Con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), que ha determinado que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
El más reciente informe de la FFM fue presentado el mes pasado y concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron «crímenes de lesa humanidad» y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.
Los países que votaron a favor de la resolución fueron Brasil, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Islas Marshalls, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, República de Corea, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
Bolivia, China, Cuba, Eritrea y Venezuela fueron los cinco países que votaron en contra.
Mientras que los países que se abstuvieron durante la votación fueron Argentina, Armenia, Benín, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Honduras, India, Indonesia, Kazajistán, Libia, Malasia, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.
Hector Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU rechazó el proyecto de resolución, lo calificó de «hostil iniciativa» y advirtió que «entorpecerá las relaciones de cooperación y asistencia técnica» del gobierno con la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU (ACNUDH).
«El proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo entre los principales actores políticos del país e incluso constituye un triste mensaje para la comunidad de naciones en un momento en el cual Caracas es sede de importantes conversaciones de una paz regional tan anhelada», manifestó Constant durante el debate.
Días atrás, Constant advirtió que, frente a una eventual prolongación del mandato del mecanismo que calificó de injerencista, tomarían las medidas «políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral».
Venezuela recibió el respaldo de la delegación de Cuba, que rechazó el uso de mecanismos de derechos humanos para incentivar una política de «hostilidad» contra el pueblo y el gobierno venezolano.
Varios países, entre ellos Paraguay, insistieron durante el debate en que es necesario que el Consejo de DDHH de la ONU continue abordando la situación de los derechos fundamentales en Venezuela y subrayó que, aunque la resolución reconoce que el Estado venezolano «ha dado pasos razonables» en la dirección correcta, insistió en que los desafíos «son enormes».
La delegación de México argumentó su decisión de abstenerse debido a las gestiones que realiza «a efecto de mantener las negociaciones políticas para albergar los diálogos de paz entre el gobierno e Nicolás maduro y la Plataforma Unitaria» de la oposición.
Sin embargo, recordó que, en reiteradas ocasiones, México ha expresado su «profunda preocupación» en reiteras ocasiones, destacando la necesidad de que defensores de derechos fundamentales y periodistas realicen su labor de manera «independiente y en un entorno seguro libre de represión y violencia».
La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y fue prorrogado hasta septiembre del 2022.
La Resolución
El proyecto de resolución L41 aprobado el viernes fue copatrocinado por 48 países y manifiesta preocupación por las «continuas y graves violaciones y transgresiones de los derechos humanos» en Venezuela y respalda la prorrogación del mandato de la Misión «con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas».
Además, insta al Estado venezolano a liberar «inmediatamente» a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, dando prioridad a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
También solicita al Alto Comisionado de DDHH de la ONU que siga vigilando la situación de los derechos humanos en Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla.