Daniel Ortega explicó que no pudo obligar al monseñor Rolando Álvarez a subir al avión que trasladaría desde Nicaragua hacia Estados Unidos a 224 nicaragüenses que desterró el Gobierno, debido a que Washington exigió como condición para recibir al grupo que todos aceptaran esa decisión y viajaran por voluntad propia
El gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, condenó a 26 años de prisión al monseñor Rolando Álvarez un día después de que negase formar parte del grupo de 222 presos políticos excarcelados y posteriormente desterrados y despojados de la nacionalidad nicaragüense.
Pese a que no fue desterrado, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) le aplicó la misma decisión que a los 222 desterrados al despojarle de su nacionalidad, por lo que permanecerá en la cárcel como apátrida, condenado por supuesta «traición a la patria», obstrucción de funciones, agravada desobediencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y difusión de noticias falsas.
El propio Ortega aclaró, en una cadena nacional, que Álvarez formaba parte de la lista de los presos políticos desterrados, pero que el monseñor se negó a esta posibilidad y fue condenado por las autoridades judiciales parcializadas hacia el sandinismo.
Según el relato de Ortega, el monseñor Álvarez fue trasladado por agentes policiales de su casa, en Managua, hacia la Fuerza Aérea. Allí sería trasladado junto con los demás presos políticos a Estados Unidos, pero mientras hacía la fila previa a subir, se negó a proceder y aseveró que tenía que «conversarlo con los obispos».
Para Ortega, al ser una «decisión del estado nicaragüense», Álvarez estaba obligado acatarla. «No sé qué piensa este señor (Álvarez), que frente a una decisión del Estado nicaragüense, él dice que no acata, una resolución de un poder del Estado que lo está mandando a irse de país», afirmó.
El mandatario nicaragüense también se refirió a una segunda víctima del destierro también se negó a abordar el avión. Se trata de Fanor Alejandro Ramos, condenado por traición a la patria, almacenamiento de drogas y tenencia ilegal de armas.
«Seguramente tuvo temor que ya estando en los Estados Unidos, y con ese récord, lo investigaran y le encerraran en prisión allí y terminara en cadena perpetua o en la silla eléctrica», agregó.
Explicó que no pudo obligarlos a subir a la fuerza debido a que el acuerdo al que habían llegado con el gobierno de Estados Unidos, que aceptó recibir al grupo de desterrados, consistía en que todos aceptaran la decisión por voluntad propia.
«Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a la modelo, llegó que era un energúmeno», agregó.
222 desterrados de Nicaragua
Nicaragua excarceló a 222 presos políticos la madrugada del jueves 9 de febrero y los desterró a Estados Unidos. La información fue difundida a través de un video publicado por el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, en su cuenta de Twitter. Posteriormente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmaría la información.
Los excarcelados se encontraban en diferentes penales del país, incluyendo a personas que estaban detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «el nuevo Chipote». Entre el grupo, figuran los precandidatos presidenciales Cristiana y Juan Sebastián Chamorro, el empresario Pedro Joaquín Chamorro, el líder campesino Medardo Mairena, la defensora de derechos humanos Ana María Vijil o la excomandante guerrillera Dora María Téllez.
Horas después de la excarcelación, se procedió al despojo de sus nacionalidades. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma del artículo 21 de la Constitución Política, para facultar a los tribunales a quitarle la nacionalidad a los «traidores de la patria».
Al siguiente día tras el destierro, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, informó que el gobierno español estaba dispuesto a conceder la nacionalidad española a todos los desterrados.
«El ofrecimiento está ya, por decirlo de alguna forma, en vigor (…) El trámite que se utilizará es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza, para evitar que queden apátridas (…) Y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo», explicó.
Mientras que se aclara el futuro del grupo, Estados Unidos los recibe con una visa humanitaria y permiso de trabajo por dos años. Desde Norteamérica, aseguran que seguirán siendo nicaragüenses, sin importar lo que dictaminase un tribunal a favor del gobierno de Ortega.
Así lo expresa Max Jérez, presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), tras ser liberado después de 19 meses de prisión. «Nicaragua se lleva en el corazón. Somos y seremos nicaragüenses siempre, donde estemos», dijo en una entrevista a TalCual desde Washington.