La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la reciente deportación de casi cien refugiados y solicitantes de asilo venezolanos por parte del gobierno de Trinidad y Tobago.
La deportación de 98 ciudadanos venezolanos desde Trinidad y Tobago a Venezuela el pasado fin de semana ha generado una alerta por parte de Amnistía Internacional. Según la directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara-Rosas, las acciones tomadas por las autoridades de Trinidad y Tobago son extremadamente alarmantes.
Estos casi cien venezolanos, considerados ilegales y detenidos, fueron devueltos a su país en la madrugada del sábado 12 de agosto. Formaban parte de un grupo de 200 personas detenidas en un popular club nocturno en la capital, Puerto España, según informó la agencia AFP.
Amnistía Internacional citó sus propios datos para argumentar que el 25% de la población venezolana ha tenido que huir de su país en los últimos años debido a la crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria que se vive allí.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alrededor de 7 millones de venezolanos han dejado su país buscando refugio en diversas partes del mundo, y al menos 6 millones han encontrado protección en países de América Latina y el Caribe. Según ACNUR, un millón de venezolanos ha solicitado asilo en diferentes naciones.
Amnistía Internacional hizo hincapié en que el derecho internacional no deja lugar a dudas: las personas refugiadas y solicitantes de asilo no pueden ser devueltas a un lugar donde corran peligro su vida e integridad. Además, resaltó que nadie puede ser objeto de expulsiones masivas.
Es importante destacar que Trinidad y Tobago no es signatario de la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, pactada en 2022 durante la IX Cumbre de las Américas. En dicha declaración, los gobiernos participantes se comprometieron a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su estatus migratorio, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Amnistía Internacional hizo referencia a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 para instar a Trinidad y Tobago a revisar su política de devolución de migrantes. La organización enfatizó la importancia de detener de inmediato la deportación de aquellas personas que enfrentan riesgos de persecución y violaciones de derechos humanos en sus lugares de origen.
El juez Frank Seepersad, de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, señaló que la Convención de Refugiados de 1951 no es aplicable en el país, ya que nunca fue ratificada. Por lo tanto, todos los inmigrantes quedan sujetos a la Ley de Inmigración y pueden ser deportados incluso si han solicitado asilo, según informó AFP.
Luis Felipe Rojas, reportero de VOA, contribuyó a este informe desde Miami. Parte de la información proviene de la Agence France-Presse.