La economía de Venezuela ha sido invadida por actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal de oro y combustible, generando 9.402 millones de dólares en 2022, según estimaciones independientes. Expertos atribuyen este fenómeno a la expansión de grupos delictivos organizados, quienes han prosperado gracias a la «tolerancia» del Estado.
Un reciente informe elaborado por Transparencia Venezuela y Ecoanalítica revela que esta cifra equivale al 15,67% del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, que alcanzó los 60.000 millones de dólares según sus propios cálculos. Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, destacó la importancia de estas cifras y señaló que aunque estas economías ilícitas no son nuevas en el país, han experimentado un crecimiento y expansión debido a la «tolerancia y permisividad del Estado».
Estas actividades ilícitas, que antes se limitaban a la extorsión, ahora dominan y controlan las economías ilegales, generando distorsiones económicas, sociales, políticas y culturales que afectan la vida de los ciudadanos y las actividades económicas, como el comercio y la ganadería. Según Jesús Palacios, economista de Ecoanalítica, estos delitos generan ingresos que no pasan por canales formales y promueven la corrupción y la formación de nuevas mafias.
En la ciudad de Maracaibo, capital del estado petrolero de Zulia, un vendedor informal de gasolina reveló a EFE que su negocio consiste en llenar los tanques de cuatro vehículos en una estación de servicio subsidiada, donde la gasolina es regalada, y luego revenderla a sus clientes, en su mayoría transportistas, a quienes no les da tiempo de repostar. Con esta actividad, logra ganar entre 80 y 100 dólares semanales, en un país donde el salario mínimo es de aproximadamente 3,7 dólares al mes. En caso de fallas en el suministro, acude a las gasolineras «internacionales», donde el litro de gasolina cuesta entre 50 centavos y 1,5 dólares, para luego revenderla a un precio más alto.
El informe de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica indica que el 70% de la gasolina subsidiada se destina a actividades ilegales, en las que participan la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mafias transfronterizas y productores ilegales de oro y narcotraficantes. Además del comercio ilegal y el contrabando de combustible, en Zulia también se desarrollan otros delitos como la extorsión y el narcotráfico, según el informe y otras organizaciones.
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, señala la presencia de grupos criminales dedicados a la extorsión brutal contra empresarios en esta región, lo que ha provocado el abandono de casas y negocios por parte de quienes huyen de la constante extorsión. En febrero pasado, dos tiroteos en una carnicería y un supermercado en Zulia dejaron una persona muerta y siete heridas, en un hecho en el que, según las autoridades, estuvo involucrada una banda dedicada a extorsionar comercios en la región.
Para combatir estos delitos, el economista Jesús Palacios considera que el Estado debe aplicar estrategias de mano dura, con reglas fuertes y sanciones. Por su parte, Mercedes de Freitas hace un llamado a actuar rápidamente para proteger a las personas que viven en áreas controladas por grupos irregulares y evitar que tengan un control descarado del territorio. Destaca la importancia de la voluntad para tomar medidas efectivas.
Recientemente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó una operación en el parque nacional Yapacana, en la región amazónica, expulsando a unas 14.000 personas señaladas como «mineros ilegales». Esta operación permitió desmantelar 27 ciudadelas construidas en el territorio y capturar a 51 miembros de bandas criminales que operaban en la zona, según el Gobierno.
El informe de Transparencia Venezuela destaca el aumento significativo de la explotación y comercialización de oro en el país, donde grupos criminales tienen el control de áreas y cobran a los mineros entre un 10% y un 30%, o más, de lo que extraen. Además, los cuerpos de seguridad han llevado a cabo numerosas operaciones contra el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, según informaciones oficiales publicadas en las redes sociales.