La Unión Europea incluirá en su régimen de sanciones en Venezuela a unos 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre, que la comunidad internacional no reconoce, y en las graves violaciones de Derechos Humanos recogidas por el informe de Naciones Unidas, ha confirmado un alto cargo.
El bloque europeo dará luz verde a la extensión de las restricciones, en principio en el Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes. Se busca de esta forma dar respuesta a las elecciones del pasado mes de diciembre y redoblar la presión sobre las autoridades de Caracas.
El número de personas objeto de sanciones europeas pasaría a ser el doble, puesto que en la actualidad las medidas afectan a 36 dirigentes.
Esta es la respuesta del bloque europeo a un proceso electoral que tacha de fraude y del que no reconoce el resultado, aunque a su vez ha evitado extender el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado pero mantiene que es un interlocutor para la salida a la crisis venezolana.
Se espera que la lista incluya a una treintena de funcionarios. Según ha informado una fuente diplomática, la medida supondría la congelación de bienes y la prohibición de entrada en la UE, en línea con las cuatro rondas de sanciones aprobadas hasta ahora por el bloque desde que estableciera el plan de sanciones en 2017, a la vista del deterioro democrático en el país.
En el margen de este régimen de restricciones, la UE mantiene en la lista negra a 36 personas con cargos oficiales y responsables de minar la democracia y violar derechos fundamentales.
Con este instrumento, los Veintisiete buscan responder a acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos. Las medidas comprenden también el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna.
Las elecciones de diciembre en Venezuela, las más cuestionadas de su historia
Unos 14.400 aspirantes se disputaron 277 escaños, 110 más que en las últimas parlamentarias, en 2015, porque el Consejo Nacional Electoral elegido a dedo por el régimen alteró la conformación del Parlamento.
Violando la Constitución y las leyes, aumentó la cantidad de diputados a ser electos en un 60%, pasando de 167 diputados a 277, asignando más cargos a elegir en localidades pequeñas pero que históricamente han favorecido al chavismo, para así asegurarse más diputados.
Los partidos más grandes que son contrarios al chavismo participaron en las elecciones con directivas impuestas, tras ser intervenidas las originales por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y nombrar sustitutos para los líderes tradicionales, que habían decidido que sus formaciones no acudirían a estos comicios.
Así, por ejemplo, en julio pasado la Corte chavista intervino Voluntad Popular -el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López-, se quedó con el sello, echó a todos sus verdaderos militantes e impuso una “junta ad hoc » encabezada por el diputado José Gregorio Noriega, del grupo de los parlamentarios “traidores” que abandonaron las filas democrática por dinero.
La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, al igual que el grueso de la oposición venezolana y diversos sectores ciudadanos, no reconocieron los comicios al alegar que no podían ser vistos como democráticos. Además, hay más de 50 países en el mundo que no reconocen a Maduro como gobernante legítimo de Venezuela, por lo que tampoco respaldaron ese proceso electoral.