Caracas, 9 feb (EFE).- Una representante de Naciones Unidas está de visita en Venezuela para examinar el impacto que han tenido las sanciones económicas impuestas al país en los últimos años. La revisión, cuyo resultado se conocerá en septiembre, se encontrará de frente con las mentiras y verdades que giran en torno a este tema.
Las medidas coercitivas unilaterales, como llama la ONU a las restricciones financieras aplicadas a Venezuela, principalmente desde Estados Unidos, se han convertido en la única razón que esgrime el Gobierno de Nicolás Maduro, cada vez que se le interpela por la severa crisis económica.
Sin embargo, las sanciones se vuelven una excusa y no una causa en medio del empobrecimiento nacional que es ocasionado por múltiples factores, entre los que destacan varias decisiones gubernamentales, las presiones de la oposición y el doble discurso que proviene de ambos bandos.
En medio de este juego político, el 80 % de los venezolanos continúa en pobreza extrema, un estado de necesidad en el que, además, parece imposible encontrar a los culpables para castigarlos y es todavía más utópico notar visos de mejora en el corto o mediano plazo.
Con la ONU poniendo la lupa sobre el terreno sancionado, algunos detalles saltan a la vista:
¿Cuándo comenzó esto?
Aunque en la última década Estados Unidos ha sancionado a decenas de altos representantes del chavismo, no fue hasta 2017 que estas restricciones se convirtieron en medidas contra el país, que para entonces ya estaba en hiperinflación, con una crisis de legitimidad gubernamental y un éxodo que movilizaba a cientos de miles de personas.
En 2014, Washington firmó una orden ejecutiva en la que se consideraba a Venezuela una amenaza inusual, una declaración política que no coartaba la actividad económica del país petrolero hasta que, tres años después, empezó a tener problemas para comercializar su ingente crudo debido a una sanción generalizada.
Sin embargo, según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), esos problemas fueron sorteados con bastante maniobra hasta 2019, cuando EE.UU. prohibió a personas naturales o jurídicas realizar cualquier intercambio comercial con la estatal petrolera Pdvsa o sus filiales.
Entonces, entre 2013 y 2019 la Administración del presidente venezolano Nicolás Maduro tuvo un sexenio con pocos impedimentos financieros mientras que la crisis se profundizaba cada día.
¿Quién gana con las sanciones?
También en 2017, cuando cientos de miles de venezolanos protestaban en las calles contra lo que consideran una dictadura, arreciaron las medidas coercitivas contra el chavismo, algo que la oposición celebraba, pues consideraba que esto contribuía con la causa del cambio político a la fuerza.
Maduro fue reelegido en 2018, en medio de unas elecciones señaladas de fraudulentas, y la presión internacional aumentó, con numerosas sanciones contra su círculo más cercano, que desde entonces tiene prohibiciones para hacer negocios en varios países de América y Europa.
Sobre ese terreno llegó el año 2019 y el entonces jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente, invocando artículos constitucionales y con el respaldo de una cincuentena de naciones. En adelante, se multiplicaron las sanciones contra el chavismo, que eran ahora parte de la política exterior del que los opositores llamaron «gobierno interino».
No obstante, en el último año se abrió un cisma en la unidad opositora que giraba en torno a Guaidó y, conforme el ahora exdiputado va perdiendo apoyos extranjeros, cada vez son más las voces del antichavismo que piden al menos una revisión de esta política sancionatoria.
¿Qué consiguen las sanciones?
Tanto el informe de WOLA, publicado en octubre pasado, como varios analistas consultados por Efe en los últimos meses coinciden al señalar que estas restricciones no fueron las responsables de la recesión económica ni del colapso financiero en el país, pero sí han profundizado el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos.
Las sanciones, según WOLA, han aumentado la desigualdad y la pobreza entre los ciudadanos, que han tenido que sufrir el encarecimiento de la vida, en un país con hiperinflación, devaluación monetaria a diario y cuyo ingreso mínimo, devengado por la mayoría de la población, es menor a los 10 dólares.
Todo esto, reitera el Gobierno, ha provocado que el país perciba hoy el 99 % menos de dinero que en 2014 por venta de petróleo, prácticamente el único motor de la economía nacional.
«Estas (las sanciones) y no otras son las razones de la brutal contracción económica de este período», remarcó Maduro este mes, cuando presentó su informe de gestión ante el Parlamento y aseguró que la pobreza se ubica en un 21 % y la tasa de desempleo en 8,8 %.
¿Qué hace la ONU?
Incluso antes de llegar a Venezuela, Naciones Unidas publicó el cuestionario que intentará responder su relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, quien permanecerá en el país hasta este viernes.
Si bien la mayoría de las preguntas van en torno a cuáles derechos se han visto vulnerados por la implementación de las sanciones, Douhan también busca saber qué ha hecho el Ejecutivo para paliar esta situación, así como si ha acatado las recomendaciones de organismos internacionales para atender varios problemas.
Entonces, la relatora se encuentra con el hecho de que cinco activistas de derechos humanos, que trabajaban para ayudar a los más necesitados en el país, están hoy presos, que el chavismo busca criminalizar a las organizaciones no gubernamentales que entregan ayuda humanitaria y que la política económica ha empeorado la crisis.
De igual modo, Efe pudo conocer que una decena de diputados y representantes de ONG ya se reunieron con Douhan en Caracas y, aunque lo abordado en estos encuentros es privado, se puede inferir que la relatora ha tomado nota de la versión antigubernamental de las sanciones, según la cual la culpa es de quienes están en el poder. EFE