Una vez más, Estados Unidos ha expresado su oposición al régimen de Nicaragua debido a dos episodios recientes de gran importancia. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, lamentó que el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, hayan intensificado sus esfuerzos por «silenciar las voces del pueblo nicaragüense» desde la expulsión masiva de 222 presos políticos hace un año. Miller instó a respetar los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos y destacó las múltiples sanciones impuestas por Washington a funcionarios del gobierno de Managua vinculados a la expulsión de opositores y a la persecución de voces disidentes en el país.
Por otro lado, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, criticó la reciente decisión de Ortega de otorgar asilo político al ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Nichols argumentó que esta acción socava el Estado de Derecho y perjudica el correcto funcionamiento de la justicia. Martinelli solicitó asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá después de ser condenado a más de 10 años de prisión y a pagar una multa millonaria por blanqueo de capitales. El ex presidente alega que es perseguido políticamente y que su vida y seguridad están en peligro en su país.
La decisión de Nicaragua de otorgar asilo a Martinelli se basa en las convenciones internacionales sobre asilo político y humanitario. La Cancillería nicaragüense emitió un comunicado en el que afirmó que el país está dispuesto a proteger a todas las personas sin importar su nacionalidad. Además, solicitó al gobierno de Panamá que facilite la salida y el traslado del ex presidente hacia Nicaragua.
Con esta acción, Martinelli se une a otros ex presidentes latinoamericanos que han solicitado asilo en Nicaragua debido a casos de corrupción en sus respectivos países. Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ex presidentes de El Salvador, también han buscado refugio en Nicaragua.
Estados Unidos continúa expresando su preocupación por la situación en Nicaragua y tomando medidas enérgicas contra el régimen de Ortega. La comunidad internacional también está atenta a los acontecimientos en el país y espera que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses.