Desde 2014, la economía venezolana ha experimentado un vertiginoso deterioro que ha conducido a una crisis humanitaria sin precedente.
Manuel Sánchez González / elfinanciero
Durante los últimos seis años, el PIB de esa nación se contrajo cerca de 70 por ciento, lo cual representa un descenso de casi tres veces el registrado durante la Gran Depresión en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se ha desatado la hiperinflación, hasta alcanzar tasas similares a las observadas en Alemania en 1923 y Zimbabue durante el primer decenio del presente siglo.
Estos indicadores han implicado el desplome del ingreso medio y el agravamiento de la pobreza. Por ejemplo, en 2018, el PIB por habitante se ubicó casi 40 por ciento por debajo del observado en 1960 y, en 2017, 61 por ciento de los hogares se encontró en situación de pobreza extrema, casi triplicando la proporción de tres años antes.
El desfavorable desempeño de Venezuela no ha obedecido a la mala suerte, sino a un inadecuado manejo gubernamental que ha alcanzado su máxima descomposición durante el presente siglo.
Esta nación ha sido afortunada por contar con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Así, durante la primera mitad del siglo XX, los hallazgos de los yacimientos de crudo y su explotación rentable, mediante concesiones a empresas privadas, le permitieron impulsar su desarrollo.
La importancia del petróleo en la economía se acrecentó, en detrimento de la agricultura y de una mayor diversificación industrial. La riqueza petrolera y la estabilidad política fueron imanes para la inmigración. En 1950, el PIB per cápita de Venezuela llegó a ser el cuarto más elevado del mundo.
No obstante, las posibilidades de progreso se restringieron durante la segunda mitad de la centuria. Los sucesivos gobiernos buscaron acrecentar la participación del Estado en la economía con el fin de diversificarla y aumentar los programas sociales.
El régimen más emblemático fue presidido por Carlos Andrés Pérez, durante los años setenta, quien introdujo un plan de industrialización basado en las entidades de gobierno y la sustitución de importaciones.
Para ello, completó la nacionalización de la industria petrolera, iniciada en la administración anterior, así como creó muchas empresas estatales y adquirió otras privadas. A pesar del auge en los precios del petróleo, incurrió en un elevado endeudamiento para acrecentar el gasto público.
Los gobiernos siguientes continuaron la expansión de las erogaciones. El resultado fue la menor producción de petróleo, la escasa diversificación económica y fiscal de ese insumo, la desaceleración y mayor volatilidad en el ingreso por habitante, la devaluación y la inflación.
Con mucho, el período de mayor desvarío en políticas públicas de la historia moderna de Venezuela lo inauguró el presidente Hugo Chávez, quien llegó al poder en 1999 con la promesa de implantar un sistema socialista para combatir la corrupción y la pobreza.
Este mandatario aplicó programas de bienestar social, entre los que destacó el denominado Misiones, el cual se apoyaba con maestros, doctores, y paramédicos cubanos y era financiado con transferencias directas del monopolio petrolero estatal PDVSA.
Con el supuesto objetivo de redistribuir la tierra y la riqueza, recurrió a expropiaciones masivas de empresas y propiedades privadas. Con ello, gran parte de la economía quedó en manos del Estado, incluyendo el petróleo, la electricidad, el acero, las telecomunicaciones, los bancos y un sinnúmero de negocios de menor tamaño.
Además, utilizó los precios elevados del petróleo para aumentar la deuda pública y recurrió con intensidad al financiamiento inflacionario, lo cual impulsó transitoriamente el PIB.
Implantó también controles generalizados de precios y cambiarios, lo que amplificó las distorsiones, generó desabasto y no frenó la salida de capitales derivada de la inseguridad jurídica.
Desde 2013, el presidente Nicolás Maduro ha buscado profundizar las medidas de su antecesor recurriendo cada vez más a la coerción. La caída de las cotizaciones del crudo y el cierre de los mercados internacionales de capital han resultado en la suspensión de pagos de la deuda pública y la incapacidad de importar bienes básicos, con la consecuente escasez y racionamiento.
El balance de la estrategia gubernamental durante el presente siglo es alarmantemente negativo. La producción de petróleo se ha contraído en más de dos terceras partes y cerca de diez por ciento de la población ha emigrado. Estas miserias deberían servir de lección a algunos políticos mexicanos que sorprendentemente parecen seguir deseando la implantación de un sistema semejante al de Venezuela en nuestro país.
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El autor es exsubgobernador del Banco de México y escritor del libro Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)