Podríamos sintetizar la crisis venezolana en tres puntos de ruptura: el primero, la destrucción económica, la arremetida contra la propiedad privada y la pérdida absoluta de libertad económica. El segundo, la desaparición total de la seguridad jurídica propia de las sociedades donde el Estado de Derecho ha sido borrado del marco institucional y cuyo producto es la orfandad ciudadana, sin defensa y sin derechos. El tercero, la disolución de la democracia política, refrendada en el afán destructivo de los partidos políticos. La calculada ilegitimación del Poder Electoral, la represión contra la libertad de opinar libremente. Todo encubierto tras la intención descubierta de liquidar los enemigos políticos. El hambre, la miseria, el éxodo de más de 6 millones de venezolanos, los presos políticos y opositores asesinados son hijos de este quiebre de la democracia venezolana ejecutado por Chávez-Maduro y su cartel.
Frente a esta crisis, sin atenuantes, los venezolanos, más que la oposición, han albergado esperanzas, quizás la más obvia, esperar que la humanidad entera fuese intolerante ante tal destrucción y por ello confiar en la contundente manifestación de fuerzas militares externas capaces de devolvernos lo perdido. Esto obviamente no sucedió. Otro camino emprendido han sido los intentos de negociar, quizás lo más civilizado universalmente, solución aplicada en la mayoría de los países con circunstancias parecidas. La dificultad en esta ruta ha sido enfrentar un régimen empeñado en una ruta contraria, aumentar el control político, exterminar física y moralmente a los oponentes, cerrar puertas, periódicos y abrir prisiones, subordinar las FANB en el exterminio sin tregua. Unir las armas y el terror para aplastar la voluntad ciudadana. Estas circunstancias obviamente derrotaron la posibilidad de establecer acuerdos. El tercer camino explorado ha sido la posibilidad de revertir la situación a través de lo normal, es decir, la vía electoral. Después de la derrota de 2015 el régimen decidió no dejar ninguna grieta libre. Eliminó los partidos políticos y construyó algo llamado mesita, oposición ad hoc respaldada por instituciones cómplices, un CNE madurista.
Caminos emprendidos en medio de la división de la oposición, unos creyendo o esperanzados en la posibilidad de la llegada de un salvador con botas y bien armado, otros depositando sus deseos en negociaciones o la ansiada derrota electoral cimentada sobre la experiencia de 2015.
En este camino lleno de trampas, errores y falsas esperanzas, la oposición ha aprendido, ha calibrado la dimensión de un enemigo, armado del poder de cambiar las reglas del juego y aprovechar cualquier resquicio para consolidar su ambición de eternizarse en el poder. La oposición ha aprendido pero el régimen también ha afilado sus garras.
La oposición como gran logro ha reunido un fuerte respaldo externo de países democráticos, pero le ha sido muy difícil lograr la unidad de la oposición, totalmente dividida. La meta-unidad ha sido imposible, trasluciendo una desgastante lucha entre sectores opositores, causa de la desviación de las fuerzas que deberían aplicarse a la derrota del régimen. Ante estas peripecias de nuestra historia reciente, el recrudecimiento de la crisis interna y el fracaso de los caminos emprendidos se recurre a la consulta popular, como camino, conscientes de que no se trata de una solución definitiva, pero sí un derecho constitucional y pacífico en la búsqueda de elecciones transparentes y legítimas.
Al respecto monseñor Ovidio Pérez Morales plantea algo indiscutible: ¿Hay algo más obligante y oportuno en el presente desastre nacional, que preguntarle al soberano, quien tiene poder propio, originario y constituyente (CRBV 5), ¿qué ordena para comenzar la reconstrucción de este país?
Afirmación refrendada por el padre Ugalde: Nuestra consulta no es para averiguar el ya conocido rechazo al régimen; es para que el mundo y nosotros mismos nos escuchemos en un sí rotundo unitario al cambio.
La consulta, por supuesto, ha erigido murallas de críticas y calificativos: Ingenua, inútil, peligrosa. Podemos adelantar con toda honestidad que hasta los momentos no encontramos en las críticas examinadas un solo argumento que excuse a los ciudadanos su participación.
Veamos lo de inútil: “No hay que seguir averiguando lo que ya se sabe, lo que hay que hacer es reunir las fuerzas para imponer la salida del régimen”. Esta versión cae en lo que denuncia, su inutilidad ¿Qué significa reunir las fuerzas para sacar a Maduro? Debe referirse obviamente a otras fuerzas misteriosas, quizás la única ayuda sería atreverse a nombrarlas, poner las cartas claramente sobre la mesa. La otra, “no denunciar lo que ya se sabe”, se podría también aplicar al último Informe Bachelet; acaso no sabíamos que en Venezuela se torturaba y asesinaban opositores, con el mismo argumento ¿fue inútil el Informe Bachelet?
En cuanto a la acusación de ingenua, se imputa la construcción de una trampa para los participantes, asustan a los ciudadanos con la amenaza de una nueva Lista Tascón, la bautizan alevosamente de “tasconsulta”. En este caso se actúa irresponsablemente y con ignorancia, tratan de ocultar que la tecnología de la consulta popular prescinde del Registro Electoral y de las listas. Cada persona solo puede participar una vez. Cero nombres y cero listas. La Lista Tascón carece de fuentes, por tanto, imposible. Sin listas no hay listas. Los nombres de los participantes por la tecnología moderna se convierten en códigos. Totalmente auditables. Además, no hubo Lista Tascón el 16J, la oposición destruyó las pruebas como prometió.
Sería mucho más honesto reconocer que el producto de la consulta será la contundente manifestación de la Voluntad Ciudadana, lo sabemos, pero tenemos que materializarlo, no bastan las encuestas, es imprescindible para unir a la oposición y reforzar el apoyo externo. La voluntad ciudadana no es una inutilidad, un error político o un falso peligro, es consolidar como instrumento de lucha el fundamento de la democracia, oír y obedecer las órdenes de los venezolanos. Un sí rotundo y unitario al cambio.