La Asociación Civil Espacio Público compartió este lunes su informe correspondiente al mes de enero, y precisó que se registraron 15 hostigamientos, 9 actos de intimidación y 4 de censura contra la libertad de expresión, no solo a periodistas, sino a la ciudadanía en general.
Anaisa Rodríguez – ND
Destacó que en enero se incrementaron los ataques a la libertad de expresión: 166 % más casos que en diciembre. «En el último mes registramos 15 hostigamientos entre las 34 violaciones: 11 fueron de orden judicial y cuatro verbales. La intimidación también fue frecuente, con nueve registros durante enero, seguida de cuatro actos de censura».
15 periodistas resultaron víctimas de violaciones a la libertad de expresión, bien sea por ataques verbales, acoso e impedimento de cobertura, junto con 5 trabajadores públicos que atacaron u hostigaron por protestar o criticar la gestión gubernamental. Otros 4 trabajadores los detuvieron en enero por expresarse libremente.
Espacio Público condenó que el Estado sigue siendo el principal victimario, ya que al menos 14 de los 19 victimarios que registramos se relacionan directamente con el Estado: siete instituciones, cinco funcionarios y dos cuerpos de seguridad.
Durante las úlimas semanas, las protestas de trabajadores del sector público no han parado y EP recalcó que en varios estados, grupos de civiles afectos al Psuv les amenazaron. Uno de sus voceros declaró que solo miran y monitorean, pero que “a la hora de salir” no quieren “chilladera”.
Cuatro oficiales de la Policía del estado Bolívar (PEB) terminaron detenidos y acusados de “incitación al odio” luego de que llamaran a otros funcionarios a paro policial estadal para exigir mejores salarios y dotaciones, a través de publicaciones en redes sociales.
Las víctimas fueron Jean Carlos Sagaray (comisionado jefe), Rhommer Ramón Aponte (supervisor jefe), Jorge Luis Pérez Ugas (oficial agregado) y José Alexander Muñoz (oficial agregado). El mismo director general de la PEB los puso a la orden del Ministerio Público y los presentaron por el delito de “incitación al odio”, contemplado en la ilegal normativa “contra el odio” que emitió la ilegítima asamblea nacional constituyente.
El 13 de enero, a la profesora Carmen Sulay Rojas la destituyeron de su cargo como directora de un liceo público luego de participar en una marcha de docentes en Pampatar, estado Nueva Esparta, y tras criticar públicamente la gestión de Nicolás Maduro.
En un video que se hizo viral en redes sociales, la docente se dirigió directamente a Maduro y reclamó la precariedad económica en la que vive el gremio educativo. El hecho ocurrió apenas cuatro días después de que empezaran las manifestaciones de los maestros.