El régimen de Nicolás Maduro pasará a la historia como el mayor represor de la libertad de prensa. Su gestión se inauguró, en materia de medios, con la compra fraudulenta de la antigua Cadena Capriles, a cuyos propietarios se les ofreció una multimillonaria suma de dinero para forzar la venta. De acuerdo a la revelación hecha por el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, el dinero salió de las arcas públicas y el operador de la negociación fue el actual vicepresidente Tareck El Aissami Maddah, a quien la Administración Trump acusa de tráfico de drogas y le congeló sus bienes en Estados Unidos, al igual que su presunto testaferro Samark López Bello. Al mejor estilo mafioso se quiso hacer ver que el comprador era una empresa domiciliada en Europa, esquema igualmente empleado para las nuevas compras de medios por parte de la dictadura.
Durante el actual gobierno se ha impuesto la censura y la autocensura como nunca antes, se le ha retirado la concesión a un total de sesenta y cuatro emisoras y más de veinte medios impresos han tenido que cerrar, ante la negativa gubernamental de venderles el papel prensa que monopoliza el tristemente célebre “Complejo Editorial Alfredo Maneiro” (CEAM), único proveedor de papel periódico, convertido en centro de corrupción y lavado de dinero, dedicado al “bachaqueo” de la materia prima que se le niega a la prensa independiente y que se le obsequia a los medios oficialistas y semi-oficialistas. Es el mismo ente que de manera reiterada, desde hace más de un año, se niega a venderle papel a La Razón, “a menos que cambien su posición editorial”, amenazando la existencia misma de este periódico que no cederá un solo milímetro en su histórica línea democrática, crítica, amplia y plural. Resistiremos ante el atropello y la intimidación.