Un juez federal denegó una solicitud de grupos de derechos civiles tras considerar que el gobernador Ron DeSantis y otros demandados no fueron notificados.
Un juez federal denegó la solicitud de un grupo de organizaciones y activistas de derechos civiles que intentaba bloquear una ley de Florida, que penaliza el transporte de personas que han ingresado al país de manera ilegal.
Roy Altman, juez del Tribunal de EEUU para el Distrito Sur de Florida, rechazó la acción legal tras tener en cuenta que el gobernador Ron DeSantis y otros acusados, que incluyen fiscales, no habían recibido una notificación adecuada acerca de la moción.
Los demandantes enfocaron su petición sobre una parte de la ley SB 1718 conocida como ‘Sección 10’, que, a su juicio, hace que sea “inseguro” para las personas sin documentos acudir a citas médicas, reunirse con familiares e ir a trabajar, entre otras actividades.
La ley, promovida por el gobernador DeSantis, impone sanciones penales a una persona que transporta a un inmigrante que “ingresó a los Estados Unidos en violación de la ley y no ha sido inspeccionado por el Gobierno Federal desde su ingreso ilegal”.
Otras disposiciones de la nueva legislación limitan los servicios sociales para los inmigrantes sin estatus legal, al tiempo que amplía los requisitos para que las empresas con más de 25 empleados usen E-Verify, un sistema federal que determina si una persona puede trabajar legalmente en EEUU.
La norma requiere además que los hospitales que aceptan Medicaid incluyan una pregunta de ciudadanía en los formularios de admisión.
“Para muchos demandantes individuales, la ‘Sección 10’ interfiere con su capacidad para llevar a cabo su vida diaria”, se lee en la moción desestimada por el juez federal.
Sin embargo, el magistrado señaló que los grupos de derechos civiles podrían volver a presentar la solicitud.
Desde el punto de vista de los querellantes, la disposición “es ilegal bajo un precedente vinculante e impone una dificultad asombrosa a los demandantes, otros floridanos y viajeros a Florida, quienes ahora enfrentan sanciones penales por visitar a sus familias, hacer su trabajo, buscar atención médica y participar en otras actividades cotidianas”.
Cuando firmó la ley que entró en vigor el 1 de julio pasado, el gobernador DeSantis puso como ejemplo varios delitos violentos cometidos en Florida por “extranjeros ilegales” y las muertes provocadas por el tráfico de fentanilo desde México.
Según el titular de Tallahassee, esta situación “ha afectado mucho a nuestro país y Florida está contraatacando”.
La moción fue presentada por una coalición integrada por el Southern Poverty Law Center (SPLC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, el Americans for Immigrant Justice (AIJ) y el American Immigration Council (AIC), entre otras organizaciones y personas.
Diario Las Américas