El Observatorio de Prisiones ha alertado sobre la liberación de 20.000 presos en Venezuela, una medida anunciada por el Ministerio de Interior y Justicia a finales de 2023. Sin embargo, esta decisión ha sido rodeada de opacidad y falta de transparencia por parte del régimen y los organismos encargados de la administración penitenciaria.
Según el comunicado emitido por la organización, no se dispone de información precisa sobre la liberación de estos 20.000 presos. No se ha especificado en qué estados se ha llevado a cabo esta medida y mucho menos se ha informado sobre la cantidad de personas que aún permanecen privadas de libertad en los centros policiales.
Además, el Observatorio denuncia que las liberaciones están siendo realizadas de manera arbitraria, violando así los derechos fundamentales de los presos. Según las denuncias recibidas, a los beneficiados se les obliga a renunciar a su defensa privada, siendo asignados un defensor público en su lugar. En muchos casos, se ejerce presión sobre los reclusos para que admitan delitos, dejándolos sin derecho a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada.
El OVP también destaca que las órdenes de liberación emitidas por gobernadores y parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en 2020 contribuyen a la confusión legal y la inseguridad jurídica de los presos. Según el Observatorio, la libertad de un preso solo debe ser otorgada por mandato de un tribunal.
Además de las preocupaciones relacionadas con las liberaciones, el Observatorio resalta las condiciones inhumanas y degradantes en los calabozos policiales, donde persiste el hacinamiento y la falta de condiciones básicas. Los reclusos carecen de acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, atención médica y visitas familiares, entre otras deficiencias.
Ante esta situación, el Observatorio hace un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que aborden estas violaciones de los derechos humanos y garanticen condiciones dignas y justas para todos los presos en el país. Estas denuncias resaltan la necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario en Venezuela, así como la urgencia de proteger los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad.