Durante la segunda audiencia convocada por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) el miércoles 8 de noviembre, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro admitieron que la mayoría de los casos presentados ante el tribunal de La Haya siguen abiertos y sin condena.
En respuesta al recurso presentado por el Estado venezolano en contra de la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al fiscal Karim Khan a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza preguntó a los representantes del gobierno de Maduro sobre el estado de los 124 incidentes presentados ante el tribunal.
El abogado Aitor Martinez Jimenez informó que la mayoría de los casos se encuentran en fase de investigación, con 166 funcionarios públicos identificados como posibles responsables. Además, hay algunos casos en fase intermedia, de juicio y condenas, sumando un total de 14 funcionarios públicos condenados.
Por su parte, el abogado británico Ben Emmerson, que representa a Maduro, admitió que ninguno de los casos ha sido cerrado o concluido, y que las investigaciones continúan. También señaló que algunos sospechosos han sido identificados, mientras que en otros casos la investigación aún no ha llegado a ese nivel.
La Fiscalía de la CPI, por otro lado, destacó que en 47 de los 62 casos no se han identificado a los perpetradores, y que la mayoría de los casos se encuentran en la fase preparatoria, sin una acusación formal. Además, en 21 casos la Fiscalía consideró que la caracterización jurídica era inadecuada.
En cuanto a la diferencia entre los crímenes investigados por la CPI y los crímenes cubiertos por la justicia venezolana, Emmerson argumentó que los Estados no están obligados a investigar la misma conducta que la Fiscalía de la CPI. Sin embargo, un representante de la Fiscalía señaló que es necesario que los Estados demuestren que investigan los mismos tipos de conducta para que sea adecuada y se pueda determinar la responsabilidad penal y el alcance del daño.
Además, la Fiscalía afirmó que en Venezuela no se han investigado los elementos factuales de los crímenes de lesa humanidad. También se mencionó que en los casos presentados ante la CPI se han procesado a los autores directos o de bajo nivel, pero no a la cadena de mando.
El juez Marc Perrin de Brichambaut cuestionó por qué Venezuela no ha incorporado en su legislación nacional la calificación de los crímenes de lesa humanidad que investiga la CPI. Emmerson respondió que la nación no está obligada a hacerlo.
En relación a los crímenes sexuales y de género, la Fiscalía de la CPI informó que identificó más de 100 casos y los notificó al Estado venezolano. Sin embargo, la información suministrada por el régimen indicaba que solo había un caso de violación, no clasificado como delito sexual en el procedimiento nacional, sino como tratamiento cruel. La Fiscalía resaltó la importancia de la denominación de los crímenes y cómo esto puede afectar la investigación.
En resumen, la segunda audiencia de la CPI reveló que la mayoría de los casos presentados contra el gobierno de Maduro siguen abiertos y sin condena. Aunque se han identificado algunos sospechosos y se han logrado algunas condenas, la investigación continúa y aún hay muchos perpetradores por identificar. Además, persisten diferencias entre los crímenes investigados por la CPI y los crímenes cubiertos por la justicia venezolana.