El exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal, conocido como El Pollo Carvajal, reclamado por Estado Unidos por supuestamente comandar durante veinte años una organización dedicada al narcotráfico de cocaína, ha relatado desde que fue detenido el pasado mes de septiembre en Madrid ante la justicia española las relaciones de favor que han mantenido diversas personalidades españolas con el Gobierno de Venezuela.
Por 20minutos.es
Estas manifestaciones se enmarcan en su intento de no ser extraditado a EE UU para ser juzgado de los delitos de los que se le acusan y permanecer en España. Actualmente, el proceso está paralizado a la espera de que Washington envíe garantías por escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el trato que recibiría de ser puesto en manos del Departamento de Justicia, para lo cual la potencia americana cuenta con un plazo de 45 días a contar desde el 29 de octubre.
Tras su detención, Carvajal ingresó en la prisión madrileña de Estremera a la espera de ser extraditado y pidió entonces poder declarar en el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional en el que se tramitó su extradición, a lo que accedió su titular, el magistrado Manuel García Castellón.
En principio dijo que iba a hablar sobre temas de terrorismo internacional como ETA y las FARC, pero finalmente en su declaración denunció presuntos tratos de favor a personalidades como el exjuez Baltasar Garzón, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o exdirigentes de Podemos, entre ellos lo que citó a Juan Carlos Monedero (uno de sus fundadores).
En relación a Garzón, Carvajal presentó en la Audiencia Nacional documentación sobre supuestos contratos por valor de 8,8 millones de euros del despacho de Garzón, Ilocad, con la petrolera estatal (PDVSA).
Según publicó el diario digital The Objective, se trata de un contrato, suscrito en 2016 y que seguiría vigente, por el que PDVSA contrata al despacho de Garzón para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho.
A la luz de ese contrato, entre las labores encomendadas a Ilocad figuraría la “coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España”.
Por su parte, ILOCAD desmintió en un comunicado que fuese contratado por PDVSA en 2016, sino que fue el despacho americano Squier Patton Boggs, que lleva la defensa mundial de la petrolera, quien contrató sus servicios.
El despacho negó, además, haber cobrado casi 9 millones de euros por tales servicios y haberse coordinado con “la Fiscalía y la judicatura para agilizar los trámites y avances del procedimiento judicial”.
Otras presuntas irregularidades denunciadas por el exgeneral venezolano implicarían al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido mediador entre el régimen chavista y la oposición.
Del exlíder del PSOE ha asegurado que es propietario de una mina de oro en Venezuela y que ha colaborado en operaciones de corrupción del Gobierno. Carvajal explicó que está en proceso de obtener información que pruebe ese acusación.
Por otra parte, Carvajal habría apuntado también a personas del entorno de Podemos como receptores de fondos de PDVSA a cambio de supuestos informes de asesoría.
El exgeneral venezolano aseguró que la petrolera realizó transferencias por valor de 142.000 dólares en favor de Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez a través de la empresa Viu Comunicaciones.
Entre los archivos entregados a la Audiencia Nacional, aportó otra orden de pago que habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para “propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano”. En este documento, que fue revelado en 2016 por distintos medios, se citaría expresamente a Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge y Juan Carlos monedero Monedero como “destacados profesores” a los que definiría como “aliados naturales de la revolución bolivariana”.
Además, en un escrito incluido en este bloque documental, El Pollo indicó que Monedero habría recogido en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros que habrían salido de la Embajada de Cuba en Venezuela.