En un desarrollo significativo, diversos grupos de ciudadanos venezolanos estuvieron presentes en las audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional que se celebraron los días 7 y 8 de noviembre. Según informes, la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Además, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional concluyó que Venezuela no está llevando a cabo investigaciones adecuadas sobre actos criminales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Estos eventos son considerados señales alentadoras de un avance positivo en el sistema de justicia internacional, que busca responsabilizar a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
Entre los asistentes a esta crucial audiencia se encontraba el destacado abogado William Jiménez, quien representó al grupo denominado la Comisión Masónica Internacional de Derechos Humanos. La presencia de estos compatriotas en un evento de tal relevancia subraya la importancia de su apoyo y participación en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas.
El caso de la conexión de Oscar Pérez con la masonería es un tema en el que se ha proporcionado suficiente evidencia para contribuir a la búsqueda de la verdad y la justicia. Se han presentado testimonios de testigos ante la Fiscalía de la CPI, se han publicado sus historias y se ha compartido personalmente lo que se sabe y se ha presenciado. Todo ha sido expresado, debidamente documentado y enviado a quienes deben recibirlo.
En mi publicación anterior sobre este tema, explicamos cómo la masonería en Venezuela quedó involucrada en el caso de Óscar Pérez después de una supuesta declaración realizada por Fernando Delgado durante su comparecencia ante un tribunal militar. Sin embargo, las autoridades han utilizado estas acusaciones para perseguir a masones y han encubierto la persecución a través de alteraciones legales.
El régimen ha sido cauteloso al no calificar a la masonería como un delito, pero ha enmarcado sus acusaciones y decisiones judiciales de tal manera que, en lugar de condenar o perseguir a alguien por ser miembro de una logia donde estuvo presente Óscar Pérez, le imputan cargos de delitos militares arbitrarios. Sin embargo, en la realidad, estas acciones se toman debido a su afiliación a la logia o su asociación con Pérez.
El régimen ha sido hábil en su estrategia, ya que mientras perseguía a masones, también ha utilizado a otros masones dentro de las logias que son partidarios o funcionarios del régimen para que colaboren y ayuden a borrar evidencias de su presencia y a negar la existencia de estas persecuciones.
Desde la Comisión Masónica Internacional de Derechos Humanos se ha proporcionado información detallada a la Corte Penal Internacional sobre varios aspectos relacionados con la persecución de los masones en Venezuela. Estos elementos son suficientes para considerar el caso de la masonería en Venezuela como un asunto de extrema gravedad en lo que respecta a las violaciones de derechos humanos cometidas por Maduro.
Es probable que muchos de los crímenes cometidos contra masones podrían haberse evitado si se hubieran denunciado las irregularidades y los perpetradores a tiempo. El silencio y la falta de testimonios han contribuido a la perpetuación de nuevos crímenes contra masones.
Es importante recordar que las leyes en todos los países democráticos abordan el silencio de testigos de crímenes de manera específica. En el caso de España, la ley establece la obligación de denunciar en dos situaciones: cuando se ha presenciado personalmente la comisión de un delito público y cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito público debido al cargo, profesión u oficio desempeñado.
El régimen de Maduro no ha cesado en su persecución de masones, y se han reportado la presencia de funcionarios de la Dgcim en las logias para vigilarlas. Toda esta terrible pesadilla con Maduro dentro de la masonería podría haberse evitado si se hubieran seguido los procedimientos legales adecuados y se hubieran denunciado los crímenes de forma institucional por parte de la Gran Logia de Venezuela.
En conclusión, es necesario seguir luchando por la justicia y la rendición de cuentas en Venezuela. La presencia de ciudadanos venezolanos en las audiencias de la CPI es un paso importante en esta dirección. Esperamos que estas acciones conduzcan a un mayor reconocimiento de los crímenes cometidos por el régimen de Maduro y a una mayor responsabilidad por parte de la comunidad internacional.
ESA CPI NO SIRVE , ES OTRO ELEFANTE BLANCO COMO LA ONU, OEA, UNESCO, TODAS ESAS ORGANIZACIONES
LO QUE HACEN ES DARSE VIDA EN REUNIONES SIN SENTIDO , PORQUE NO HACEN NADA
LO QUE PASA QUE ESA GENTE LE ESTA PAGANDA HA UN ABOGADO RUSO PARA QUE LOS DEFIENDA, DE LAS BARBARIES QUE HAN COMETIDO ESE GENTE LOCA
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