Ministerio Público citó también a varios organizadores regionales de las primarias

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La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) de Venezuela anunció el domingo que también se citó a miembros de las juntas regionales que organizaron las primarias de la oposición, que tuvieron lugar hace una semana, para declarar ante la Fiscalía, después de que se conociera la convocatoria de otros tres directivos de la instancia que organizó las elecciones.

«Mañana, 30 de octubre, ciudadanos que desempeñaron un papel fundamental en la organización de las primarias cívicas de los partidos de oposición serán citados por la Fiscalía en diferentes partes de Venezuela», dijo la ONG en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

En su publicación, Fundehullan mostró las citaciones recibidas por Ana Luzmila Trujillo y Argeno Prat, dos miembros de la junta regional de Mérida (oeste), que depende de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), quienes deberán presentarse en la sede regional del Ministerio Público (MP/Fiscalía) el lunes 30 de octubre.

En mensajes anteriores, la ONG también mostró las citaciones enviadas al vicepresidente de la junta regional en Anzoátegui (este), Akram Boufakredine, y a los miembros de esta instancia en Lara (oeste), Nelly Cuenca de Ramírez y Luis Rodríguez López, quienes también fueron convocados a comparecer el lunes.

El viernes, el fiscal general, Tarek William Saab, publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) las citaciones en calidad de «investigados» de Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Adbul-Hadi, presidente, vicepresidenta y miembro suplente de la CNP, respectivamente.

La citación se hizo pública después de que el miércoles la Fiscalía anunciara la apertura de una investigación contra la CNP, en respuesta a las denuncias realizadas por el Parlamento, controlado por el chavismo, y varios dirigentes oficialistas, que afirmaban que el número de participantes, que ascendía a casi 2,5 millones de personas, había sido inflado.

Mientras tanto, varias ONG, activistas, organizaciones políticas y miembros de la sociedad civil se han manifestado en contra de la «criminalización» de los organizadores de las primarias y les han reafirmado su apoyo.