La Policía ha allanado sedes de organizaciones humanitarias y aprisionado a algunos de sus trabajadores, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recortó la financiación a las ONG y el Parlamento prepara normas para regularlas. Quienes ayudan a los más necesitados en Venezuela no tienen duda: están bajo ataque.
Todo esto ha ocurrido en cuestión de semanas, en las que el chavismo subió el tono en contra de las organizaciones no gubernamentales, convertidas en enemigas de la revolución bolivariana, según el discurso oficialista.
El acorralamiento se produce, además, justo cuando el 80 % de la población se encuentra en pobreza extrema o, como lo expresa la ONU, millones de venezolanos tienen necesidades humanitarias urgentes.
Criminalizar la ayuda
«Consideramos que mantener el hostigamiento y la criminalización de la ayuda humanitaria tiene un único perjudicado: las personas», dice a Efe Luis Francisco Cabezas, director de Convite, una entidad que ayuda a ancianos pobres y que fue objeto de un operativo policial a mediados de diciembre pasado.
Luego de ese episodio, que terminó con Cabezas rindiendo declaración en una sede policial, Convite pudo recuperar los equipos que les habían sido confiscados en medio del allanamiento, pues -asegura el director de esa organización- no han incurrido en ninguna ilegalidad al ayudar a 25.000 personas en los últimos 15 años.
Sin embargo, el activista cree que este tipo de acciones hace que «sea cada vez más difícil» el trabajo para desplegar el plan de respuesta humanitaria aprobado por la ONU, que contemplaba 762 millones de dólares solo para el año 2020.
Naciones Unidas, explica Cabezas, «no tiene las capacidades» en Venezuela para distribuir toda esa ayuda y por eso trabaja con decenas de ONG locales que tienen «vinculación con las comunidades» y son las que asisten a los más desfavorecidos en temas como alimentación, agua, energía, derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
Menos asistencia
María Elena Morán se siente «muy decepcionada del Gobierno». La señora de 51 años, que vive en pobreza extrema, recrimina al Ejecutivo y no a la Justicia que cinco trabajadores humanitarios estén hoy tras las rejas, en el estado Zulia (oeste), donde ella reside junto a su familia.
El quinteto, miembros de la organización Azul Positivo, se ha vuelto un símbolo de la afrenta que denuncian las ONG venezolanas, luego de que fueran detenidos y posteriormente acusados por delitos como asociación para delinquir y legitimación de capitales.
María Elena insiste, al igual que numerosas organizaciones de derechos humanos, en que estas personas son inocentes y advierte que con su trabajo ayudaban a «calmar las aguas», en alusión a la asistencia que brindaban en comunidades profundamente empobrecidas de esa región.
«Azul Positivo ha sido una ventana a los barrios olvidados, los que pasan hambre, necesidades (…) yo he sido beneficiaria en tres ocasiones, he recibido bolsas de comida, alimentos muy caros que no he tenido», dice la mujer.
La denuncia cobra fuerza
Las detenciones y los señalamientos que han sufrido los actores humanitarios terminaron por aliar a estas organizaciones que ven en las últimas acciones a un gobierno que no quiere que se conozca ni divulgue la «dramática situación actual de los venezolanos», o al menos así lo considera Rafael Uzcátegui, director de Provea.
«Ahora, en este 2021, se intenta silenciar las voces de la sociedad civil, quienes vamos a continuar hablando sobre lo que pasa en Venezuela, estamos hablando de medios de comunicación, de periodistas, de líderes sociales y de defensores de derechos humanos», sostiene el sociólogo.
Con la misma vehemencia, decenas de trabajadores humanitarios y organizaciones locales se han manifestado, con protestas callejeras y numerosos mensajes en las redes sociales, para exigir que cese lo que consideran una persecución judicial y gubernamental.
En esta cruzada, las ONG locales han contado con el respaldo parcial de la ONU, que por un lado se ha sumado a las voces que piden la excarcelación de los activistas detenidos en Zulia y por otro lado suspendió el programa de transferencias monetarias con el que miles de familias recibían dinero para gastos básicos.
Aunque Naciones Unidas asegura que esta decisión solo afecta a un «porcentaje reducido» del plan de respuesta humanitaria, los defensores alegan que se trata de millares de venezolanos a quienes les arrebataron su único sustento.
Continúa el escrutinio
Del otro lado del relato, el chavismo, que ahora ejerce poder desde el Parlamento, ha ofrecido una nueva legislación para sancionar a las ONG venezolanas que reciban dinero de Estados Unidos, bajo el argumento de que son parte de la conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Así lo ha dicho en varias oportunidades el jefe de la bancada oficialista, Diosdado Cabello, quien asegura que estas organizaciones son «capaces de dar golpes de Estado».
Aunque hasta ahora se desconoce el alcance de esa eventual ley, Cabezas augura que, debido a este cerco y a todas las presiones, algunos trabajadores humanitarios «van a terminar siendo víctimas de miedo», mientras las organizaciones experimentarán deserciones de personal, reorientarán su accionar o dejarán de funcionar.
Esto, subraya, dejaría a más de 10 millones de venezolanos con menos oportunidad de ser asistidos y, casos como el de Paola, una joven madre de cinco niños, que también era beneficiaria de Azul Positivo en Zulia, se multiplicarán y traducirán en más hambre y vida en la miseria.