El Gobierno de España procederá a la extradición de un ciudadano venezolano reclamado por el régimen de Nicolás Maduro, pese a que solicitó asilo en nuestro país e Interpol anuló su código rojo de búsqueda internacional en marzo de 2020.
Se trata de Ernesto Luis Quintero Méndez (Cabinas, 1980), un hombre que lleva desde 2018 perseguido por Maduro y que ha sido detenido este miércoles por la Policía Nacional para ser entregado a la dictadura bolivariana.
El Gobierno decidió aceptar su extradición el pasado 12 de enero. Ese día, el Consejo de Ministros acordó «materializar la entrega extradicional a las autoridades judiciales de Venezuela». Y lo hizo en contra de las recomendaciones de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que remitió una misiva al Ejecutivo español pidiendo que Quintero no fuera extraditado.
«En Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos; no está garantizada la integridad física de Ernesto Quintero si es extraditado, ya que podría ser víctima de tratos crueles», dice Sergio Contreras, coordinador en España de Voluntad Popular, el partido opositor venezolano fundado por Leopoldo López y liderado por Juan Guaidó.
Contreras sabe de lo que habla. No en vano, él fue preso político durante dos meses en la cárcel militar de máxima seguridad de Ramo Verde. Ahí sufrió todo tipo de vejaciones. Desde mayo de 2018, vive exiliado en Madrid junto a su esposa y su hijo.
Fue en la capital española donde conoció a Quintero, cuando éste le pidió ayuda para evitar las posibles implicaciones que tendría para él una deportación a Venezuela. Desde entonces, no ha dudado de su inocencia.
«Una persona inocente»
«Ha hecho todo lo que ha podido hacer para que no se lo lleven, todas las rogatorias y recursos. Cuando una persona ha cometido un delito, busca escaparse», explica Sergio Contreras en su parla con EL ESPAÑOL. Y abunda: «En caso de delito financiero, como le imputan, se hubiera ido a Estados Unidos, Colombia o Ecuador, pero venir a España suponía exponerse».
Sergio Contreras, coordinador político en España de Voluntad Popular, partido del presidente interino, Juan Guaidó.
Sergio Contreras, coordinador político en España de Voluntad Popular, partido del presidente interino, Juan Guaidó. ADP
La diligencia de Ernesto Quintero era «la de una persona inocente que lucha contra una injusticia» -en palabras del coordinador en España de Voluntad Popular-. Una diligencia que ha mantenido hasta el último momento, enviando una rogatoria para impedir la detención que fue derogada.
Ante la inminente detención, y como no quería que la Policía lo esposara delante de su familia, Quintero iba todos los días al trabajo. Ahí esperaba a que le fueran a buscar. Ese momento llegó ayer.
«El juicio no ha terminado en Venezuela, no puede ser entregado ya que no existe ningún elemento de convicción que garantice que Ernesto Quintero tenga su integridad física garantizada», asegura Sergio Contreras, que pide al Gobierno de España que «revierta su criterio y no lo extraditen».
-¿Qué le podría suceder de ser finalmente extraditado?
-Hay que tener en cuenta que en Venezuela el sistema de Justicia está usado como mecanismo represor para causar el terror. Se judicializa cada caso para que sea ejemplarizante. Hay tratos crueles e inhumanos: se golpea a las personas en los testículos, se les electrocuta, se les arranca las uñas…
Cabe recordar la política que sigue el Gobierno de Pedro Sánchez para con Venezuela, que consiste en ser firme con Maduro pero haciendo concesiones -como puede ser la entrega de personajes de un perfil bajo- para no forzar una crisis diplomática.
La carta
Ernesto Quintero relata su largo calvario en una correspondencia compartida con Sergio Contreras a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Todo comienza en octubre de 2018, cuando se encontraba en Colombia.
Ahí, Quintero recibe la notificación de que el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, ha realizado un pronunciamiento público y notorio en Caracas contra 19 ciudadanos venezolanos sobre supuestos delitos de estafa acaecidos en 2010 en Macaraibo (Estado Zulia, Venezuela). Él está entre ellos.
En este pronunciamiento, el fiscal le asigna posición de accionista de una empresa para la cual trabajó en el área de Tesorería durante diez años. Él, sin embargo, siempre se ha defendido aduciendo que no tenía competencias para tomar decisiones en la materia de la que se le acusa.
¿De dónde proviene la acusación del Estado Venezolano? Todo se remonta a diciembre de 2003, cuando Quintero comienza a trabajar como asistente de tesorería en Aba Servicios Financieros.
En el año 2010, producto de la creciente inflación en Venezuela, el régimen de Hugo Chávez inicia una campaña de persecución a las empresas de casas de bolsa. Así las cosas, Aba Servicios Financieros es expropiada y Quintero pasa a trabajar para el régimen, que le exige tres años de permanencia.
Tras desvincularse de la empresa, procede a buscar una oportunidad laboral en otra compañía vinculada al mundo de la economía y las finanzas. Y ahí es cuando empieza a vivir todo un infierno personal.
El calvario
En noviembre de 2015, se le dictan medidas cautelares de prohibición de salida del país, así como inmovilización de cuentas bancarias. Todo ello sin notificación previa, según asegura el posible extraditado.
Un mes después, en diciembre de 2015, recibe una notificación para presentarse a un acto de imputación. Entonces comienza lo que el afectado denuncia como un proceso irregular con un claro «tinte político» que le lleva a presentarse en agosto de 2018 en la ciudad de Caracas para una causa penal. Allí alega que su condición laboral era la de «trabajador bajo relación de dependencia» y que recibía «instrucciones dadas por parte de la Presidencia de la empresa».
«Él me comentó que sus jefes probablemente sí que habían cometido algún delito y que por eso los estaban persiguiendo», dice Sergio Contreras, que asegura que Ernesto Luis Quintero siempre «explicó el caso con un grado de detalle que sólo es propio de una persona que se ha preocupado por defender su inocencia».
En España, Quintero trabajaba desempeñando labores como administrativo. Tras solicitar asilo al Gobierno por razones humanitarias, le fue denegado en enero de 2020 con el argumento de que tenía antecedentes penales en Venezuela.
Tan sólo dos meses después, en marzo de 2020, Interpol desincorporó la orden internacional de detención (circular roja), que fue la que alertó a las autoridades españolas. Pero ya era demasiado tarde. Ahora, el la Policía Nacional le ha detenido y el Gobierno procederá a su extradición.
Su mujer y su hija se quedan en España bajo la condición de asiladas. Fuentes cercanas a la familia aseguran que la esposa está desesperada, pero que ya se encuentra reunida con sus abogados para apurar hasta el último momento todos los resquicios legales. «Aún se puede evitar», claman con un último hálito esperanza.