Amnistía Internacional (AI) ha instado a la liberación «inmediata e incondicional» de Rocío San Miguel, una destacada activista y defensora de los derechos humanos en Venezuela. San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el pasado viernes y su paradero se desconoce, según denuncias de organizaciones no gubernamentales del país.
En un comunicado en la red social X, Amnistía Internacional ha afirmado estar monitoreando las denuncias de desaparición forzada de San Miguel y ha solicitado el respeto de sus derechos y de las medidas cautelares de protección dictadas a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012. Además, han exigido acceso a abogados y familiares para la activista.
Varias ONG locales y partidos políticos opositores también han exigido la liberación de San Miguel. El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, ha exigido al fiscal general y al defensor del Pueblo información sobre el paradero de la activista y su liberación inmediata.
El Frente Amplio de Mujeres ha condenado enérgicamente la detención arbitraria y desaparición de San Miguel y ha exigido pruebas de vida de manera inmediata. Han alertado a la comunidad internacional sobre esta escalada de represión en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para este año.
La organización Un Mundo Sin Mordaza ha informado que han transcurrido 48 horas desde la desaparición de San Miguel. Según sus declaraciones, la activista fue detenida por un grupo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el aeropuerto internacional de Maiquetía, donde se disponía a tomar un vuelo con su hija.
San Miguel había informado recientemente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) había solicitado al Estado venezolano presentar un informe sobre el cumplimiento de una sentencia a favor de la activista y otras dos personas, quienes fueron despedidas de sus cargos públicos en 2004 después de firmar una convocatoria para un referéndum revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.
La situación de Rocío San Miguel es alarmante y refleja la continua violación de los derechos humanos en Venezuela. La comunidad internacional debe presionar para garantizar su liberación y poner fin a la represión en el país.