Alonso Medina Roa indicó que es necesario clarificar el verdadero alcance del informe elaborado por la misión de la ONU y no crear falsas expectativas
El abogado y defensor de DDHH Alonso Medina Roa, manifestó este jueves 24 de septiembre su opinión respecto al informe publicado por la Misión de Verificación de la ONU que vincula al mandatario Nicolás Maduro con crímenes de lesa humanidad. Considera que si bien es cierto que en Venezuela se «ha institucionalizado la tortura» según varias ONG, es una realidad que se refleja en el informe.
Resaltó que existe una «situación fáctica indiscutible» que es la violación de los DDHH y el desconocimiento de normas por parte de los venezolanos. Sin embargo, el efecto jurídico del dossier, se debe aclarar porque es necesario comprender que el mismo fue encargado a unos expertos independientes por parte del Consejo de DDHH de la ONU con una metodología aceptada.
«Pero este informe es presentado ante el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas a fines de que sea aprobado o no. En este informe tampoco es que se determinan responsabilidades. No se determinan porque no tienen facultades para tal cosa, se generan algunas ‘sugerencias’ sobre lo que está ocurriendo. Se deja ver bajo el concepto de ‘duda razonable’ lo que puede estar ocurriendo en Venezuela», detalló en el programa «Vladimir a la Carta».
Eso quiere decir que no se genera una responsabilidad penal individual ni una responsabilidad penal del Estado, por lo que ahora el Consejo de Derechos Humanos el que debe aprobar el informe y extender o no el mandato a estos expertos independientes para que sigan investigando.
Reconoció que el informe no se hizo en el terreno sino fuera del país, realizando entrevistas y con metodologías válidas, así como también se levantó la información pertinente, pero manifestó su preocupación por el mensaje mandado sobre las consecuencias del informe. Si el Consejo decide, puede ser remitido a la Corte Penal Internacional a los fines que la Fiscalía pueda valorarlo o no.
Por eso, considera que es necesario clarificar y sincerar el mensaje respecto al dossier porque además «están ocurriendo cosas muy graves y a veces la subjetividad puede contaminar las cosas objetivas que son muy contundentes».
Para Medina Roa, el informe de la Misión Independiente ONU dice «cosas muy duras» que «son verdad» y cree que pudo haberse quedado corto en algunos temas, reiterando que el tema de la violación de los Derechos Humanos es muy grave. Denunció que ha habido un silencio cómplice de instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en casos como el del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, Rafael Acosta Arévalo y el del expiloto del Cicpc, Óscar Pérez.
Recalcó que la represión en Venezuela se ha manejado «de una forma desmedida, confundiendo un poco la autoridad con la violación de DDHH». En ese sentido, subrayó que se puede ejercer autoridad sin irrespetar los derechos humanos.
Cree que en el caso del país existe una política de Estado, siendo lo sistemático algo que resalta en este hecho, cosa que se puede ver en los patrones y la cantidad de eventos respecto a la violación de DDHH y eso hace activar las alarmas. Precisó entonces que en Venezuela podría decirse que esto es una realidad y agregó que hay «complicidad silente» de muchas instituciones.
Alonso Medina Roa insistió en que hay que reflexionar sobre cómo se le habla a los ciudadanos, esto respecto al discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, quien dijo que el tiempo de la diplomacia se había acabado y que era tiempo de aplicar el R2P (el tratado de protección de la ONU) al informe.
Hizo hincapié en que primero se tiene que evaluar el efecto jurídico del informe, si fue aprobado o no, la reacción de la comunidad internacional. Además, refirió que uno de los pasos para aplicar el R2P es el diálogo, la conversación, el encuentro. Cuando eso ocurre, se debe reactivar un diálogo «en forma distinta», lo que hace alejar el tema de cualquier conflicto bélico.
A pesar de esto, cree que es probable la aprobación del R2P. Pero repitió que el mensaje que se genera, que produce altas expectativas, genera preocupación.
Calificó de «gran avance» que estén funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU trabajando en Venezuela, al igual que la renovación del memorando de entendimiento que permite su estadía en el país. Dijo que llevan un trabajo silencioso «pero muy efectivo» y manifestó que la gente no ha sido agradecido por su labor.
Dijo que desde la óptica política generó un «gran impacto» pero no es suficiente este tipo de informe el efecto político que pueda generar. Además, señaló que en la elaboración del informe que la administración de Nicolás Maduro no permitió el ingreso de la misión y especuló que si los hubiesen dejado entrar, escucharían la versión de los acusados.
Recordó que el tema de las violaciones de los DDHH no es exclusivo de los presos políticos o de víctimas de torturas, sino de toda la población porque abarca educación, salud, acceso al agua potable, diferentes servicios, a alimentación. «Debemos generar conciencia que este no es un tema excluyente, sino de inclusión ciudadana».