El drama que padece Venezuela relacionado con la mala gestión de sus riquezas y sus activos ataca ahora, de nuevo, al gobierno interino liderado por Juan Guaidó.
Daniel Lema Rincón / gaceta.es
En esta ocasión, se trata de Monómeros Colombo Venezolanos S.A, empresa venezolana radicada en la ciudad colombiana de Barranquilla, y que produce cerca del 40% de la materia prima para la fabricación de fertilizantes y productos agropecuarios.
A principios del mes pasado se conoció la decisión de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) de someter a la empresa venezolana a la figura de control. Esta figura es el máximo nivel de supervisión que puede ejercer la superintendencia colombiana sobre una sociedad con el objeto de subsanar una situación crítica de orden jurídico, económico o administrativo.
Monómeros era controlada por la dictadura de Nicolás Maduro por pertenecer a Petróleos de Venezuela. No obstante, pasó a ser gestionada por la oposición venezolana, luego de la conformación del gobierno interino presidido por Juan Guaidó en el año 2019. El gobierno interino nombró la junta directiva ese mismo año por lo que cabe preguntarse cómo es posible que después de más de dos años uno de los mayores activos que posee Venezuela en el exterior -junto a CITGO- esté prácticamente en la quiebra.
Aproximadamente hace un año, Julio Borges, canciller del interinato, denunció a través de redes sociales la opacidad en el manejo de esta empresa, y no sólo eso, hizo mención a unos funcionarios del gobierno interino que al parecer habrían tratado de hacer negocios con Paraguay en nombre de la compañía estatal petrolera venezolana PDVSA.
Ninguna de las denuncias recibió mayor atención pública a nivel oficial y el tema, como de costumbre, se dejó pasar hasta que en septiembre de este año el gobierno colombiano, a través de Supersociedades se hizo con la supervisión de la empresa. Para Colombia Monómeros sí es importante ya que representa un asunto de seguridad nacional debido a su importancia en la producción de alimentos.
Ante esta situación, Julio Borges volvió a denunciar el caso y -por si acaso- comentó que llevaba mucho tiempo denunciándolo. Lo cierto es que ya el daño está hecho y existe la posibilidad de que la empresa se pierda y pase a control de Colombia.
De acuerdo con las denuncias realizadas por el canciller, la crisis se debe -como siempre- al manejo partidista que se ha hecho de la empresa. Por este motivo, Julio Borges planteó la creación de un fideicomiso donde se coloquen los activos de la república en el exterior para que los partidos políticos se dediquen a lo único a lo que deberían estar dedicándose: la caída de la dictadura, la implementación de justicia y el asentamiento de bases sólidas para la reconstrucción de Venezuela.
Luego de más de veinte años de lucha política no se entiende que la oposición venezolana pretenda diferenciarse del chavismo repartiendo el manejo de los activos del país por medio de cuotas entre los partidos políticos que la integran. A estas alturas ya no se puede hablar de ingenuidad o de buenismo. Estas actitudes en estos tiempos parecen más bien una burla.
Como era de esperar después de hacer las denuncias el gobierno interino se defiende con comunicados donde se desligan de las acusaciones y tratan de contraatacar al denunciante en una actitud por demás cobarde. Intentan evadir la responsabilidad de las acciones cometidas y haciéndonos pasar nuevamente a los ciudadanos por imbéciles.
Ninguno de los involucrados está exento de responsabilidades ante los ciudadanos, porque las denuncias hechas por Julio Borges debieron seguir haciéndose públicas hasta generar los cambios necesarios. Y no hace un año, sino desde el momento en que se planteó el manejo de los activos de la república por parte de los partidos políticos.
Tampoco se puede eximir ni a Juan Guaidó, ni a Leopoldo López o a los demás miembros del gobierno interino -el resto de partidos-. Los primeros porque tenían la información y la responsabilidad para que esto no ocurriera, y precisamente fueron quienes lo permitieron. Se dice que la expresidenta de Monómeros, Carmen Elisa Hernández, es cercana a Leopoldo López y es mencionada como operadora financiera. Los segundos, por cómplices, por complacientes, por querer pasar desapercibidos mientras las negociaciones en México y las «elecciones» de noviembre desvían la atención, y así se pueda olvidar nuevamente este caso.
Este gobierno interino sin ser un gobierno con poder real ya tiene a sus espaldas varios casos en los que se presumen hechos de corrupción o que acarrearían investigaciones y sanciones administrativas, e incluso quizá penales. Entre ellos, el caso del famoso «cucutazo», la presunta negociación en nombre del interinato con el gobierno del Paraguay, y ahora este de de Monómeros.
¿Qué ha pasado con estos casos? ¿Contamos con una página de transparencia donde se nombre a los imputados y se mencione el avance o el estatus de las denuncias? ¿Ha habido alguna decisión al respecto? Seguramente «se están investigando», como siempre, como todo.
Para tener una mayor perspectiva acerca de la indignación que la opacidad del gobierno interino genera cabe resaltar que, de acuerdo con la última encuesta de condiciones de vida llevada a cabo y publicada por la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela presenta entre muchos otros, los siguientes datos: su población ha perdido tres años de esperanza de vida; 500.000 estudiantes menos inscritos en los colegios; el 86% de los migrantes que se ha ido lo ha hecho en busca de un mejor empleo: y el 94,5% de la población se encuentra en pobreza total y el 76,6% está en pobreza extrema.
Con esta información sobre la mesa y conociendo la actuación de la oposición en el manejo de los activos pertenecientes a los ciudadanos, deberíamos reflexionar si algunos de los liderazgos de la oposición son los que merecemos, porque ciertamente, a la luz de los acontecimientos, está claro que no son los que necesitamos.
No solamente se trata de salir de la dictadura. Cuando se dice que el cambio en Venezuela debe venir de los venezolanos se incluye que la oposición debe actuar de forma ejemplar ante los ciudadanos y la comunidad internacional. Si no lo hacen, somos los ciudadanos quienes debemos exigirlo, porque si hoy en día, sin ser un gobierno formalmente constituido, son opacos a la hora de actuar y de manejar los recursos de la república, ¿se los imagina usted siendo transparentes y probos cuando lleguen al poder y controlen todos los poderes del estado?