Ahora es frecuente que mujeres sean autoras de la violencia intrafamiliar. Así lo refleja el incremento de 90% de la violencia en los hogares de los últimos cinco años, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Lara. En 79% de los casos la mujer es responsable, llamando la atención de sociólogos y defensores de derechos humanos, quienes lo atribuyen al entorno violento en el que viven, recarga de la jefatura familiar sin condiciones, trastornos psiquiátricos, falta de valores, embarazo a temprana edad y sin apoyo del Estado.
Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.
Se preocupan por la incidencia de la violencia que se engendra desde el hogar, la que desconoce géneros. Un cambio que registran desde 2016 hasta 2021 en la entidad, con un ascenso de 1,2% a 12% en la violencia intrafamiliar. La vida en un ambiente de antivalores como el odio, la inmoralidad y la discriminación. Atentan contra los valores como el respeto, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la lealtad, la solidaridad y la armonía.
La mujer cae presa en un entorno hostil, sin empleo, con inseguridad alimentaria y sin oportunidades de superación. Resultan atractivas porque pasan menos desapercibidas en la distribución de drogas, además de la hipersexualización por sus «encantos» para cometer estafas o hurtos.
También están aquellas que por el maltrato de sus parejas se descargan en fuertes castigos a sus hijos, algunas los obligan a delitos sexuales, callan como cómplices del maltrato de padres o padrastros y algunas terminan cometiendo infanticidios, hubo siete casos en 2021. Algunos por trastornos psiquiátricos.
«La criminalidad femenina se agrava por la compleja emergencia humanitaria», señala Carlos Meléndez, sociólogo y coordinador del OVV en Lara, ante el incremento de mujeres como jefas de hogar de extrema pobreza. Aclara que no se trata de justificar este tipo de conducta, pero sí de conocer su origen en la violencia y la desigualdad.
Dijo que la tipología del delito más común está encabezada por la tenencia o tráfico de drogas. Por estar vinculadas con familiares cercanos que las inducen a este tipo de hechos. Les ofrecen ganancias, pero sin medir los riesgos de ingresar a la vida delictiva.
Le siguen los delitos de hurto y estafa para sacar provecho de su capacidad de seducción y convencimiento a las víctimas. Pero el delito más repudiable, en la violencia intrafamiliar, es el infanticidio. Es «la muerte dada violentamente a algún niño o infante, que no ha llegado a la edad de siete años».
Cuidadores
Meléndez analiza todo el contexto, más allá de lo convencional y las condiciones de la pobreza. Señala el aumento de niños al cuidado de terceros y que definen como «no pertenecientes» que terminan sufriendo maltratos verbales y castigos muy dolorosos. Mientras desde el otro extremo, reiteran el alza de las «no madres», que a veces terminan siendo hermanas adolescentes que deben «cuidar» a menores.
Consideran la ausencia del Estado que no brinda protección a la familia ni tiene políticas sociales para mejorar condiciones de vida. «Esto es grave porque la violencia impacta directamente a los niños, quienes pueden repetir a mediano plazo otro ciclo de agresiones». Advierte que así se puede describir cómo se desencadena una vida de creciente hostilidad.
Para Emilin Piña, abogada y presidenta de la Fundación «Mujer, tu voz tiene poder», la dinámica de la mujer ha ido cambiando y en hechos que no eran visibles, como en el ejercicio ilegal de algunas profesiones. «Están sumergidas en condiciones deplorables y eso debe ser tomado en cuenta». Lamenta los efectos de la situación humanitaria que en los últimos dos años se tornó más severa para la familia por el encierro debido a la pandemia de la covid-19.
También cree pertinente y sin justificar ese tipo de acciones, la necesidad de analizar la dinámica y el ambiente donde se han desarrollado. Se puede estar ante falta de educación y un quiebre de la sociedad en antivalores. Además, de asumir la corrupción como norma de vida y sin necesidad de limitarse a lo institucional.
Refiere que el embarazo en adolescentes sigue ganando terreno sin la debida orientación desde el hogar y en planteles educativos. Una falta de información que se generaliza y se instala en menores que no tienen un proyecto de vida, además de la posibilidad de construir una historia diferente a la que enfrenta la familia en la actualidad.
Desde la raíz
Enseñar valores familiares y cómo responder a un ambiente hostil es la primera recomendación de Yudi Chaudary, doctora en seguridad social, ante la ausencia de equilibrio emocional y bienestar en la casa. «Se están perdiendo las palabras y se tiende a una forma agresiva de resolver los problemas», resalta del uso de la fuerza para defenderse o dominar.
Considera que la criminalidad femenina debe salir de la espiral de violencia. La mujer necesita ser auxiliada, pero no se tienen referentes de apoyo y protección, persiste la impunidad por ausencia de denuncias cuando viven el tormento del maltrato de sus parejas.
Llama al rescate de la convivencia y el respeto en las familias, acabar con la sobrecarga de responsabilidad en la mujer. Comenzar en el hogar, desde niños y así criar hombres que puedan asumir el rol de jefe de familia junto a su esposa. Se trata de roles compartidos.
Bajar la violencia
Bajar los índices de violencia y repensar cómo nos comunicamos es la fórmula de Marisol Bustamante, como defensora de derechos humanos, para rescatar una sociedad equilibrada, basada en el respeto. Reconoce los riesgos de sobrevivir en un ambiente violento, con una base cultural que afecta a las familias en pobreza extrema.
Destaca que se trata de una situación compleja, más aún en un universo que puede ser más amplio, al desconocer la totalidad de casos que no salen a la luz pública. Explica que pueden ser más crudos en los hogares de menos condiciones económicas, aunque la violencia no se mide en estatus social y suele ser silente en la clase social pudiente.
Denuncia que ese foco de criminalidad está signado por el nivel de anarquía e impunidad, ante la falta de correctivos y protección desde la institucionalidad. Se refiere a la confianza en la denuncia y la celeridad en el proceso legal por la justicia en los debidos lapsos.
Señala que se debe insistir y evitar que continúe el aumento de la violencia en las familias. De allí, la agenda para este 25 de noviembre en una jornada de protestas en Barquisimeto, recordando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
José Ramón Quero, titular de la Asociación Convite en Barquisimeto, también la falta de justicia para canalizar este tipo de casos, donde los agresores terminan transformando a las mujeres en perpetradoras de maltratos o delitos. El hombre no tiene derecho a imponer dominio que termine dañando a las mujeres.
Exige que el Estado aporte mayores oportunidades para las jefas del hogar que no perciben suficientes ingresos o están obligadas a abandonar el trabajo por no poder resolver el cuidado diario de sus hijos. «El problema es complejo y si las instituciones funcionan, no dejarían ese maltrato bajo el anonimato sin actuación judicial», se queja y exige campañas para sensibilizar, porque también hay que propiciar sanos liderazgos en las comunidades.
El clamor se resume en mayores oportunidades y protección para las mujeres para que no terminen en la criminalidad.
Sin propiciar ese aval para los atropellos a la mujer
El estudio del OVV en Lara, cuestiona al Estado por promover la violencia femenina sobre la base del pensamiento machista y patriarcal. Según Meléndez, tienen confirmados casos en algunos organismos policiales y cárceles, y promoción de liderazgos de mujeres en grupos no oficiales, conocidos como colectivos.
«Se conocen de casos de algunas funcionarias policiales que sometían con violencia a las familias», denuncia de algunos procedimientos de femeninas que se valían de la fuerza. Mientras desde los colectivos «se reproducía la idea de la violencia para controlar espacios de Iribarren, Palavecino y Torres». Así llegamos a ese tipo de liderazgos para obtener mayor dominio.
Las cárceles no escapan a esa realidad y el Estado pierde el control. Repudia una especie de «reproducción del castigo machista» a través de la prostitución o abuso sexual en el penal, bien sea forzadas por tener algún beneficio o al «pactar con pranes» para permitir el acceso y encuentros íntimos.
Esto lo repudia la defensora de derechos humanos, Marisol Bustamante, al enterarse de ocho casos de privadas de libertad embarazadas y sin tener visitas conyugales. No fue por obra del Espíritu Santo, sino por «intercambios» que no permiten corregir una conducta delincuencial, sino más bien afincarse en la revictimización en determinados sitios de reclusión.
Igualmente, expresa Emilin Piña, desde la Fundación «Mujer, tu voz tiene poder», al señalar que el Estado no tiene interés en indagar sobre la sociedad venezolana, más allá de la detención policial y descubrir el giro negativo. «¿Qué ocurre en la familia venezolana? y ¿Cómo corregir?», deja abiertas esas preguntas a las autoridades.
Especialistas coinciden en que las instituciones deben responder a esa deuda con las mujeres.
La maternidad no deseada
Según Yudi Chaudary, doctora en Seguridad Social, el embarazo a temprana edad es uno de los focos que puede ocasionar un desorden en el hogar y terminar en violencia. Una adolescente desorientada y sin el apoyo de la pareja ni de la familia para asumir la maternidad, puede ver al hijo como un obstáculo en su vida.
La amenaza persistirá en la manera cómo ella termine comprendiendo el nuevo estilo de vida, cuando aún no termina de desarrollar su cuerpo. El rechazo de sus parientes puede influir en la negación, intentando interrumpir el embarazo o criando un niño con maltratos, culpándolo de su frustración.
El riesgo está latente de la manera más cruda con el infanticidio, al descargar su ira contra el hijo a la hora de reprenderlo por algún error.