La sociedad civil en Venezuela ha denunciado una creciente ola de persecución política en el país y ha exigido que se cumpla el acuerdo firmado en Barbados para liberar a los presos políticos. Este es el caso de Alcides Bracho, profesor y dirigente sindical, quien ha estado detenido desde julio de 2022 y fue sentenciado a 16 años de prisión por conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. La falta de pruebas en su caso ha sido denunciada por sus abogados y familiares, y organizaciones como la ACNUDH han expresado su preocupación por la criminalización de los activistas.
En respuesta a esta situación, los familiares de los presos políticos se han reunido en una concentración en Caracas, donde han pedido el cierre de los «centros de tortura» y han mostrado su tristeza por pasar las festividades sin sus seres queridos. Martha Tineo, coordinadora general de Justicia Encuentro y Perdón (JEP), ha destacado la importancia de la sensibilidad y la conciencia para lograr la liberación de los presos políticos.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Emirlendris Benítez Rosales, una comerciante detenida desde agosto de 2018 por supuestamente estar vinculada a un intento de magnicidio contra Maduro. Su hermana, Melania Leal Rosales, ha denunciado que ha sufrido torturas y que es inocente. Además, ha señalado las dificultades para visitarla debido a la situación económica y social del país.
A pesar de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, en las que participa Estados Unidos, los familiares de los presos políticos no ven avances concretos. El subsecretario de Estado de EE.UU., Brian Nichols, ha advertido que suspenderán la flexibilización de sanciones si no se cumple con los compromisos adquiridos en Barbados, incluyendo la liberación de los presos políticos venezolanos.
En las últimas horas, se ha denunciado el inicio de una nueva ola de persecución política en Venezuela. El gobierno ha emitido órdenes de arresto contra 14 personas, incluyendo a colaboradores cercanos de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado. Estas acciones han sido señaladas como una evidencia de que el gobierno no cumple con los acuerdos de Barbados.
El informe más reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha concluido que en el país continúan las violaciones a los derechos humanos y se intensifican los ataques contra el espacio cívico y democrático. Esto incluye políticas de Estado dirigidas a silenciar a quienes se oponen al gobierno.
En resumen, la sociedad civil venezolana denuncia una creciente persecución política y exige la liberación de los presos políticos. A pesar de las negociaciones y los acuerdos internacionales, los familiares de los presos políticos no ven avances concretos y denuncian la falta de sensibilidad y conciencia por parte del gobierno. La situación en Venezuela continúa siendo preocupante, con violaciones a los derechos humanos y ataques contra la oposición política.