Cuando utilizo en este artículo la fórmula “venimos del futuro” me refiero al sistema de alarmas que hemos desarrollado los venezolanos, que se enciende cada vez que vemos cómo en otros países se producen hechos semejantes a los que condujeron a la destrucción de la democracia en Venezuela. “Venimos del futuro” es un modo de decir que una determinada decisión del poder guarda una inquietante semejanza con los métodos de Chávez y Maduro.
Me importa subrayar el uso de la palabra semejanza porque no se me escapa que entre los países hay diferencias históricas, legales, políticas y de todo orden, que no permiten establecer comparaciones planas y directas. Hay especificidades, realidades intransferibles, que no pueden ser desconocidas. Así, lo ocurrido en un país no podría ser calcado al pie de la letra en otro. Cuando mucho, podría ser tomado como un modelo para adaptar a las condiciones concretas.
Todo lo anterior viene a cuento por las recientes acometidas del gobierno encabezado por Pedro Sánchez para hacerse con el control de los poderes públicos en España. En las últimas semanas, en medio de las celebraciones navideñas, el Mundial de Fútbol y algunas otras distracciones, la democracia española, con sus instituciones hasta ahora sólidas, y la imprescindible separación de poderes, ha estado sometida a los embates de un poder que se ha propuesto tomar el control de todas las instituciones.
Este ataque, perpetrado con el apoyo de las fuerzas políticas enemigas de la unidad del Reino de España, ha sido precedido u ocurre de forma simultánea con otros procesos: control político de la información y la opinión en las comunicaciones del Estado; reparto de recursos bajo modalidades que son prototípicas del populismo; designación de funcionarios en puestos clave, a personas con expedientes judiciales, familiares directos de altos jerarcas del PSOE y amigos conocidos de figuras del poder. Todo esto se ejecuta con un llamativo descaro y, hasta ahora, sin mayores consecuencias. Han reaccionado con fuerza y la debida inquietud sectores políticos, juristas, algunos diarios y comentaristas. No mucho más.
Me siento en el deber de repetir aquí algo que muchos venezolanos pensaban y sentían durante años: en los primeros años con Chávez en el poder, la reacción de la mayoría de los venezolanos era la de rechazar los análisis que nos comparaban con Cuba. De aquello surgió una frase: Venezuela no es Cuba. Y a eso seguían muchos otros argumentos: Venezuela tiene una tradición democrática de cuatro décadas. Venezuela tiene unas fuerzas armadas con firme vocación institucional. Venezuela tiene unos partidos políticos con arraigo en las clases medias y en los sectores populares. Aunque con defectos, en Venezuela los poderes públicos han logrado mantener su independencia. Venezuela, en tanto que propietaria de un recurso tan estratégico como el petróleo, no podría convertirse en una Cuba, asolada por una pobreza extrema y unas extendidas condiciones de vida ruinosas, dominadas por la carestía crónica de todo, por prácticas sistémicas de violación de los derechos humanos y por un panorama vital signado por la desesperanza.
Nadie hubiese aceptado el pronóstico de que llegaríamos a ser un país sometido de forma brutal, a punta de balas y torturas; que la pobreza y un acelerado proceso de empobrecimiento alcanzaría a 95% de la población; que más de 7 millones de personas emigrarían, huyendo de un régimen incapaz de garantizar el derecho a la vida y el acceso a los más elementales derechos.
Cuando repito que los venezolanos «venimos del futuro» es para advertir, con relación a las tenazas con que Pedro Sánchez y sus socios están haciéndose con el control de las instituciones y los poderes públicos, que, en lo esencial, se trata de movimientos legales, administrativos e institucionales, que la mayoría de la sociedad no alcanza a percibir en un primer momento, con toda nitidez. No se perciben ni las intenciones, ni el peligro, ni mucho menos, la ruta de dominación antidemocrática que esos controles suponen.
Lo ocurrido en Venezuela, salvando todas las diferencias que sea necesario anotar, me obliga a alertar a los demócratas españoles, a cada ciudadano, del peligro que esto significa: el control absoluto de las instituciones; la liquidación de la autonomía de los poderes públicos; la politización de todas las instituciones (incluyendo los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, que se constituyeron con el tiempo, en los principales bastiones del poder del chavismo-madurismo); el control abierto y descarado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que, por años y sin rubor alguno, ha suscrito y apoyado centenares de violaciones de la ley, con el único propósito de dotar de inmunidad y de impunidad a las acciones del gobierno, todas estas son las direcciones, el norte que llevan las acciones ejecutadas por Sánchez en las últimas semanas.
Lo comento con el debido respeto a cada ciudadano español. Con sus especificidades venezolanas, este asedio y desmantelamiento de las leyes, estas operaciones que consisten en despojar de legitimidad a las instituciones, ya las vimos en nuestro país. Y haciendo uso de ellas, muchas veces sin que advirtiéramos el monstruo que se abalanzaba sobre nosotros, estas medidas fueron los instrumentos con que se arruinó el sistema democrático y se estableció una dictadura, que ha convertido a la sociedad venezolana en una sociedad sin derechos, arruinada y desesperanzada.