Solo con el propósito de surfear el colapso de la economía, Nicolás Maduro elimina de facto el control de precios y permite la libre circulación del dólar, mitigando el fin de la escasez y la aparición de comercios que venden chocolates, licores y cereales importados al estrato de mayor ingreso para aparentar una economía “estable” pero que en realidad todavía sigue en crisis.
A su vez, algunos empresarios dicen sentirse optimistas por lo que catalogan como “un cambio de dirección”, pero lo cierto es que la crisis está vivita y coleando: la inflación avanza dos dígitos al mes y el FMI proyecta que el PIB, que desde 2013 se ha contraído 67 %, caerá otro 10 % este año.
El foco de la inflación es la constante creación de dinero para cubrir el desbalance entre los ingresos y los gastos en las cuentas públicas con el fin de disminuir el desequilibrio, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la reforma del Código Orgánico Tributario y de la ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Perseguimos cerrar el déficit fiscal, mejorar la recaudación”, dijo Andrés Eloy Méndez, presidente de la Comisión de Economía de la Constituyente.
Ya que evidentemente más de la mitad de las transacciones en la economía son en dólares habrá una sobretasa en el IVA de entre 5 % y 25 % cuando el pago de productos y servicios se haga en divisas y las multas al comercio y las empresas estarán indexadas al euro, cuya cotización aumentó 7.000 % el año pasado. “Esto nos permite que no se devalúe el ingreso fiscal”, añade Méndez.
Sin embargo, las medidas lucen ineficaces ante la magnitud del desequilibrio en las cuentas del Gobierno.
José Manuel Puente, profesor de la Universidad de Oxford, explica que “de acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional el déficit fiscal se ubica entre 19 % y 23 % del PIB, una magnitud gigantesca que es imposible reducir de manera importante aumentando los impuestos a una economía que se ha contraído severamente”.
“Aproximadamente te queda un tercio de la economía que existía en 2013 para cobrarle impuestos y en cuanto al tema de indexar las multas al tipo de cambio del euro, la experiencia indica que cuando las multas son desproporcionadas crece la evasión”, agrega José Manuel Puente.
Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, afirma que “lo que destaca es la tendencia del régimen de Maduro a penalizar la tenencia de divisas. Esto provocará que las empresas operen sus divisas bajo cuerda, convirtiéndola en una tendencia difícil de revertir: menos espacio formal para la actividad comercial y más informalidad”.
La inflación golpea con mayor fuerza al estrato más pobre, que no tiene ingresos ni ahorros en dólares que les permitan superar el alza en el precio de los alimentos.
Según la medición de Macroconsultores, una firma local, en las últimas cinco semanas aumentó en 74 % el costo de una cesta con nueve productos básicos: harina de maíz, harina de trigo, pasta, aceite, leche en polvo, arroz, atún enlatado, azúcar y granos.
La criptomoneda
La caja de herramientas para tratar de controlar la inflación en un año en que están pautadas las elecciones parlamentarias incluye, junto a la reforma tributaria, un mayor uso del petro en los pagos a pensionados, trabajadores públicos y empresas.
Un aspecto importante es que, a diferencia de las otras criptomonedas como Bitcoin que son independientes de los gobiernos, la administración de Nicolás Maduro tiene el poder de aumentar el número de petros en circulación.
Funcionarios del Banco Central y el Ministerio de Finanzas explican que la idea es que como el petro no se devalúa frente al dólar, quienes lo reciben como pago lo conservarán por un tiempo y no buscarán gastarlo o cambiarlo a divisas cuanto antes.
Pero no ha habido mayor éxito en crear confianza. En diciembre siete millones de pensionados y trabajadores públicos recibieron un bono de medio petro, equivalente a 30 dólares, pero buscaron gastarlo rápido, especialmente por los focos de hambre que se generan en los hogares venezolanos en donde no se come los tres platos con regularidad.
Sin dudas la desconfianza es total en medio del hundimiento de la moneda oficial, el bolívar.
Solo basta ver que tras dos años de hiperinflación, el bolívar ya no se emplea como unidad de cuenta porque los precios aumentan a una tasa anual de cuatro dígitos; tampoco sirve como reserva de valor porque su capacidad de compra se diluye y es difícil emplearlo como medio de pago porque se requieren fajos de billetes para utilizarlo en una transacción.
Si bien el régimen puede imponer el uso del petro, aumentando la cantidad de pagos que hace con la criptomoneda, no puede obligar a que las empresas y los particulares quieran mantenerlos como reserva de valor.
Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, afirma que “lo que hemos visto es que la credibilidad en el petro es tan poco sólida como la del bolívar”.
Un factor a considerar es que la criptomoneda no resuelve el desbalance en las cuentas públicas: el déficit fiscal que la administración de Nicolás Maduro cubre con la creación de bolívares tendría que cubrirlo aumentando la emisión de petros, por lo tanto, el petro está destinado a perder valor.
“Se los lleva la hormiguita”
El 14 de enero el Gobierno publica un decreto que obliga a las aerolíneas extranjeras a pagar en petros toda la gasolina de aviones que vende PDVSA, la empresa petrolera del Estado.
Pero fuentes consultadas explican que el objetivo de esta medida, además de propiciar la compra de petros, es captar dólares en efectivo en momentos en que las sanciones de Estados Unidos le dificultan al Gobierno el manejo de cuentas bancarias.
“La idea es que se incremente la demanda de petros y que en la medida de lo posible las empresas los compren con dólares en efectivo, así se captarían divisas que permitirían evadir el bloqueo de Estados Unidos”, dice un funcionario del Ministerio de Finanzas.
Pero el camino no luce fácil. Las sanciones de Estados Unidos prohíben las transacciones con el petro y empresas extranjeras ya han hecho saber al Gobierno que no están dispuestas a violar esta prohibición porque se exponen a que sus activos en Estados Unidos sean congelados.
Las mismas fuentes consultadas explican que las líneas aéreas extranjeras no contemplan comprar petros y además se niegan a pagarle el combustible a PDVSA con dólares en efectivo.
Actualmente las líneas aéreas extranjeras pagan la gasolina de avión a una empresa que sirve de intermediaria con PDVSA.
La banca dirigida
Las recientes medidas económicas también incluyen un mecanismo que le otorgará mayor poder al Gobierno para decidir cuáles empresas y qué sectores de la economía obtendrán financiamiento a través de la banca pública y privada.
Cada mes un comité compuesto por cuatro ministros, el presidente del Banco Central y “los demás que establezca el presidente de la República mediante decreto”, decidirá el destino de entre 10 % y 25 % de los créditos.
El financiamiento deberá ir a personas o empresas “relacionadas o vinculadas a los sectores productivos”, un concepto muy amplio que le otorga al comité una gran discrecionalidad.
“Con ese decreto es perfectamente posible que me entreguen una lista de empresas públicas quebradas que tenga que financiar obligatoriamente por orden del comité”, dice el presidente de un banco que prefiere reservar su identidad.
La depresión
La revolución bolivariana se quedó sin suficientes dólares y recortó la oferta de divisas, propiciando una severa disminución en las importaciones que las empresas necesitan para producir.
Y es que la bancarrota venezolana se debe a que tras no ahorrar durante los años en que el barril se cotizó a niveles récord, no invertir para mantener la producción petrolera, endeudarse masivamente, malbaratar el dinero y perder el crédito internacional.
A su vez, el régimen originó la hiperinflación y el desmoronamiento de la moneda creando dinero en grandes cantidades para tapar artificialmente el desbalance en sus cuentas. Posteriormente, se añadió el impacto de las sanciones de Estados Unidos, que considera fraudulentas las elecciones en las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente en 2018.
Analistas coinciden en que sin financiamiento internacional en cantidades suficientes como para aumentar las importaciones de materias primas e insumos, a fin de que las empresas puedan aumentar la producción, el país continuará hundido en la depresión.
Si este año se cumple la proyección del FMI y la economía continúa inmersa en el túnel de la recesión entre 2013-2020 el PIB de Venezuela se reducirá en torno a 70 %, uno de los peores desastres de la historia contemporánea.