La abogada Lilia Camejo explica que la orden de que todos los presos estén bajo custodia del Ministerio Penitenciario es «absolutamente legal», pero sostiene que mezclar a los presos políticos o de conciencia con presos que han delinquido en cárceles comunes es un riesgo
Luna Perdomo| TalCual
Hace pocos días salió en la Gaceta oficial número 42.125 el decreto N° 4.610, que ordena a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) transferir el ejercicio de las funciones de custodia de sus presos al Ministerio Penitenciario. Para ello se otorgó un plazo de 30 días iniciados el 12 de mayo; sin embargo, varias ONG han reportado que estos traslados comenzaron antes de que se conociera la decisión, hecha pública seis días después de ser oficial.
El descongestionamiento de los calabozos policiales de la Dgcim y el Sebin se inició con prontitud. Los retenes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) también están siendo desalojados, aunque este cuerpo policial no fue mencionado en Gaceta.
Al tiempo que comenzaron los traslados, comenzaron las denuncias y preocupaciones con respecto a la orden y las implicaciones que conlleva para los detenidos, pese a que es legal que todos los presos estén bajo la custodia del Ministerio Penitenciario, en este país, esta resolución puede conllevar más violaciones a los derechos humanos de los presos.
En entrevista para TalCual, la abogada Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana, lo primero que explica es que el decreto no habla de presos políticos, sino de todos los detenidos en esas sedes; pero agrega que aún hay mucho vacío de información al respecto, pues se desconoce quiénes serán los trasladados, qué cantidad y bajo qué coordinaciones se está cumpliendo la medida.
— ¿Es correcta la decisión de trasladar a los presos que están en la Dgcim, Sebin y FAES a cárceles comunes?
— El decreto establece que los presos que están en la Dgcim, Sebin y FAES quedan a la orden del Ministerio Penitenciario; eso es absolutamente legal. Los calabozos de las policías no son centros de reclusión y esa irregularidad viene ocurriendo desde hace muchísimos años y todos los calabozos de las diferentes policías están congestionados; el hecho de que estos se descongestionen está bien, y es bien recibido, porque es algo que se viene solicitando desde hace muchos años porque permanecer en los calabozos de estos centros policiales debe ser transitorio.
El decreto no habla de presos políticos, habla de los detenidos que se encuentran en esas policías por diferentes razones; no especifica qué tipo de presos y ha habido como una confusión.
Desde Justicia Venezolana, ya que monitoreamos lo que es la justicia penal militar, consideramos que el traslado de militares activos a cárceles comunes es una irregularidad porque aquí en Venezuela hay cuatro cárceles militares: Cenapromil (Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde); Cenapromil en La Pica, estado Monagas; Cenapromil en Santa Ana, Táchira; y la Brigada 31 de Policía Militar que se encuentra en Fuerte Tiuna. Entonces, los militares activos tienen sus propios recintos carcelarios, que es el lugar a donde deberían ser llevados; no hacerlo como ya han trasladado a algunos de ellos.
Dos de los que yo represento fueron trasladados al Rodeo II; ahí es donde está la denuncia que yo he venido haciendo porque creo que en el tema de los militares activos es un riesgo muy alto llevarlos a cárceles comunes.
— ¿Están las cárceles comunes en condiciones para recibir a estos presos?
— No es un secreto, lo ha denunciado el Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP) que en las cárceles comunes también hay un hacinamiento bastante grande. Hay muchos problemas de salubridad, de enfermedades crónicas, problemas de baja ingesta de alimentos de los privados de libertad. Todos esto va a incrementar esa problemática.
Consideramos que en el caso de los militares, que es lo que a nosotros nos ocupa, se deben haber habilitado unos sitios o lugares específicos, antes de estos traslados, para recluir a militares.
De todas maneras, estos traslados están en desarrollo y espero que muchos de ellos sean llevados efectivamente a Ramo Verde y los dos que yo represento que ya fueron trasladados al Rodeo II hace dos semanas, voy a hacer los trámites ante las instancias correspondientes para que sean trasladados nuevamente, pero a una cárcel militar.
— ¿Cree que esta decisión de sacar a los presos de la Dgcim, Sebin y FAES, justamente cuando se espera que haya un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional (CPI), está buscando por parte de las autoridades demostrar que ahora sí actúan de forma correcta?
— Obviamente este decreto en este momento tiene mucho que ver con eso; de hecho, el fiscal general (Tarek William Saab) dio unas declaraciones donde explica que ya ellos informaron a la Corte Penal Internacional (CPI) de que estaban empezando a realizar este descongestionamiento en estos cuerpos de seguridad.
— ¿Qué implicaciones puede tener el traslado de militares a cárceles comunes? ¿Son más vulnerables a la violación de sus derechos humanos?
— El traslado de militares activos para cárceles comunes es un riesgo enorme, sobre todo para los de la Guardia Nacional; estos cumplen actividades de orden público y saber que los reconozcan o que solamente por el hecho de que los presos comunes sepan que son militares, allí ya hay un riesgo inminente.
Esperamos que en el caso de los que ya trasladaron estén recluidos por lo menos en las áreas que son para funcionarios. Todavía no tenemos la información si estos dos oficiales (uno de la Guardia y uno del Ejército) que fueron trasladados al Rodeo II están en esa área para funcionarios o en qué área se encuentran; estamos esperando que los familiares se informen mejor con respecto a eso y nos digan a nosotros.
El traslado también es una complicación para las familias. Yare y el Rodeo están fuera de Caracas y llevarle los utensilios de aseo personal y la comida se va a volver mucho más engorroso para las familias.
El otro punto que es muy delicado es que en estas cárceles comunes hay personas que han cometido delitos que no son políticos; entonces, mezclar a presos por razones políticas, presos de conciencia, con personas que han delinquido con delitos más complicados -por llamarlos de alguna manera- es un riesgo porque las personas que han sido privadas de libertad por razones políticas no son delincuentes. Los oficiales activos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada que están privados de libertad no son delincuentes.
— ¿Quién determina el lugar de reclusión de estos presos?
— El que determina el sitio de reclusión de un privado de libertad es el tribunal que maneje la causa, bien sea un tribunal de control, de juicio, o un tribunal de ejecución, porque el privado de libertad está a la orden del tribunal que lleva su causa.
Espero que se estén haciendo las coordinaciones para la ejecución efectiva de este decreto con los tribunales respectivos.
— ¿Se sabe si la totalidad de los presos que están en los calabozos de estas tres sedes serán trasladados o solo algunos de ellos?
— No manejamos la información de quiénes faltan por trasladar o si van a ser todos o no. Imagino que van a trasladar a muchos de ellos, pero no creo que sean todos porque hay algunos casos que para ellos son más delicados; los cuales deben permanecer allí.
Lo que sí sabemos por los familiares es que les están avisando los que van siendo trasladados o los que van a trasladar.
— ¿Cuáles son las impresiones de los familiares al conocer este decreto?
— Por parte de los familiares hay mucha angustia, sobre todo de los que aún (sus presos) permanecen en estas sedes porque no saben y tienen la incertidumbre de no saber hacia qué cárcel va a ir su familiar. No saben si será Rodeo, Yare o Ramo Verde.
Estos días han sido bastantes angustiantes para ellos pues justamente está esa incertidumbre esperando que les hagan la llamada para saber hacia dónde van a ser cambiados.
— ¿Han sido notificados los organismos internacionales que están vigilantes de los derechos humanos en el país sobre estos traslados?
— Muchos de los familiares han ido a hacer las denuncias directamente. Nosotros sabemos que los traslados comenzaron hace dos semanas y el decreto se conoció hace pocos días.
Ya los organismos internacionales están al tanto de este tema de los traslados. El problema no es el descongestionamiento y de hecho, en los informes de la ONU, la señora Bachelet había instado al gobierno venezolano a que descongestionara estos sitios; el problema es que para donde los están llevando también está congestionado.
— ¿Cuántos militares presos hay en este momento?
— Tenemos un registro de 140 militares presos en la actualidad, obviamente esa cifra no es absolutamente exacta porque hay algunos procesos con medidas cautelares, medidas humanitarias, unos que son detenidos y no nos enteramos de inmediato; entonces la cifra se incrementa y disminuye.
De estos 140 conocemos el proceso y el tribunal que lleva la causa.