que «la administración del espectro es un desorden» y facilita la arbitrariedad.
Correa recordó, con motivo del Día mundial de la Radio, que se celebra este lunes, que se trata de «un medio de entretenimiento, de conexión, de cercanía y de compañía», que al ser lesionado «golpea esas posibilidades en los sectores más humildes», por lo que las medidas gubernamentales preocupan al sector.
Tarea pendiente
De acuerdo con el balance anual de EP, en 2022, «el Estado venezolano ordenó el cierre de, al menos, 80 emisoras a nivel nacional», lo que sitúa este periodo como «el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas».
El líder de Espacio Público aseguró que la medida, que ha afectado sobre todo a estaciones en el interior del país, refleja el debilitamiento de la libertad de expresión, al recaer sobre parte de las 700 radios que operan en Venezuela, que representan el 71 % de los medios de comunicación activos en todo el territorio.
Recordó que, si bien la censura y ataques a los medios durante la llamada revolución bolivariana han sido ampliamente denunciados, el descontrol en la administración del funcionamiento del espectro radioeléctrico ha servido de excusa para facilitar medidas arbitrarias o discrecionales sobre estaciones radiales de todo tipo.
«El desorden es una herramienta para censurar (…) se utiliza esa línea argumental en función de eso, pues no es parte de la dinámica de restricciones. Si tú tienes un espectro bien administrado vas a permitir que la gente pueda hablar con mayor libertad, porque tienes garantías pero, si no lo tienes, te haces en una situación de vulnerabilidad y, entonces, es funcional a la censura», explicó.
Agregó que la organización del espectro radioeléctrico es una tarea pendiente del Estado y que, el hecho de que algunas estaciones operen bajo la irregularidad es atribuible a trabas que pone Conatel, entre las que destaca la centralización de procedimientos administrativos, entrega de concesiones de corto plazo y la asignación de licencias de manera discriminatoria.
«El sistema de administración del espectro, al igual que pasa con el sistema de justicia y otros más, es un sistema que no da garantías, no le da certeza a quien está operando y, por lo tanto, facilita la arbitrariedad», subrayó Correa.
El activista, además, señaló casos en los que las estaciones son cerradas e inmediatamente se entrega la licencia para explotar la misma frecuencia radial a otra persona o empresa, sin ningún tipo de concurso o tiempo de rectificación otorgado a los explotadores anteriores.
Desorden deliberado
A juicio de Correa, este «desorden deliberado» en la explotación del espectro radioeléctrico ha servido de marco para justificar los cierres más recientes, ampliamente denunciados por diversas ONG que en el pasado mes de octubre rechazaron, mediante un comunicado firmado por 40 organizaciones, la «suspensión masiva» de transmisiones de decenas de emisoras en diversos estados.
«En Venezuela hay un desorden en la organización del espectro. Ese desorden es deliberado porque ha habido tiempo para organizarlo», afirmó Correa, quien añadió que el recrudecimiento de estos cierres en el último año puede deberse a «un reacomodo de la estructura de propiedad de las emisoras de radio», para favorecer a «otros actores dentro del chavismo».
La preocupación de organizaciones y activistas aumenta al recordar que la radio es el medio de comunicación de mayor penetración en el país y que el cierre de, al menos, 80 estaciones en 2022 ha incrementado la autocensura y el miedo a denunciar de quienes están al frente de estos espacios.
Además, el cese de la transmisión de cada uno de estos canales representa, según Correa, «una reducción real para la gente que está más a nivel local» y que tiene menos opciones.
EFE contactó a varios de los directores y representantes de las radios cerradas en los últimos meses, pero se negaron a declarar sobre los motivos de las respectivas clausuras. EFE