Emirlendris Benítez fue sentenciada en agosto de 2022 a 30 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, asociación para delinquir, terrorismo, traición a la patria, lanzamiento de artefactos explosivos en espacios públicos y daños a la propiedad.
Ese pudiera ser el parte objetivo emitido por la Fiscalía venezolana, que no es para nada objetiva, aunque sí fría y cruel. La aplicación de justicia es un poder secuestrado en Venezuela.
Emirlendris Benítez, barquisimetana, vendedora de ropa interior, zapatos y cosméticos, madre de dos hijos y en espera de otro, fue detenida el domingo 5 de agosto de 2018 junto con su novio y dos personas que no conocía y para quienes realizaban un servicio de transporte de Barquisimeto a Barinas.
En un puesto policial de la ruta les exigieron los documentos -la policía buscaba a dos hombres y una mujer que eran piratas de carretera, supieron- y sin que estuvieran cometiendo un delito o hubiera una orden de detención en curso, los cuatro fueron trasladados a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Acarigua, centrooccidente del país. De ahí al aeropuerto para ser llevados en avioneta hasta La Carlota (Caracas) y luego a la sede central de la DGCIM, uno de los terribles centros de reclusión de presos políticos. No pudieron avisar a ningún familiar.
La historia está contada en Ahora van a conocer al Diablo. Diez testimonios de presos torturados por el chavismo, de la Editorial Dahbar, y en varios trabajos periodísticos. Los cuatro detenidos fueron vinculados con el atentado con drones contra Nicolás Maduro que se produjo el 4 de agosto, el día anterior a su arresto, durante el acto de los 81 años de la Guardia Nacional.
La peor parte de lo que ocurrió desde entonces recayó en Emirlendris. Durante los interrogatorios la llamaban «María» y cómo ella no sabía qué responder fue golpeada con las manos y un palo, la patearon, le martillaron el pulgar del pie derecho, la asfixiaron con una bolsa plástica, le sumergieron la cabeza en un balde de agua. Ella solo confesó estar embarazada. Los golpes se focalizaron entonces en la zona abdominal hasta dejarla inconsciente. En octubre, meses después, le fue practicado un aborto sin su consentimiento. Luego la regresaron a la DGCIM y estuvo más de un mes incomunicada.
A pesar del maltrato, Emirlendris comenzó a entender la supuesta relación de los dos hombres que trasladaban con el atentado contra Maduro y también de la tal «María». Pero no hay ninguna prueba contra ella, ni vínculo anterior con los personajes del presunto magnicidio. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas exigió en 2022 su liberación inmediata. La respuesta fue su condena a 30 años de cárcel.
Como consecuencia de las brutales torturas sus condiciones de salud requieren atención médica urgente, además del uso a largo plazo de una silla de ruedas para desplazarse. Recluida en el Instituto de Orientación Femenina (INOF) -un presidio hacinado y con pésimos servicios-, sus familiares le proporcionan agua, comida y medicación.
Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña para su liberación que se puede firmar aquí. Emirlendris tiene 42 años. Los últimos cinco los ha cumplido en la cárcel. Una cárcel venezolana.