La Amazonia se enfrenta a una crisis sin precedentes que amenaza con convertirse en un boomerang para el gobierno de Lula. A pesar de ser el tema central de los discursos oficiales del presidente en el extranjero y de sus promesas de reducir la deforestación a cero, la región ha experimentado un aumento alarmante de incendios este año. En septiembre, se registraron 6,991 incendios, la segunda cifra más alta desde 1998, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). Además, la región también está sufriendo una sequía devastadora que está afectando tanto a la flora y fauna como a la población local.
Aunque los datos oficiales sobre la tasa de deforestación aún no se han revelado, se espera que sean igualmente preocupantes. Mientras tanto, la sequía, que se ve agravada por el fenómeno de El Niño y el calentamiento del Atlántico Norte tropical, está empeorando la situación en la Amazonia. La falta de lluvia ha llevado a una reducción de los niveles de agua en los ríos, lo que ha provocado escasez de alimentos, combustible, energía y agua potable en algunas comunidades indígenas. El estado de Amazonas ha declarado el estado de emergencia y más de 50 municipios se encuentran en situación de emergencia, incluida la capital, Manaus.
En medio de esta crisis, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) ha otorgado a la petrolera nacional Petrobras la autorización para buscar petróleo en el Margen Ecuatorial brasileño, frente a las costas de Río Grande del Norte. Esta decisión ha generado controversia ya que existe el temor de que se abra la puerta a perforaciones en aguas de la Amazonia. Sin embargo, el Ministro de Minas y Energía ha destacado los posibles beneficios económicos y sociales que la exploración petrolera podría traer a la región.
El gobierno también ha sido objeto de críticas por debilitar las competencias de la Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, lo que podría afectar negativamente a las políticas medioambientales en la Amazonia. Además, un escándalo reciente ha salpicado los créditos de carbono de la región, con denuncias de que empresas brasileñas y extranjeras han utilizado tierras públicas sin autorización para obtener beneficios irregulares con la venta de estos créditos.
En medio de esta situación, el Senado brasileño ha aprobado un proyecto de ley para regular el mercado de créditos de carbono, pero ha excluido al sector agrícola, que es responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Esto ha generado críticas y dudas sobre la efectividad del proyecto de ley.
En resumen, la Amazonia está enfrentando una crisis ambiental y social sin precedentes. La deforestación, los incendios, la sequía y las decisiones controvertidas del gobierno están poniendo en peligro la región y tienen el potencial de tener un impacto negativo en la imagen de Brasil y en importantes proyectos medioambientales. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para proteger y preservar la Amazonia y su invaluable biodiversidad.