El pasado 3 de diciembre, el régimen de Maduro llevó a cabo un referéndum sobre el Esequibo, cuyas medidas relacionadas con sus supuestos «resultados» han tenido importantes implicaciones tanto a nivel interno como internacional. Esta iniciativa perversa busca desconocer y enfrentar los resultados del 22 de octubre, donde se confirmó el liderazgo político a nivel nacional de Maria Corina Machado.
Sin embargo, el referéndum resultó ser un fracaso evidente para todos, incluyendo al régimen. Como respuesta, se ha desatado una persecución contra políticos opositores, principalmente aquellos vinculados al comando de campaña de la candidata de la oposición, quienes enfrentan cargos insólitos como traición a la patria, lavado de capitales y asociación para delinquir. Esta política represiva contradice los acuerdos de Barbados, que parecen haber sido olvidados por los países garantes.
A nivel internacional, el referéndum ha generado un impacto negativo que trasciende lo diplomático. El asunto ha llegado al Consejo de Seguridad y a los organismos regionales, especialmente en el marco de la Celac, donde se vislumbra un espacio de mediación para resolver la crisis provocada por las últimas decisiones y acciones del régimen de Nicolás Maduro.
Guyana ha llevado la situación al Consejo de Seguridad argumentando una amenaza a su integridad territorial y soberanía, especialmente con la creación del estado de Guayana Esequiba, lo que pone en peligro la paz y seguridad regionales. El Consejo se reunió en el marco del Capítulo VII de la Carta, relacionado con la ruptura de la paz, las amenazas y el uso de la fuerza y la agresión, pero aún no se conocen los resultados de dicha reunión.
Es cierto que Guyana ha irrespetado sus compromisos con Venezuela, de conformidad con el Acuerdo de 1966, en particular el artículo V del mismo. Sin embargo, la respuesta de Venezuela debió haberse enmarcado dentro del derecho internacional, presentando protestas formales previstas en el ordenamiento internacional y solicitando a la Corte medidas provisionales o cautelares que garanticen el pleno respeto del Acuerdo de Ginebra, lo cual lamentablemente no se hizo en ningún momento.
En medio de un ambiente cada vez más confrontacional, se anuncia una reunión en la que los presidentes de San Vincent y Granadinas, Ralph Gonsalves, y de Brasil, Lula da Silva, actuarán como mediadores. Sin embargo, se ha adelantado que no se abordará la controversia territorial actualmente en la Corte Internacional de Justicia, en la cual Guyana sostiene que debe permanecer.
Probablemente, la negociación se centrará en el estricto cumplimiento de la Ordenanza del 1º de diciembre de la CIJ, que prohíbe a ambas partes llevar a cabo cualquier acto que pueda afectar el proceso y los derechos de la otra parte, así como el respeto a la integridad territorial y soberanía de ambos Estados y al Acuerdo de Ginebra, que es el marco procesal siempre vigente para la solución de la controversia.
Independientemente de la decisión que se tome en San Vincent, el proceso ante la Corte continuará y Venezuela deberá comparecer de manera seria y presentar argumentos jurídicos e históricos que respalden nuestra posición sobre la nulidad del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 y nuestra titularidad jurídica sobre el territorio Esequibo.