Tras su visita a Venezuela el pasado 28 de enero, el Alto Comisionado de la ONU Volker Türk solicitó la liberación de todos los presos políticos, y aseveró que su oficina sigue de cerca la situación de varios detenidos, entre ellos Javier Tarazona. Para Fundaredes, tanto la detención de su director como el proyecto de ley contra las ONG que impulsa el oficialismo «son muestras de la intención del Estado de reducir sistemáticamente el espacio cívico y plural»
Este miércoles 22 de febrero el abogado y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, cumplió 600 encarcelado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La organización solicitó al Estado venezolano su libertad plena, al tiempo que pidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que califique su detención como arbitraria.
En una serie de mensajes en su cuenta Twitter, la ONG aseguró que la detención y encarcelamiento de Tarazona demuestran «que el Estado venezolano no tiene intención alguna de respetar a quienes ejercen la labor de documentación, denuncia y visibilización de violaciones de derechos humanos» en el país.
Tras su visita a Venezuela el pasado 28 de enero, el Alto Comisionado Volker Türk solicitó la liberación de todos los presos políticos, y aseveró que su oficina sigue de cerca la situación de varios detenidos, entre ellos Tarazona.
Para la ONG, tanto la detención de su director como el proyecto de ley contra las ONG que impulsa el oficialismo «son muestras de la intención del Estado de reducir sistemáticamente el espacio cívico y plural».
Javier Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021, junto a su hermano José Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García, cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios del Sebin. Ese mismo día fue trasladado a Caracas y recluido en El Helicoide, una de las sedes de ese organismo de seguridad.
Al director de Fundaredes se le acusa de los presuntos delitos de instigación al odio y terrorismo, debido a las denuncias de la ONG sobre la presencia de grupos irregulares en varios estados de la frontera venezolana, así como los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional y supuestos elementos de las disidencias de las FARC y el ELN en el estado Apure.
García y José Rafael Tarazona fueron excarcelados posteriormente y se mantienen bajo régimen de presentación ante tribunales. El juicio de los tres activistas se ha paralizado en varias ocasiones debido al continuo diferimiento, falta de convocatoria de las audiencias y la enfermedad del juez del Tribunal Tercero con Competencia en Terrorismo de Caracas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) modificó, en noviembre del año pasado, las medidas de protección a favor de Javier Tarazona e incluso mostraron su disposición de visitar el país para revisar sus condiciones de reclusión. Esto debido a las reiteradas denuncias de torturas y tratos crueles en su contra.
La delegación de la Unión Europea en Venezuela también se ha pronunciado sobre el caso, declarando la inocencia de Tarazona y la necesidad de que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU tenga acceso al activista, tomando en cuenta su estado fragil de salud.