«Nos gustaría que si entran 3.000 personas, deportar a 3.000, pero eso es imposible», declaró la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá sobre las deportaciones
Panamá anunció el 8 de septiembre tres medidas para enfrentar la crisis migratoria en la selva del Darién, frontera con Colombia: aumentar las deportaciones, reducir la estadía turística en el país y mover los puntos de control y ayuda humanitaria a los que llegan los viajeros. La intención que argumenta el gobierno centroamericano es «ordenar» el impacto en las pequeñas comunidades del flujo de migrantes que se mueve hacia Norteamérica y llegó a cifras récord en agosto del 2023.
La reubicación de los centros de apoyo humanitario entrará en vigor «a partir de este anuncio», dijo la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine. «Es la protección a los pueblos de acogida, pues vamos a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades de Bajo Chiquito y de Canaán Membrillo a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad», agregó.
Enfatiza que se van a «construir al lado de estos lugares de acogida espacios donde podamos integrar y tener contenidos a los migrantes, (para) que no afecten el diario vivir de todas las personas de las comunidades» de los primeros pueblos que llegan los migrantes tras atravesar la selva.
Al mismo tiempo, Cozaine advirtió que se reforzarán «las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos «irregulares» que tengan antecedentes penales, a través de contrataciones de vuelos chárter».
Desde abril hasta la fecha, Panamá ha deportado 452 personas frente a los más de 350.000 migrantes que han cruzado la selva del Darién.
«Nos gustaría que si entran 3.000 personas, deportar a 3.000, pero eso es imposible», declaró Gozaine.
Los funcionarios de migración podrán percatarse de las personas con antecedentes penales al tomar los datos biométricos en las estaciones migratorias del Darién, una medida que Panamá ya implementa junto con ofrecer asistencia médica y alimentaria. Toda la operación gubernamental ha costado casi 70 millones de dólares, según datos oficiales.
Deportaciones en aeropuertos
Según la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, los aeropuertos están siendo utilizados por grupos criminales para movilizar a los migrantes, encareciendo el precio de este traslado al evitar la selva del Darién.
«Vamos a ajustar las medidas operativas en los puestos de control formales para todas aquellas personas que, según los perfilamientos de seguridad, utilicen los aeropuertos y esos puestos formales para mantenerse de manera ilegal en el país», detalló.
Esto abarca «reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días», y si se sobrepasan ese lapso «deberán pagar multas».
Gozaine apuntó que esta medida «no es para todas las personas ni para todas las nacionalidades», solo para aquellas que encajen en el perfil tras entrevistas de las autoridades del aeropuerto, entre ellas la venezolana.