El proyecto de ley, que ya se introdujo en el Congreso, propone «reducir al deuda social histórica» que existe en el país suramericano.
La reforma tributaria, una de las propuestas de campaña de Gustavo Petro, ya llegó al Congreso con la promesa de hacer que los más ricos contribuyan a disminuir la deuda social acumulada por décadas en Colombia.
Aunque la propuesta no generó el clima de ingobernabilidad y protestas provocadas por la reforma planteada por su antecesor, Iván Duque, desde algunos sectores empresariales apuntan que afecta a los más pobres.
El documento fue radicado ante el Legislativo por los ministros de Hacienda, José Ocampo, y del Interior, Alfonso Prada. En principio será debatido en las comisiones económicas y luego en el Senado y la Cámara de Representantes.
Como la bancada del Pacto Histórico cuenta con mayoría en el Parlamento, luego de un proceso de acuerdo nacional entre varios partidos, el presidente podría ver aprobada su primer proyecto de ley, lo que no implica que el articulado original no sea modificado.
Los principios de la reforma
El preámbulo de la ‘Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social’ destaca que la propuesta se basa en los principios constitucionales de «equidad, eficiencia y progresividad», y tiene como fin «contribuir a reducir la deuda social histórica que tiene el Estado colombiano con sus habitantes». Esto último ha sido un clamor de la ciudadanía en distintos gobiernos.
El acento se pone en los temas pendientes que afectan a los sectores más vulnerables: pobreza, hambre y desigualdad. Del mismo modo, se plantea «disminuir los tratamientos tributarios» que han privilegiado a la minoría más rica que, según Ocampo, tributan menos que los asalariados.
En el texto se afirma que los ingresos tributarios en el país suramericano son «sustancialmente bajos» si se comparan con otros de la región. El promedio de recaudo de América Latina es de 27,3 % del PIB, mientras que en Colombia el porcentaje es de 19,7 %.
¿Cuáles son los objetivos?
Los planteamientos básicos son dos:
- Disminuir las exenciones inequitativas que tienen las personas naturales con más altos ingresos y algunas empresas, y evitar la evasión y la elusión tributaria, a través del fortalecimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
- Lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social.
¿Cuál es la meta de recaudación?
La meta de recaudación 25 billones de pesos (5.797 millones de dólares), que corresponden al 1,72 % del Producto Interno Bruto (PIB) de 2023 y al 1,39 % del PIB entre 2024 y 2033. Se espera a mediano plazo lograr 3,4 % del PIB anual.
¿A quien va dirigida?
Según quienes la proponen, las medidas contempladas por la reforma «se verían reflejadas en una redistribución del ingreso a favor de los hogares vulnerables, con importantes efectos en su bienestar».
El beneficio directo sería la reducción significativa de la pobreza monetaria y extrema. En 2021, la primera fue de 39,3 % y la segunda alcanzó el 12,2 %.
También se espera que la desigualdad tenga un descenso aproximado de nueve veces la caída anual promedio observada durante los últimos 14 años.
¿Cuáles impuestos pagarán las personas naturales?
- Limitación de los beneficios tributarios para quienes tengan ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales (2.300 dólares), lo que representa 2 % de la población.
- Pago de impuestos para las personas que reciban pensiones por más de 10 millones de pesos mensuales. Esto representa el 0,2 % de ese sector.
- Impuesto de 0,5 % a los patrimonios de más de 3.000 millones de pesos (unos 693.000 dólares) y de 1 % para los mayores de 5.000 millones de pesos (un millón de dólares).
- Disminución de exenciones tributarias a los altos ingresos.
- Eliminación de los tres días sin IVA establecidos por el Gobierno de Iván Duque en 2020.
- Eliminación del impuesto 4 x 1.000 (cuatro pesos descontados por cada mil), conocido como Gravamen de Movimientos Financieros (GMF). Solo sería aplicado para quienes hagan transacciones mayores de 13,3 millones de pesos al mes (unos 3.000 dólares).
- Aplicación de IVA para bienes importados por debajo de los 200 dólares, provenientes de los países que no tengan TLC con Colombia.
- Eliminación de la exclusión de IVA y la exención de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en zonas de frontera.
¿Cuáles impuestos pagarán las empresas?
- No habrá alza de Impuesto sobre la renta pero sí se limitarán los beneficios tributarios.
- Disminución de exenciones para algunos sectores y empresas.
- Redistribución de los beneficios que generan altos precios del petróleo, el carbón y el oro, a través del impuesto de 10 % sobre un precio calculado con base a la exportación de estos bienes.
- No se permitirá deducir las regalías del impuesto de renta, porque son pagos de los privados a la nación por explotar la propiedad de la nación.
¿Cómo son los impuestos ‘saludables’?
El mayor debate se centró en los llamados ‘impuestos saludables’, incluso antes de que Petro se juramentara como presidente. En este grupo entra el gravamen a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.
Según el proyecto introducido en el Congreso, la reforma busca disminuir las «externalidades negativas», que son los efectos dañinos para la sociedad, la salud y el medio ambiente causados por las actividades derivadas de la producción y el consumo.
Bebidas azucaradas y ultraprocesados
Se considera como bebidas azucaradas las que tienen edulcorantes naturales, artificiales o azúcares añadidos. En esta definición se incluyen bebidas gaseosas o carbonatadas; a base de malta, té, café, frutas; bebidas energizantes, aguas endulzadas o saborizadas y mezclas en polvo, entre otras. Solo están exentos los derivados lácteos con características específicas.
El impuesto estará a cargo del productor, el importador, o quien se vincule económicamente con ambos. El tributo será de 10 % sobre el precio de venta del bien.
En los ultraprocesados entran alimentos tipo ‘snack’, dulces empaquetados, galletas, carnes en conserva, ponqués, tortas, chocolates, cereales, salsas y sopas, entre otros. Estos se guiarán por el mismo tipo de impuesto de las bebidas azucaradas.
Voces en contra
Frente a los señalamientos de que estos impuestos solo afectarían a las familias en condiciones de pobreza, que suelen adquirir con mayor frecuencia este tipo de productos, los responsables aducen que a través del precio podrían reducir su consumo y, por ende, la incidencia de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. Ese descenso también impactaría en la baja de este tipo de pacientes en el sistema de salud.
En medio de la polémica, el Gobierno tuvo que desmentir que se hubieran incluido productos como la mortadela, la butifarra y el salchichón, entre otros, de la canasta básica, a pesar de que también entran en la categoría del ultraprocesados.
En Colombia ha sido tradicional el cabildeo de los grupos empresariales relacionados con la producción de ultraprocesados y bebidas azucaradas, refiere Vorágine, por lo que en el pasado han logrado modificar o frenar las medidas que consideran que los perjudican, como la ‘Ley de comida chatarra’, aprobada tras dos años de ser introducida ante el Legislativo.
Además, algunos empresarios de esas industrias tienen vínculos o son dueños de medios de comunicación, por lo que se suele publicar información en contra de las decisiones que los afecten.
Impuestos ambientales
Con la reforma tributaria, se creará un impuesto a los plásticos de un solo uso y se ampliará la base gravable de impuesto al carbono (carbón térmico y mineral, combustibles fósiles, derivados del petróleo y gas).
Se aplicará una tarifa de 10 % de gravamen a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro.
Con respecto al tributo al carbono, creado en 2016 para desincentivar el consumo de combustibles fósiles, se asignará una tarifa sobre la emisión de carbono que depende de su grado de contaminación.
Se propone modificar la base de este impuesto, gravando la venta, importación y retiro del carbón térmico, y manteniendo excluido el que es utilizado en las coquerías. Esta modificación se realizará de manera gradual hasta llegar a la tarifa plena en 2028.
Más críticas
El exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, según Semana, considera que aunque los más ricos van a estar afectados por la reforma, quienes están al frente de las industrias pueden tener «comportamientos empresariales nocivos» que terminarían impactado a los consumidores, porque habría un «aumento indeseable en el costo de capital», lo que puede inhibir la inversión privada.
En el proyecto se reconoce que la eliminación de las exenciones de IVA al combustible en la frontera causará su alza del precio, lo que afectaría directamente en los sectores más vulnerables. Esto podría generar descontento popular, apuntan algunos analistas.
El precio del galón quedaría en unos 21.000 pesos (4,9 dólares) lo que, según los transportistas, podría representar un incremento del doble o el triple en los alimentos de la canasta básica de las zonas limítrofes con Venezuela, según Marca.
El estallido social
A pesar de que aún no ha ocurrido el primer debate de este proyecto introducido por la Administración entrante, hay altas expectativas de los sectores populares y no hay protestas en las calles.
Esta situación es diametralmente opuesta a la vivida el año pasado, cuando Duque radicó ante el Congreso su reforma tributaria que contemplaba aumentar el IVA en productos y servicios, eliminar la exención de este tributo en alimentos básicos y reducir el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben pagar impuestos. La meta de recaudación era de 6.800 millones de dólares para paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia.
En un clima de alta conflictividad, tras el anuncio, comenzó una protesta contra la fallida reforma fiscal que dejó como saldo la paralización del proyecto y la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Estas movilizaciones dieron pie a la exigencia del cumplimiento de otras demandas como el acceso gratuito a la educación universitaria pública, la creación de una renta básica mensual para millones de familias y la presencia integral del Estado en las regiones donde operan grupos armados ilegales.
Cuando la protesta ya se había salido de las manos, Duque anunció cambios e introdujo ante el Legislativo un nuevo texto al que llamó ‘Ley de Inversión Social’. Si bien se eliminaba el aumento del IVA, la ampliación de la base del impuesto sobre la renta y se incluía una renta básica para 4,1 millones de hogares, las consecuencias las manifestaciones se habían hecho sentir en su Gobierno y en el país.
Este fue un revés más, pues ya en 2018, Duque propuso una primera reforma tributaria que fue declarada inexequible por el Congreso. En 2019, el exmandatario volvió con la ‘Ley de Crecimiento’, que aunque fue aprobada en el Parlamento, también fue rechazada por la población y generó manifestaciones.