El régimen de Nicolás Maduro dice haber contenido la propagación del nuevo coronavirus en Venezuela, pero mantiene inamovible la cuarentena declarada hace dos meses. La razón, según analistas, va más allá de la pandemia: una agravada escasez de gasolina que impide reactivar la economía.
Aunque los reportes oficiales cifran en solo 10 las muertes por el virus en el país, con 455 casos hasta el jueves, Maduro extendió el martes por 30 días más el “estado de alarma” vigente desde marzo.
Toda actividad laboral, salvo en sectores esenciales como alimentación o salud, permanece suspendida.
No hay señales de levantamiento progresivo del confinamiento, pese a que millones de venezolanos se ven forzados a romperlo para ganarse la vida en la calle en medio de una severa crisis, con seis años de recesión, hiperinflación y el colapso de servicios como agua y electricidad. “No podemos confiarnos”, expresa Maduro.
“Detrás de esta estructura draconiana de cuarentena está el gravísimo problema del combustible”, comenta a la AFP Asdrúbal Oliveros, director de la firma financiera Ecoanalítica.
Ante una curva de contagio “benevolente” en comparación con otros países, “pudieras permitir que sectores donde hay poca interacción social se abrieran bajo ciertas normas” o “diseñar cuarentenas regionales, focalizadas, dependiendo de dónde estén los brotes”, opina Oliveros.
Kilométricas filas de vehículos bordean gasolineras en Caracas, que se había mantenido a salvo del desabastecimiento de nafta, crónico hace años en regiones fronterizas.
Con un sistema de refinación semiparalizado entre denuncias de errático manejo y corrupción, la escasez explotó en el país con mayores reservas de crudo. Sanciones de Estados Unidos que cerraron vías de financiamiento fueron la puntilla.
“La gasolina pesa muchísimo (…). Si hoy el gobierno decidiese relajar la cuarentena, la gente encontraría que no puede ir a trabajar (…), no hay cómo movilizarse”, dice a la AFP Henkel García, director de la consultora Econométrica.
– Peligro económico –
El ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez, insistió el miércoles en la necesidad de la cuarentena: “Va a tener que extenderse por un tiempo más prolongado de lo que inicialmente se había pensado”.
“Así como tenemos pocos casos también hay que decir que eso hace que la gran mayoría de la población siga expuesta a la infección”, dijo Rodríguez en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.
Pero el confinamiento tiene sus peligros.
“Puede condenar a los ciudadanos y las empresas a una paralización de su flujo de ingresos con efectos catastróficos”, indica Oliveros.
Los ingresos del país, estima Ecoanalítica, pueden caer de 24.000 millones de dólares a 4.500 millones.
La parálisis, apunta García, provoca “una escalada de impagos” que en otros países es frenada con ayudas estatales, pero el margen de Maduro es limitado “sin recursos” y “sin acceso a financiamiento”.
Cuando declaró la cuarentena, el gobierno socialista prometió pagar por seis meses salarios en la pequeña y la mediana industria, sin haber informado cuántas empresas son beneficiadas.
Sin liquidez, no aparecen soluciones a la sequía de gasolina, que genera un mercado negro en el que un litro se vende por más de dos dólares, constató la AFP, en contraste con irrisorias tarifas oficiales.
Ello mientras los precios del crudo cotizan bajo y la producción de la estatal venezolana PDVSA es de 622.000 barriles diarios según la OPEP, una quinta parte de lo que colocaba hace una década.
– Importación privada –
“El gobierno no logra levantar la producción local, sigue dependiendo de las importaciones y no tiene cómo acceder a combustible. Por eso está manteniendo la cuarentena de la manera más pura posible”, considera Asdrúbal Oliveros.
Entonces, según García, la salida podrían ser importaciones privadas.
“Esto pudiese terminar con que el sector privado empiece a importar gasolina, pero, eso sí, cobrada a precios internacionales”, indicó.
La dictadura no ha hecho anuncios en esa línea, pero especialistas como Luis Oliveros vinculan recientes cambios en el ministerio de Petróleo y la directiva de PDVSA con una eventual apertura a privados dispuestos a asumir el riesgo que representan las sanciones estadounidenses.