El Ministerio Público del régimen informó que hasta ahora se han realizado 161 allanamientos de lujosas propiedades como parte de las investigaciones y quedan 18 órdenes de aprehensión por ejecutar
La Fiscalía del régimen de Venezuela elevó a 76 las órdenes de aprehensión emitidas en el marco de una supuesta “cruzada” anticorrupción que desencadenó la renuncia del poderoso ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, informó este miércoles el fiscal general Tarek William Saab.
Hasta el momento, 58 personas han sido “privadas de la libertad” como parte de la purga en el chavismo que emprendió el dictador Nicolás Maduro para deshacerse de altos funcionarios y empresarios vinculados con millonarios desfalcos en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La “cruzada anticorrupción” reúne varias investigaciones que han llevado a la realización de 161 allanamientos de lujosas propiedades, vehículos, aviones y dinero en efectivo, mientras aún quedan 18 “órdenes de aprehensión por ejecutar”, indicó en Twitter el fiscal general, Tarek Saab.
En el marco de la principal trama de corrupción, el caso “Pdvsa-Cripto”, el Ministerio Público ha solicitado “53 órdenes de aprehensión y 99 allanamientos a nivel nacional”, detalló el fiscal, en alusión a los hechos detectados en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), organismo involucrado en el manejo de fondos de Petróleos de Venezuela mediante operaciones con criptomonedas.
Los arrestos comenzaron el viernes 17 de marzo luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, un órgano que actúa bajo estricta reserva y que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos”.
Las otras solicitudes de aprehensión, añadió Saab, corresponden a funcionarios de las estatales Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartón de Venezuela, S.A. CartonVenz, además de miembros del poder judicial y de una alcaldía.
Las investigaciones, que comenzaron en octubre pasado, según aseveró el dictador Nicolás Maduro, revelaron “mafias que se incrustaron” en PDVSA, así como en el poder judicial y alcaldías.
El dictador de Caracas cuestionó que varios de sus colaboradores más cercanos, hoy detenidos, llevaban una vida de “nuevos ricos”, de “multimillonarios”, llena de “extravagancias”.
Las personas detenidas por esta investigación pueden enfrentarse a cargos de “apropiación o distracción de patrimonio público, alargamiento o valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, mientras que los empleados públicos también enfrentarán cargos de traición a la patria”, explicó Saab en declaraciones previas sobre este mismo tema.
Pese a que la dictadura sostiene que estas detenciones responden a una “lucha contra la corrupción”, la purga de funcionarios chavistas se debe a una feroz interna entre Maduro y El Aissami. De hecho, gran parte de los aprehendidos son funcionarios cercanos al ex ministro de Petróleo de quien actualmente se desconoce el paradero.