La organización Cepaz alertó que durante el mes de junio se agudizó la criminalización a la protesta, con la documentación de estos 61 actos de persecución identificados.
En Venezuela cada 12 horas una persona es víctima de la violación de sus derechos humanos a través de actos de persecución y/o criminalización por parte del Estado, de acuerdo con un reciente informe publicado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
La organización alertó que durante el mes de junio se agudizó la criminalización a la protesta, con la documentación de estos 61 actos de persecución identificados como: 14 actos de hostigamiento y amenazas, el cierre de una emisora de radio, un allanamiento irregular, 4 impedimentos de registrar un hecho noticioso, 18 detenciones arbitrarias, 22 medidas cautelares y una inhabilitación política.
En total, el primer semestre de 2023 cierra con al menos 385 casos. Es decir, de enero a junio, dos personas fueron víctimas de la crisis en derechos que se agudiza en el país.
Trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política y la población, mayoritariamente trabajadores del sector público, sindicalistas, campesinos e indígenas, representaron 70% de la totalidad de las víctimas de persecución y criminalización en el sexto mes del año.
«De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela durante el mes de junio, identificamos: 2 contra personas vinculadas con la política, 16 contra trabajadores de la comunicación, y 43 contra la población», indicó el informe.
Las personas que hicieron parte de manifestaciones para exigir derechos recibieron amenazas e intimidaciones. También fueron víctimas de allanamientos a sus viviendas, detenciones arbitrarias e incluso de medidas cautelares innominadas que hoy les prohíben expresarse libremente y ejercer el derecho fundamental a la protesta.
Persecución a periodistas, sindicalistas y políticos
En cuanto a los ataques contra los trabajadores de la comunicación, durante junio se les impidió registrar un hecho noticioso a al menos cuatro periodistas. Además, otros 10 fueron víctimas de hostigamientos y amenazas por parte de funcionarios públicos, mientras que una periodista fue hostigada por un sujeto desconocido.
En el sexto mes del año ocurrió el cierre de una emisora de radio, y aunque no fue por una decisión directa del Estado, si tuvo su origen en acciones del pasado perpetradas por el Estado que hicieron imposible a Radio Caracas Radio (RCR), continuar al aire.
En el contexto de las protestas sociales que continúan desarrollándose en el país, los trabajadores de Sidor, los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss) y campesinos denunciaron ser víctimas de amedrentamiento, actos violentos y amenazas con armas de fuego, por parte de efectivos de la GNB y de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
De la totalidad de las detenciones arbitrarias documentadas durante el mes de junio, tres ocurrieron contra sindicalistas de Sidor en el contexto de las protestas por reivindicaciones laborales. También fueron detenidos dos campesinos que viralizaron un video en donde arrojaban a los ríos sus cosechas por no poder transportarlas hasta los mercados debido a la falta de gasolina.
Otros 22 sidoristas que encabezaron las diferentes manifestaciones recibieron medidas que establecen la imposibilidad de los trabajadores de continuar con las protestas y la huelga laboral.
Personas adeptas al gobierno de Nicolás Maduro intentaron agredir a la candidata para las primarias de oposición, María Corina Machado, en un evento que se llevaba a cabo en Tinaquillo, estado Cojedes.
En otro acto, Machado fue víctima de la violación a sus derechos políticos. La Contraloría General de la República decidió arbitrariamente inhabilitar a Machado por un periodo de 15 años a partir del año 2015, por lo que no podría participar en ningún evento de elección popular hasta el año 2030.
EL NACIONAL