Miles de empresas del sector privado fueron objeto de la política de expropiación del chavismo desde el año 2000. Los argumentos para justificar esta medida fueron el desarrollo de la economía interna no petrolera y la estabilidad laboral. Pero 22 años pasaron y decenas de compañías estatales cerraron sus puertas, el país recién sale de la recesión económica, ha sido demandado en tribunales arbitrales por grandes sumas de dinero, la importación de bienes aún supera con creces a las exportaciones, se observa un deterioro de los servicios públicos y ha ocurrido un éxodo laboral de grandes proporciones.
Por TalCual
Entre las otras premisas utilizadas para llevar con fuerza el «exprópiese» de Hugo Chávez en Venezuela destacan la seguridad y soberanía agroalimentaria, así como el manejo de recursos estratégicos para dinamizar la economía interna. Pero sobre todo, el de otorgarle el manejo de las empresas a la «clase trabajadora».
En las últimas dos décadas el país se sumió en una recesión continua de seis años en la que se perdió entre 75% a 80% del tamaño de la economía, en una caída de la actividad petrolera de 2,5 millones de barriles diarios; de una producción cercana a cero de las empresas siderúrgicas y de aluminio, así como de mínimos históricos de la única empresa cementera que queda en pie.
A esto se suma, las 6,5 millones de hectáreas de tierras «rescatadas» por el gobierno de Chávez desde que se promulgó el Decreto-Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001. Luego se intervinieron 4.000 hectáreas más, consideradas por el gobierno como latifundios. Esta política trajo como consecuencia las invasiones ilegales y matanzas de reses en las fincas, y no llegó la tan ansiada «soberanía alimentaria» del chavismo puesto que aún hoy, el país depende de las importaciones.
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