Estas sanciones consisten en la limitación de la obtención de visados a cien funcionarios nicaragüenses a quienes se acusa de atacar las libertades civiles del pueblo nicaragüense.
Con Informacion de EFE Via Monitoreamos
El Departamento de Estado de EE. UU. tomó esta medida debido a la participación de estos funcionarios en actividades represivas, como el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y la detención de defensores de las libertades civiles, incluyendo al obispo Rolando Álvarez.
La UCA, considerada un bastión de libertad de pensamiento en Nicaragua, tuvo que traspasar sus activos y cuentas bancarias al Estado de Nicaragua después de ser acusada de delitos de terrorismo por la Justicia.
Por su parte, el obispo Rolando Álvarez, mencionado en el comunicado, cumplió un año en prisión en agosto de 2022, siendo detenido en el palacio episcopal del departamento de Matagalpa y condenado a 26 años de prisión por «traición a la patria».
Brian Nichols, responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado, se refirió al caso del obispo a través de redes sociales, compartiendo una imagen en la que se ve a Álvarez y pidiendo su «libertad inmediata e incondicional».
Nichols condenó la detención arbitraria del obispo y criticó la sentencia de 26 años, argumentando que era simplemente por predicar justicia y paz para Nicaragua.
Estados Unidos ha estado pidiendo la liberación de los presos políticos en Nicaragua desde las manifestaciones de 2018, que llevaron a pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega.
La situación se agravó después de las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con acusaciones de falta de transparencia y represión contra opositores.