El presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), Jesús María Casal, junto con la vicepresidenta, Mildred Camero, y el miembro suplente Roberto Abdul-Hadi, comparecerán ante la Fiscalía este lunes para responder a las acusaciones de fraude en las elecciones opositoras que tuvieron lugar hace ocho días.
Además de los miembros principales de la CNP, varios jefes de juntas regionales también deberán comparecer ante investigadores especializados en lavado de dinero.
El domingo por la noche, la CNP emitió un comunicado en el que pidió a la ciudadanía que evite acompañar a sus miembros a la citación y que se mantengan en sus hogares o lugares de trabajo mientras ellos atienden los llamados de las instituciones públicas.
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció la apertura de esta investigación la semana pasada, en respuesta a las denuncias realizadas por el Parlamento, controlado por el chavismo, y varios dirigentes oficialistas, que afirmaban que el número de participantes en las primarias, casi 2,5 millones de personas, había sido inflado.
Dos días después, Saab publicó en su cuenta de Twitter las citaciones de Casal, Camero y Abdul-Hadi en calidad de «investigados». También dejó claro que los 24 jefes de las juntas regionales que organizaron las votaciones de manera autogestionada serían citados.
Posteriormente, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) mostró en las redes sociales las citaciones de varios miembros de las juntas regionales de la CNP en estados como Mérida, Lara y Anzoátegui.
Según la Fiscalía, en el evento del 22 de octubre se cometieron al menos cuatro delitos: usurpación de funciones, usurpación de identidad utilizando nombres de personas que no votaron, lavado de dinero al desconocer la procedencia de los fondos utilizados en la contienda, y asociación para delinquir.
Por otro lado, los participantes en las primarias, las ONG locales, los activistas y los miembros de la sociedad civil han condenado la «criminalización» de estas elecciones internas y de sus organizadores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también se han sumado a esta postura y han pedido al Estado venezolano que no criminalice las iniciativas de participación ciudadana convocadas por la oposición.