El presidente de Chile, Gabriel Boric, acusó este miércoles a Bolivia de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares que son sorprendidos atravesando la frontera común y encargó a la Cancillería “retomar las conversaciones” para tratar de solucionar la crisis.
“He mandatado a nuestro nuevo canciller a retomar las conversaciones con nuestros países vecinos, especialmente con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera”, dijo el mandatario.
“Tenemos que solucionarlo”, añadió Boric desde la localidad fronteriza de Colchane, epicentro de la inédita crisis migratoria que vive Chile y desde donde anunció un reforzamiento de las medidas de seguridad para frenar la entrada irregular de migrantes.
El norte de Chile lleva desde 2021 sumido en una fuerte crisis migratoria tras la llegada masiva de personas por pasos clandestinos -la mayoría de nacionalidad venezolana-, el colapso de pequeñas localidades fronterizas como Colchane y la celebración de marchas xenófobas.
Los inclementes pasos altiplánicos son la principal ruta de ingreso irregular a Chile, que sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica, pese a la pandemia y la crisis social de 2019.
Chile desplegó el pasado 27 de febrero a las Fuerzas Armadas en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, un operativo que durará 90 días y que ya suma miles de controles y decenas de detenciones.
“Tenemos que trabajar en diferentes frentes: el frente interno, para facilitar la expulsión de quienes hayan cometido delitos, pero además una labor diplomática intensa, tanto con Bolivia como con Venezuela, para que reciban a los ciudadanos que sean deportados”, indicó Boric, quien visita Colchane por primera vez como mandatario y ha endurecido su discurso contra la migración irregular desde que llegó al poder hace un año.
El exlíder estudiantil explicó que heredaron de la Administración anterior “una cola muy grande de expulsiones sin ejecutar que se ha ido alargando producto de las dificultades” y explicó que cada una de las expulsiones cuesta 2.700.000 pesos chilenos (más de 3.200 dólares).
La ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló este miércoles que aún hay 21.000 expulsiones pendientes de ejecutar y pidió también cambiar la ley para agilizar los procesos.
“Hoy, para hacer una expulsión efectiva, hay una ventana de 48 horas desde que se decreta hasta que se ejecuta. Si no se ejecuta en 48 horas, pierde vigencia el decreto de expulsión y la persona es soltada y después hay que buscarla nuevamente para expulsarla. En 48 horas no se alcanza”, apuntó.
En Chile, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, siendo los venezolanos los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.