En Venezuela, la cantidad de opositores encarcelados ha aumentado drásticamente en los últimos años. Según el Foro Penal, de los 281 considerados presos políticos, la mitad están acusados o condenados por terrorismo. Esta tendencia ha llevado a muchas organizaciones de derechos humanos a denunciar la criminalización de ciertas personas por motivos políticos.
Recientemente, un estudiante fue detenido por pegar volantes en espacios públicos y fue acusado de conspiración. Además, seis personas fueron sentenciadas a 30 años de cárcel por delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Estos casos no han sido informados por la Fiscalía ni los tribunales, pero han sido confirmados por familiares y abogados defensores.
El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha responsabilizado al gobierno de Nicolás Maduro por esta situación. Según Himiob, el gobierno busca criminalizar a ciertas personas y los acusa de ser parte de grupos criminales que cometen actos de terrorismo. Esta narrativa permite al gobierno imputar delitos graves a estas personas y justificar su encarcelamiento.
En la mayoría de los casos, no se ha presentado ninguna evidencia que incrimine a estas personas. Sin embargo, muchos de los juicios terminan con la pena máxima de 30 años de prisión. Esto ha llevado a especulaciones de que el gobierno busca consolidar una narrativa de que Venezuela está lidiando con terroristas en lugar de opositores políticos.
Además, este aumento en las acusaciones de terrorismo está relacionado con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El gobierno busca presentarse ante la comunidad internacional como si estuviera combatiendo el terrorismo en lugar de reprimir a ciudadanos contrarios al chavismo.
El Foro Penal y otras organizaciones defensoras de los presos políticos señalan una colaboración entre los cuerpos de seguridad, la Fiscalía y los tribunales para aumentar el número de personas juzgadas por terrorismo. Esta colaboración eficiente y coordinada ha llevado a la impunidad en casos de irregularidades en los procedimientos policiales y judiciales.
El Foro Penal insiste en que existe una ecuación judicial contra cualquier persona que se oponga al gobierno. Además de los 281 presos políticos, más de 9.400 personas continúan con procesos penales abiertos arbitrarios por motivos políticos, lo que los obliga a salir del país o presentarse ante los tribunales periódicamente. Esta situación representa un grave deterioro de los derechos humanos en Venezuela.