Con Informacion de VOA
La desinformación sobre procesos migratorios legales no se limita a las redes sociales, sino que también se extiende a las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, donde diariamente un gran número de personas intenta cruzar hacia Estados Unidos.
La economía relacionada con la migración se fortalece con estas prácticas en busca de beneficios económicos, que van desde cobros excesivos por servicios de transporte hacia los límites fronterizos, hasta asesorías legales para trámites que no existen.
Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos municipal, informó en una entrevista que hay casos de personas originarias de Panamá, Colombia, Costa Rica y otras nacionalidades, a quienes les cobran 100 dólares por llevarlos hasta «El Bordo», la zona donde se encuentra la línea divisoria entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en la orilla del Río Bravo.
«Algunas personas actúan como conductores tipo Uber y les dicen: ‘Está súper peligroso, los soldados y la policía están persiguiendo a los migrantes, por 100 dólares te llevo'», comentó González Reyes, basándose en testimonios de personas que han llegado al albergue municipal Kiki Romero.
Alberto Cabezas, coordinador de Comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), señaló que uno de los principales engaños que han detectado es solicitar dinero a las personas para realizar citas y permisos que en realidad se gestionan a través de la aplicación CBP One, a pesar de que estos trámites son gratuitos.
Consultas «legales» sin abogados
Evelyn, originaria de Guatemala, llegó a Ciudad Juárez con la esperanza de cruzar a Estados Unidos junto a su hijo. Pronto se quedó sin hospedaje y dinero, pero una mujer que atendía un pequeño restaurante le ofreció trabajo y alojamiento.
La dueña del lugar, Meche, también le recomendó los servicios de un supuesto abogado para realizar su trámite y solicitar una visa por razones humanitarias en Estados Unidos.
Por una primera consulta informativa, le cobraron 100 dólares por persona y en total requirieron dos consultas, por lo que terminó pagando 400 dólares. Además, fue contactada varias veces por correo electrónico, donde se identificaron como abogados migratorios.
Por el «trámite» completo, le solicitaron el pago de 6.000 dólares para ambos.
El día en que supuestamente tenía la cita con las autoridades estadounidenses, nadie se presentó.
Evelyn decidió buscar información con una organización de la sociedad civil y presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Actualmente, sigue viviendo en Ciudad Juárez y está a la espera de la cita que consiguió a través de CBP One.
Ayuda en El Paso también tiene un costo Nairoby Suárez, originaria de Venezuela y residente de un campamento migrante improvisado cerca de la Presidencia Municipal, contó cómo muchos decidieroncruzar ilegalmente el muro que divide Ciudad Juárez y El Paso.
En una iglesia cercana, les vendían un supuesto permiso de tránsito por Estados Unidos a un precio de entre 50 y 100 dólares.
El 8 de mayo pasado, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que detuvo a 32 personas migrantes que viajaban en un camión en El Paso, con un supuesto permiso.
Sin embargo, el documento resultó ser solo una Notificación de Acción (Notice of Action, I797C), un recibo que se entrega cuando una persona realiza un trámite ante las autoridades estadounidenses, pero no respalda la estancia legal en el país.
Cifras de impunidad alarmantes En los últimos 5 años, se han presentado 61 denuncias por delitos contra migrantes ante la Fiscalía General de Chihuahua. De estas denuncias, 41 corresponden a casos de fraude, 19 a secuestro y una a tráfico de menores.
El año 2022 registró la mayor incidencia con 30 delitos, y en lo que va del año ya se han presentado 12 denuncias en ese sentido.
De las denuncias, 27 están en proceso de investigación, 15 se encuentran archivadas temporalmente, 13 han sido vinculadas a proceso, en dos casos no se ejerció acción penal por diversos motivos y dos más fueron declinadas por diferentes razones.
Solo hay un caso con sentencia absolutoria, mientras que en otro se determinó que no se iniciara una investigación debido a la falta de delito.
Las víctimas de estos delitos provienen de Guatemala, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Ecuador y República Dominicana.
Tania Serrano Rodríguez, vocera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, informó que este año se han recibido tres quejas de personas migrantes, dos de las cuales se localizan en Ciudad Juárez.
En 2022, se registraron cuatro quejas, todas en Ciudad Juárez. Las instituciones señaladas fueron la Fiscalía General, el Instituto Chihuahuense de Salud, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública.
Reporte de Angélica Villegas