En mayo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU emitió una alarmante advertencia sobre el aumento sin precedentes de la temperatura global durante el quinquenio 2023-2027. Con una probabilidad del 98%, este aumento se atribuye a los gases de efecto invernadero y al fenómeno de El Niño. El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, instó a los gobiernos a tomar medidas preventivas, ya que el incremento de la temperatura tendrá repercusiones significativas en la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medio ambiente.
Con información de DW
Esta sombría predicción ha impactado especialmente a Venezuela, uno de los países más expuestos a los efectos de El Niño debido a su ubicación geográfica. Sin embargo, el país se encuentra en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja y está muy mal preparado para enfrentar fenómenos ambientales de esta magnitud. Según el Informe sobre Amenazas Ecológicas de 2022, publicado por el Instituto de Economía y Paz, Venezuela se encuentra entre los 27 países del mundo con mayor riesgo de conflicto, disturbios civiles y desplazamientos debido a la degradación ecológica y eventos climáticos relacionados. El informe destaca la preocupante situación de seguridad alimentaria y estrés hídrico, con un alto porcentaje de la población sin acceso a agua potable.
A pesar de contar con abundantes recursos hídricos, Venezuela enfrenta una paradoja en el acceso al agua. Con una estimación de 1.325 kilómetros cúbicos de agua dulce, el país se encuentra entre los diez países con mayores reservas hídricas. Sin embargo, gran parte de su población no tiene garantizado el acceso al agua necesaria para sobrevivir y satisfacer sus necesidades básicas. Según el Diagnóstico Comunitario de HumVenezuela, aproximadamente 7 de cada 10 venezolanos presentaban necesidades humanitarias relacionadas con el suministro regular y el saneamiento del agua en marzo de 2022. Esta paradoja se atribuye a décadas de corrupción y mala gestión de los recursos hídricos, así como al modelo de desarrollo extractivista que ha provocado una grave degradación de los ecosistemas del país.
Uno de los principales desafíos es la deforestación de las cuencas hidrográficas. Venezuela cuenta con una extensa red de ríos y cuencas que desempeñan un papel crucial en la disponibilidad de agua, la generación de energía y la biodiversidad. Sin embargo, en las últimas décadas, estas cuencas han sufrido una degradación y contaminación significativas debido a la deforestación, la minería, los derrames de petróleo y las actividades agrícolas y pecuarias.
Aunque la información oficial sobre la deforestación en Venezuela es limitada debido a la opacidad del gobierno, organizaciones ambientales y expertos independientes han advertido sobre el crecimiento acelerado de las tasas de deforestación en el país. Según estudios, Venezuela se encuentra entre los países con mayor tasa de deforestación, perdiendo grandes extensiones de bosques cada año. Esta deforestación afecta directamente la disponibilidad de agua, ya que los bosques actúan como reguladores naturales de los ciclos hidrológicos, ayudando a mantener los caudales de los ríos y la recarga de los acuíferos.
Además de la deforestación, la falta de mantenimiento de la infraestructura hídrica ha contribuido a la crisis del agua en Venezuela. La mayoría de los sistemas de distribución de agua en el país están obsoletos y sufren constantes fallas, lo que provoca la interrupción del suministro en muchas comunidades. La falta de inversión en la construcción y reparación de infraestructuras, así como la corrupción en los procesos de contratación y mantenimiento, han llevado a una situación crítica en la prestación de servicios básicos.
La crisis del agua en Venezuela es un reflejo de la intersección entre la emergencia climática y la mala gestión gubernamental. La falta de planificación y acción para mitigar los impactos del cambio climático, así como la corrupción y la falta de inversión en infraestructuras, han dejado a la población vulnerable y sin acceso a un recurso vital como el agua. La crisis afecta de manera desproporcionada a las comunidades más pobres y vulnerables, que se ven obligadas a buscar fuentes alternativas de agua no seguras, lo que aumenta el riesgo de enfermedades y empeora aún más su situación.
Ante esta grave situación, es crucial que el gobierno venezolano tome medidas urgentes para abordar la crisis del agua. Esto incluye la inversión en infraestructuras hídricas, la promoción de prácticas sostenibles de gestión del agua, la protección de las cuencas hidrográficas y la implementación de políticas de adaptación al cambio climático. Asimismo, es necesario promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos hídricos y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
La crisis del agua en Venezuela es un llamado de atención para que los gobiernos y la comunidad internacional tomen medidas concretas para hacer frente a la emergencia climática y garantizar el acceso universal al agua. La falta de acción solo agravará la situación y tendrá consecuencias devastadoras para la población y el medio ambiente. Es hora de actuar de manera decisiva y coordinada para asegurar un futuro sostenible y justo para todos.