Venezuela no obtuvo los votos necesarios para reelegirse dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sobre la nación hay dos instancias de la ONU encargadas de investigar graves violaciones de DDHH: la Oficina del Alto Comisionado y la Misión de Determinación de Hechos
Luisa Quintero – El Nacional
El martes 11 de octubre se realizó la votación para elegir a 14 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con 88 votos de los 97 necesarios, Venezuela vio esfumarse sus opciones de reelección hasta 2025.
Su salida fue aplaudida por diversas ONG que califican este hecho como un nuevo «revés diplomático» para la administración de Nicolás Maduro, a quien señalan directamente de cometer graves violaciones, que incluso podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.
La administración Maduro no participa ni acata decisiones de organismos regionales en materia de derechos humanos como la Comisión Interamericana (CIDH) o la Corte Interamericana (Corte IDH). Ambos mecanismos fueron abandonados en 2013 por decisión del expresidente Hugo Chávez, mientras que en 2017 Nicolás Maduro formalizó su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entonces, ¿queda Venezuela sin supervisión internacional?
La respuesta es no. Sobre Venezuela pesan dos mandatos directos de Naciones Unidas: el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, al igual que una Misión Internacional de Determinación de Hechos. Ambas fueron aprobadas en 2019.
Además, existen diversos mecanismos especiales y grupos de trabajo, instancias auxiliares e independientes del Consejo que investigan situaciones específicas en relación a torturas, desapariciones forzadas, situación de defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias, entre otros.
En el caso de la Oficina del Alto Comisionado, a cargo de Volker Turk, el trabajo está centrado en la entrega de informes —tanto orales como escritos— sobre la situación de derechos humanos en el país y la revisión de las recomendaciones aplicadas por el Estado venezolano desde entonces.
En 2019, tras la visita de la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet, también se logró la firma de un memorando de entendimiento que permitió la instalación de una oficina en el país; así como el acceso a centros de detención, a los detenidos, y la capacitación de organismos como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo en temas de derechos humanos. Cada año se hace una revisión del mismo.
Relatores especiales ONU Bachelet Venezuela
Michelle Bachelet como Alta Comisionada visitó Venezuela en 2019. Con la administración Maduro firmó un memorando de entendimiento
Alí Daniels, experto en derecho constitucional y director de Acceso a la Justicia, recuerda que el gobierno de Maduro ha secundado sus ‘esfuerzos’ en materia de derechos humanos a través de la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado. Incluso esta fue una de las razones esgrimidas para no aceptar la instalación de la Misión de Determinación.
Por ello, destaca que la salida del Consejo «no debería» dificultar el trabajo de esta instancia. A pesar de ello, señala que existe una amenaza latente hecha por el embajador Héctor Constant tras la renovación de la Misión.
«Alertamos desde ahora que Venezuela tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral ante una eventual prolongación del mandato de este mecanismo injerencista», dijo Constant el pasado 26 de septiembre.
Pero Daniels insiste en que «no debería tener nada que ver con este hecho. El Consejo y la Oficina del Alto Comisionado son entes independientes. Como se sabe, la Misión (de Determinación) indicó que había una obstaculización de su trabajo por parte de la Oficina. Entonces no debería haber un castigo castigar a esta Oficina».
En todo caso se debe esperar a las acciones que decida la administración Maduro. «No sabemos qué otras medidas podrían tomarse, visto que cada vez más el Gobierno está perdiendo terreno en Naciones Unidas de una manera determinante», dice el director de Acceso a la Justicia.
Sobre el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos, ya los representantes del Gobierno venezolano han desestimado trabajar o contribuir con ella.
Este mecanismo especial de la ONU ha producido varios informes orales y tres escritos sobre la grave violación de derechos humanos cometidos en el país al menos desde 2014, y de los cuales tienen motivos razonables para creer que son crímenes de lesa humanidad; la falta de independencia judicial y su relación con el Ejecutivo; al igual que las cadenas de mando que han ordenado estos crímenes, encabezada por Nicolás Maduro, y las graves violaciones que se registran en el Arco Minero del Orinoco, al sur del país.
Votación en contra para Venezuela
Otra cuestión que destacan las ONG es la diferencia con las votaciones de otros países, la cual fue bastante abierta. La diferencia de votos con Costa Rica fue de 44, mientras que Chile sacó una ventaja superior a 50.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, afirma que esto demuestra un «mejor conocimiento de la comunidad internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela».
En este punto coincide Alí Daniels. «Esto demuestra que los informes de la Misión, la investigación de la Corte Penal Internacional, y sobre todo el hecho de que los argumentos del gobierno sobre que la situación ha mejorado en materia de impunidad no han tenido eco, porque efectivamente no es así».
CPI
En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional visitó Venezuela e informó el inicio de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Foto: Twitter Nicolás Maduro
El coordinador general de Provea también considera que solo los países solventes en materia de respeto a la dignidad humana deberían conformar este tipo de organismos de protección. «Así que los países con mala conducta como Venezuela cada vez van a tener menor incidencia en la toma de decisiones de estos entes».
Uzcátegui recuerda que ser un «país violador de derechos humanos» tiene consecuencias y, por tanto, «se van a mantener los principales mecanismos de presión diplomática de Venezuela, siendo estos el principal muro de contención que tiene la población venezolana».