El Partido Comunista de Venezuela, decano de los partidos políticos existentes en Venezuela, parece saber más por viejo que por comunista, sin abdicar de la ideología con la que nació en 1931. Aliado del proceso encabezado por Hugo Chávez, se separó del Gran Polo Patriótico hace tres años y no le tiembla el pulso para declararse opositor a Nicolás Maduro.
Tampoco titubea la voz del secretario general de su Comité Central, Oscar Figuera ㅡun hombre formado en batallas sindicales y ahora parlamentario en la Asamblea «oficialista»ㅡ, al pedir que se investigue a Nicolás Maduro Moros por el «asalto a las riquezas del Estado» que deja en evidencia el escándalo de corrupción en la industria petrolera y en otros entes de la administración pública.
La declaración de Figuera ㅡfrente a una mesa cubierta con un mantel rojo rojísimo con el símbolo del gallo que identifica a su partidoㅡ es la más contundente de una organización política ante hechos de una magnitud nunca antes conocida en la historia del país. No deja de ser sorprendente que sean los comunistas los que pongan más que los puntos sobre las íes. Algunos silencios se hacen más ruidosos.
Maduro debe ser investigado, afirma Figuera, «porque el presidente de la República no solo es el responsable de la Hacienda Nacional sino porque designó a la Comisión Presidencial para la Reestructuración de Pdvsa y por tanto es el responsable directo de ese equipo que hay en Pdvsa. En el decreto correspondiente se señala que debía recibir mensualmente un informe de esa comisión. No era posible desarrollar una concepción del negocio petrolero que se ha puesto en práctica en los últimos tres o cuatro años que facilita la corrupción sin el conocimiento del presidente».
Los comunistas demandan medidas más contundentes para enfrentar la corrupción que se ha instalado en las diversas instancias del Estado y cuestionan el rol de las instituciones cuyo deber constitucional era impedir los «graves hechos denunciados», pero que han estado al margen de las investigaciones o las han avalado por acción o por omisión.
Dónde está, se preguntan, el contralor general de la República; y del fiscal general dicen solo haber escuchado acciones subordinadas al Poder Ejecutivo, en cumplimiento de un mandato que está enmarcado en la confrontación que existe «entre las mafias y grupos que controlan el poder en Venezuela».
El «asalto a las riquezas» ㅡcontinúa Figueraㅡ se viene desarrollando bajo el cobijo de la Ley Antibloqueo que es la ley «de la entrega y el saqueo», mediante la cual la riqueza del país se le da al capital internacional y a los sectores enriquecidos por la corrupción vinculados al aparato del Estado.
La Ley Antibloqueo garantiza la impunidad porque permite tomar decisiones confidenciales y secretas. «El secretismo que impide la contraloría social y la contraloría institucional, el secretismo para robar al pueblo, el secretismo para entregar las empresas nacionales a una élite que se enriquece de forma discrecional y abusiva mientras la gran mayoría del pueblo venezolano está reducida a la miseria».
La conducta de esa élite intenta desmoralizar a “nuestro pueblo”, intenta demostrar que, insiste Figuera, tiene la fuerza, el control de las instituciones y que “´puede hacer lo que le da la gana”. Habló el gallo rojo.